LA DECLARACIÓN DE SANTA, ARGENTINA Y SU RELACIÓN EL CON DERECHO A LA INFORMACIÓN

Por la trascendencia de la siguiente decisión, la transcribimos textualmente:

“La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunidas en Salta, Argentina, el 22 de octubre de 2018 aprobaron la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunidas en Salta, Argentina, el 22 de octubre de 2018 aprobaron la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

Sociedad Interamericana de Prensa

DECLARACIÓN DE SALTA

Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital

Preámbulo

La Declaración de Chapultepec constata la fe en la democracia y en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa como forma para alcanzar instituciones sólidas, desarrollo social, libertades públicas plenas y respeto a los demás derechos humanos.

El periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan. Son claves en la búsqueda de la verdad, en facilitar la cultura democrática y en empoderar a la ciudadanía para ejercer sus libertades y gozar del derecho a la información, como resalta la Carta de Aspiraciones de la SIP.

El desarrollo de internet y las tecnologías digitales profundizan un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de pensamiento, expresión y de prensa. Permiten compartir ideas, opiniones e información de modo multidireccional, interactivo e instantáneo y tener un mayor acceso a fuentes informativas.

El ecosistema digital ha generado nuevos espacios que empoderan a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Todo ello contribuye a alcanzar las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que la libertad de expresión se ejerza sin limitación de fronteras y exenta de amenazas y violencia.

No obstante el impacto positivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, las amenazas y los ataques a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados no han cesado. Los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación.

A estos abusos se suman desafíos en la era digital que también representan riesgos para las libertades de expresión y de prensa. Entre ellos, el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación, ataques cibernéticos de diverso origen, un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información y una preocupante brecha digital dentro de las sociedades y entre países.

Frente a los retos, quienes defendemos las libertades de expresión y de prensa, convencidos de que estas no son una concesión de las autoridades sino derechos inalienables de las personas y de que el acceso al internet es un principio fundamental, estamos llamados a proteger y promover el libre flujo de la información sin importar la plataforma por donde esta se propague.

Principios

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Deben considerarse los puntos de vista de todos los actores al adoptar decisiones sobre internet.

3. Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia.

4. Toda restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir, compartir o divulgar información e ideas en internet debe ser establecida por ley, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

5. El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

6. Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente.

7. Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso.

8. Las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado. También deben respetar el derecho de las personas al anonimato.

9. La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atentan contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. La protección de datos personales y a la privacidad de las personas son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público.

10. La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública. La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación.

11. Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas.

12. Los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información.

13. Los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder. Sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes. Asimismo, deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios. En todo caso, deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos.

Bajo esta Declaración de Principios y con el espíritu de la Declaración de Chapultepec, reafirmamos que la lucha por las libertades de expresión y de prensa es esencial para la democracia y el bien común: "Defenderlas día a día es honrar nuestra historia y dominar nuestro destino".

LAS MARCHAS ESTUDIANTILES Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El pasado miércoles 10 de octubre de 2018, se realizó la marcha estudiantil nacional para pedir al gobierno nacional más recursos económicos para poder cubrir las crecientes y urgentes necesidades de las universidades públicas. Estamos ante un asunto que es de inmensa trascendencia porque todos sabemos que cada año, son más los bachilleres que buscan un cupo para poder cursar su carrera profesional. Y la inmensa mayoría tienen que acudir a las universidades del Estado, principalmente por razones de orden económico.  También sabemos que un alto porcentaje de jóvenes aspirantes no alcanzan el anhelado cupo y quedan por fuera. Ahí surge el primer interrogante sobre qué hará esta nueva generación y qué le brinda el medio en que vivimos. Es un potencial muy grande de talentos que se quedan sin nada en sus manos.

Igualmente, sabemos que las universidades e instituciones públicas trabajan por crear nuevos programas y ofrecer oportunidades, pero estamos también ante una labor que demanda muchos recursos económicos y cada vez deben ser más, porque de lo contrario, los nuevos proyectos no podrán avanzar. En fin, mucho es lo que se puede decir sobre las necesidades que aumentan cada año para que el país pueda atender las aspiraciones de la juventud colombiana.

Ahora, frente a las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en todo el país, la semana que termina, son, asimismo, muchos los aspectos que se pueden analizar, desde las justas reclamaciones para que tales instituciones crezcan y ofrezcan oportunidades a nuestra alta cifra de jóvenes hasta el desarrollo mismo de las marchas. Y en ese aspecto es en el que queremos detenernos porque estamos ante un derecho fundamental relacionado con la libre movilización y  la libertad de expresión.

En Colombia y sin lugar a equivocarnos, un alto porcentaje de personas rechazan cualquier manifestación de violencia. Estamos hastiados de las noticias que tienen relación con un fenómeno que debería disminuir cada día y en todos los lugares y en todas las relaciones humanas. Porque no es nada nuevo decir que la violencia siempre generará más violencia, y lo que todos anhelados es un país, donde la gente pueda vivir con mayor tranquilidad.

Por lo anterior, esta es la ocasión para destacar el comportamiento pacífico, culto, argumentativo, respetuoso y podríamos agregar más calificativos sobre la conducta observada en las manifestaciones de los estudiantes en toda Colombia, y sobre todo, porque lo hacían en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y por otro derecho fundamental como es la educación. Igualmente, sobran las razones para insistir en la necesidad de ofrecer siempre y en más cantidad y calidad, cupos para la educación en todos los niveles. 

En síntesis, el ejemplo observado en estas movilizaciones nos estimulan para decir siempre que cuando hablamos, cuando protestamos, cuando pedimos, cuando rechazamos, cuando utilizamos la palabra, que ella sea el reflejo de contenidos sensatos, llenos de argumentos, expresados con mucha claridad, porque en la medida en que procedamos de esa manera, estamos aportando lo que nos corresponde para transformar, poco a poco este país, especialmente, porque ese es el ejemplo para las nuevas generaciones porque con seguridad si continuamos este sendero, los cambios se irán apreciando para la convivencia pacífica con la diferencia pero sin violencia.

   

WHATSAPP: GRAN MEDIO DE COMUNICACIÓN

Hace ya algunos años que nos beneficiamos del servicio de WHATSAPP y seguramente pocas veces nos hemos detenido a pensar en lo que es este gran servicio de comunicación que nos permite relacionarnos, sin costos, mediante la voz, los textos y las imágenes. En el caso de las llamadas gratis, sobre todo, las internacionales, constituyen un medio que pone en contacto a las personas desde distintos lugares sin costo alguno. Además, podemos decir que todas las actividades cotidianas tienen en este servicio, grandes beneficios. Precisamente, en estos días salió una sentencia de la Corte Constitucional que hace alusión a su uso en la vida laboral.

En esta oportunidad, queremos referirnos solamente a que por su uso, se puede establecer y mantener un contacto permanente entre los empleados de una empresa determinada para recibir instrucciones, reportar el desarrollo de trabajos y, en general, para estar en permanente comunicación porque son muchas las empresas que requieren de estar en contacto con quienes laboran en ellas. Por ejemplo, está el caso de los transportadores que a través de esta comunicación reportan el estado de las carreteras y de las novedades que ocurran en el viaje.

Igualmente, en el trabajo se tienen actividades que se realizan fuera de las empresas, como visitar clientes, recibir pedidos y enviarlos a la oficina central para que se atiendan los requerimientos. Es decir, el whatpp facilita que todos los trabajos, cuenten con este recurso.

Por tanto, vale la pena detenernos en el trabajo de los periodistas que, además de contar con otros recursos tecnológicos, también tienen en el whatsapp otro instrumento más para lograr el cumplimiento cabal de su tarea. 

Ahora un aspecto que no es extraño y a la vez es un riesgo en estos temas, es el respeto por la información personalísima, que está por fuera de la relación laboral. Aquí nos encontramos con un asunto que es de bastante interés y que siempre estará ligado al trabajo porque de todas maneras, también los seres humanos, por su propia naturaleza, tienen sus derechos conocidos como los de la personalidad, que los demás deben reconocer su existencia y respetarlos. Por tanto, desde un principio, debemos tener claridad en esas esferas individuales que a pesar de estar en cada ser, también tienen que estar fuera del conocimiento de los otros.

Por eso, en síntesis, tanto para el uso de whatsaap, como de las demás herramientas tecnológicas, es importante tener presente el respeto por los derechos de la personalidad, de manera que éstos, se mantengan al margen de los demás, como debe ser siempre en toda relación humana.

LA FUTURA LEY DE TELECOMUNICACIONES

La nueva ministra de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Sylvia Constaín, anunció que empieza el trámite de un proyecto de ley, que pretende actualizar la regulación en el amplio campo de las telecomunicaciones. Por el momento, sabemos sobre algunos aspectos de mayor trascendencia que corresponden a la creación de una única autoridad, lo que significa que se acaba la Autoridad Nacional de Televisión y muchas de sus competencias pasarán a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Por el momento, podemos decir que falta mucho más debate a esta propuesta, porque en áreas como la radiodifusión, que hoy comprende varias especificidades como la radio comercial, la radio comunitaria, la radio universitaria, aún es mucho lo que habría que considerar. Pasamos a la televisión, y también es bastante lo que hay para analizar, conocer experiencias, discutir iniciativas desde los otros campos, como la televisión privada, la televisión pública, la televisión comunitaria, y asuntos tan vitales como la financiación. Y seguimos con la telefonía, ahora tan amplia, con gran cobertura y con tanta capacidad para facilitar las comunicaciones en todos los niveles, fuera de otros usos. En fin, tendríamos que sentarnos a separar los vastos campos para luego, encontrar puntos comunes en las nuevas normas que deben estar a tono con la legislación internacional.

Ante este nuevo panorama, nuestra propuesta se sale de la urgencia del gobierno para sugerir que se abran mesas de discusión por temas y con amplia participación de personas e instituciones conocedores de la materia, y en todo el país, para recoger y luego evaluar las sugerencias, de manera que al final, se cuente con abundantes y pertinentes ideas, que permitan formular los proyectos de ley, los más claros, concretos y realistas, con el fin de alcanzar propuestas que de verdad satisfagan las actuales, inmediatas y futuras necesidades en todas las áreas de las telecomunicaciones, porque ellas, constituyen la revolución que transformando al mundo entero, por su presencia en todos los rincones de la geografía universal.    

Sabemos que es una propuesta que seguramente ni le darán la atención que merece, pero de todas maneras, contribuimos con lo mínimo que se puede esperar, como aporte para que se despierte el interés nacional por un asunto que a todos nos corresponde y por tanto, todos tenemos y deberíamos estar presentes y activos, porque Colombia requiere siempre de la vinculación de la sociedad al diálogo sobre los temas de interés general, y porque si no participamos es porque el gobierno no brinda las posibilidades, entonces estamos viviendo una democracia de papel, carente de sentido y con efectos negativos en la vida de toda una nación.

  

Son bastantes las personas, tanto naturales como jurídicas, las que deberían hacer parte de este proceso, que no debe empezar al revés. Es decir, primero, que haya la gran discusión nacional con amplia participación, antes de que los proyectos lleguen al órgano legislativo, donde debe haber también gran ilustración, de manera que, finalmente, tengamos las mejores leyes que sean posibles. 

LOS 70 AÑOS DE LAS DOS CADENAS RADIALES

Debemos afirmar con especial satisfacción que las dos cadenas radiales: RCN y CARACOL, están cumpliendo 70 años de actividad. Sobre este acontecimiento es mucho lo que se puede decir, desde distintos puntos de vista, porque sus aportes, son invaluables, como medio de comunicación instantáneo, que rompe barreras de distinto orden, como físicas, geográficas, intelectuales y de tiempo, por solo citar algunas. El impulso y desarrollo de las mismas ha estimulado el surgimiento de la radio local, regional y nacional, y en todos los casos, también son grandes las contribuciones a tantas comunidades aisladas entre sí y que solamente han tenido en este instrumento, el medio para enviar mensajes a sus seres queridos.

Igualmente, la programación variada de esta radio, ha permitido que los distintos mensajes que se difundan, hayan beneficiado, en general, a un pueblo ansioso de conocer asuntos tan importantes como las noticias. Igualmente, los demás programas de diferentes contenidos, también han constituido otros aportes permanentes para los oyentes que todos los días, han estado atentos a lo que dice la radio. Por eso, este corto espacio es insuficiente para hacer una balance del trabajo de estos 70 años y por reflejo, lo que han hecho las demás emisoras que, sin que sean competidoras, sí han jugado un papel esencial en la vida de los colombianos, en asuntos de vital trascendencia como la educación, en cuyo campo, destacamos la labor llevada a cabo por Radio Sutatenza, que en 1947 inició y tuvo por muchos años,  la misión de educar al campesino.

Otros campos, con mensajes específicos, como la religión, la música, el humor, la política, la medicina, la economía, los asuntos jurídicos, el tiempo, las reseñas bibliográficas y podríamos citar más, han llegado a las casas, al campo, al cafetal, a las fábricas, a los pueblos, a las ciudades y a los lugares más apartados, para que los oyentes tengan al alcance un  instrumento que les proporcione bastante información, que siempre ha sido de provecho.

Todo lo que acabamos de decir, se aplica a las dos cadenas que, orgullosamente, celebran tantos años de estar al servicio del pueblo colombiano, y todos los días, con más renovación humana y tecnológica, han mantenido este compromiso que, para nuestro sistema de comunicaciones, será siempre de vital importancia. Por eso, y para terminar, es necesario manifestar que, desde la perspectiva del derecho a la información, es una ocasión propicia para, además de felicitar a sus fundadores, a quienes han trabajado y actualmente laboran, y desearles que cada día trabajen con creciente entusiasmo por una sociedad que siempre admirará y agradecerá el papel tan trascendental de la radiofusión, que jamás será superada por otros medios de comunicación.    

     

 

 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA CONSULTA SOBRE CORRUPCIÓN

El domingo 26 de agosto de 2018 será un día histórico en Colombia, porque por primera vez, tuvo lugar la aplicación de un mecanismo de participación ciudadana, consistente en la consulta sobre la corrupción, mal que desde hace muchos años nos afecta en toda Colombia, lo mismo que en el mundo entero. Tal acontecimiento tiene relación con muchos otros aspectos de la vida democrática, entre ellos, porque está ligado con m varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la información, que como hemos dicho varias veces se concreta en el pleno desarrollo del proceso informativo, dentro del cual, en esta oportunidad, destacamos el papel de los medios de comunicación, porque ellos han sido los encargados de difundir los diferentes mensajes provenientes de diversas fuentes.

Los mensajes, que también hacen parte del proceso informativo, en algunas ocasiones, según la procedencia, apoyaban esta consulta popular, mientras que otros, entre ellos, de algunos congresistas que antes lo respaldaban y ahora consideraban que era un gasto innecesario, con el argumento que mucha parte de su contenido, ya estaba establecido en otras leyes, o hacían partes de proyectos de ley que estaban radicados en el congreso. Además de lo costoso que era.

Sin embargo, no es suficiente con tener normas si éstas carecen de medios eficaces para su aplicación. En otras palabras, las leyes solas no resuelven los problemas. Las mismas requieren de instrumentos idóneos para que aquellos mandatos que contienen se puedan cumplir a cabalidad. De lo contrario, es predicar en el desierto.

En nuestro caso, se debe destacar un asunto de fondo, que consiste en que más de once millones de votantes acudieron a la convocatoria y enviaron un mensaje muy claro y muy contundente al actual gobierno: es imperativo luchar contra la corrupción en todos los campos y sancionar drásticamente a quienes sean responsables. Con mayor razón, el actual gobierno tiene una campaña que tiene que cumplir. Por eso, dice: El que la hace, la paga. Y debe ser sin contemplaciones. Y con sanciones severas y también con medios adecuados para recuperar los dineros públicos de los que se hayan apropiado.

Por todo lo anterior, saludamos con especial entusiasmo los resultados de la consulta contra la corrupción, con la esperanza de que pronto habrá leyes severas para combatir a los corruptos, y que por tanto, poco a poco, recobremos la confianza en las instituciones del Estado, para que entre todos, luchemos por la transparencia en todas las actividades del gobierno, en todos los  niveles.

"¨La ´youtuber´que intentó censurar a El Espectador"

Este es el titular del editorial del periódico El Espectador del sábado 18 de agosto de 2018, página 23.

Los apartes que originan el presente comentario, dicen: "CAMBIAN LAS GENERACIONES, pero los métodos de silenciar e intimidar a la prensa libre siguen siendo los mismos. Un juzgado de la República evitó el intento de Érika Nieto Márquez, más conocida como Kika Nieto (una famosa youtuber colombiana), por borrar de la red una opinión que, por ser crítica, la incomodaba profundamente. (...)

En el caso de Nieto, su problema fue con un video de Las Igualdadas, una videocolumna de El Espectador que se especializa en temas de género. En él se interpretan unas declaraciones emitidas por la youtuber Nieto como síntoma de una realidad que las minorías colombianas enfrentan en general: la dictadura de la "tolerancia", esa que argumenta que la diferencia, aunque intrínsicamente mala, debe ser "soportada", mas  no respetada, mucho menos celebrada. Esa es otra forma de discriminación que causa terribles consecuencias en cientos de miles de jóvenes que deben esconder su orientación sexual, o su identidad de género, por el temor a ser marginados". 

Hasta allí la cita, para celebrar la decisión del "juez de la República que negó la petición de la joven youtuber y reiteró que en Colombia es mejor país cuando se permiten las críticas sin ningún tipo de temor y que los discursos se contrarrestan con otros discursos, no con amenazas judiciales".

Las anteriores reflexiones nos permiten unir dos temas que siempre han estado presentes pero pocas veces se han examinado en forma integrada, seria y profunda. Nos refererimos a la censura y tras ésta, a la censura provocada por decisiones judiciales. Recordemos al respecto que el artículo 20 de la Constitución Política es muy claro al garantizar que en Colombia no habrá censura. Por consiguiente, esa censura no puede originarse en nadie, y menos en quienes administran justicia. Porque ligado a la anterior disposición, también es muy clara nuestra Carta Magna, al establecer la responsabilidad legal por las acciones y omisiones de todas las personas y de las autoridades.

En consecuencia, por las publicaciones o las afrmaciones que se hagan en cualquier medio, desde los más limitados como una conversación o una conferencia, hasta los que se hagan por medios de comunicación de mayor cobertura, sean locales, regionales o nacionales, quien habla, sabe que debe responder por lo que dice, sin importar lo que contienen sus palabras, ni las personas a las que se refiera, porque se parte del principio de que está actuando conscientemente, y que por ello, todo lo que expresa, implica tener pleno conocimiento de que se trata de verdades y no de meras suposiciones o el relato de mensajes callejeros. 

 

En caso de que se pueda probar que se han dicho mentiras o verdades a medias, o datos sin confirmar, quien lo hizo, está en el deber moral y legal de rectificar y hasta de asumir las consecuencias jurídicas y patrimoniales de los perjuicios que haya causado.  ¿Por qué razones? Porque partimos de que, como en Colombia no existe la censura, entendida en el sentido de que para poder decir o publicar se requiere la autorización de otro, y que, por tanto, quien habla o escribe, también sabe que tiene que responder, en el sentido amplio de la palabra, tan trascendental garantía tiene como contrapeso, el ser cuidadoso para evitar tener que asumir las consecuencias de actos irresponsables.

Por lo anterior, nos quejamos de que algunas veces, también algunos jueces, sin profundizar en el análisis de una situación concreta, toman decisiones que constituyen verdades censuras juridiciales, en lugar de proteger la garantía constitucional para que los periodistas cumplan a cabalidad la tarea de informar de manera adecuada y como debe ser a la sociedad. Es un asunto que amerita una discusión más amplia y con casos concretos para alcanzar la máxima ilustración. Quedamos pendientes.