La revista Semana, # 1485, páginas 34 a 35, trae un interés análisis sobre los delitos que atentan contra el patrimonio moral de una persona: injuria y calumnia. El código penal, los define con precisión:
"Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
Se trata de un tema que requiere de un examen más detallado. Por eso, primero, es necesario explicar con claridad en qué consiste cada figura. Después, trasladarlo al campo de los medios de comunicación. Y, es en este escenario, donde precisamente, con mayor frecuencia, últimamente, los titulares nos traen, como noticias, los anuncios de que se avecinan varios procesos, bien sea, porque se averiguará a un periodista determinado por lo que dijo o escribió; o, porque la persona contra quien se hace una denuncia, asegura que acudirá a las autoridades para pedir una investigación por alguno de los dos delitos antes mencionados.
La revista Semana se refiere a estos casos: Salud Hernández vs. Jaime Arruba; Claudia López vs. Ernesto Samper; Rodrigo Lara vs. Álvaro Uribe; José Obdulio Gaviria y Francisco Santos vs. Sindicalistas; "Mata Hari" vs. Felipe Muñoz; César Julio Valencia vs. Álvaro Uribe; Coronell, Ospina y Dávila vs. José Obdulio Gaviria; y Jaime Lombana vs. Álvaro Dávila. Por lo anterior, estaremos pendientes del desarrollo de estas confrontaciones a ver en qué terminan.
Y, la semana, que termina, nos trae varios protagonistas, todos, relacionados con los asuntos de los contratos del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Díaz, quien anunció una rueda de prensa, pero se limitó a decir que estaba cansado de todo lo que han dicho de él, de su señora madre, de su cónyuge y de su hermano Iván. En síntesis él también va a denunciar por los posibles delitos de injuria y calumnia, y quienes están en la otra parte, también afirman que harán lo mismo.
En otras palabras, los delitos mencionados, cuya consumación constituye grave atentado contra varios derechos fundamentales que tienen relación con los derechos de la personalidad, entre ellos, la dignidad, el buen nombre y el honor, y que hacen parte del patrimonio moral de cada ser humano, están presentes en las distintas controversias en las que están involucrados altos empleados del Estado. Y, un aspecto que es un común denominador, consiste en que, en lugar de que haya un debate público, que aclarare los rumores, lo que hacen los protagonistas es evadir las explicaciones que deben a la sociedad sobre sus actuaciones y, por tanto, crean más confusión.
Por todo lo anterior, ahora, deberán periodistas y medios de comunicación, asumir una actitud de exigencia a dichas personas para que, en lugar de sus declaraciones vagas, vayan al grano y precisen sus comportamientos y refuten cada uno de los cargos que se les formulen y no se limiten a decir que harán las denuncias ante las autoridades competentes para que investiguen a sus contradictores.
La sociedad reclama, como su derecho esencial, informarse, pero de verdad, sobre los asuntos de interés público que se difunden en los medios de comunicación y que, en la mayoría de las veces, como sucede en la actualidad, se limitan a decir que se pedirán investigaciones sin hacer las aclaraciones que reclamamos todas las personas interesadas en saber qué pasa y qué hacen las autoridades que, como nuestros mandatarios, no cumplen sus deberes legales.
lunes, 25 de octubre de 2010
martes, 12 de octubre de 2010
La campaña electoral de 2011
En Colombia, como es ya una tradición, con mucha anticipación a las elecciones, empieza el proceso de "dar a conocer" o hacer "el mercadeo de los candidatos". En otras palabras, son los medios de comunicación, los instrumentos a través de los cuales, los aspirantes a los cargos de representación popular: gobernador, diputado, alcalde y concejal, informan a la comunidad sobre sus aspiraciones, comunican los equipos de trabajo que los acompañan y hacen las propuestas de gestión. Y, en seguida, inician los recorridos por municipios, veredas y barrios, para atraer a los electores. Se trata de un proceso bastante interesante, para que mediante, el uso de todos los recursos de la palabra, se llegue hasta el mayor número de personas, mediante un contacto, en la mayoría de las veces, personal, para convencer al votante.
Dicho proceso tiene varios componentes. El primero, es obviamente, el relacionado con las estrategias de comunicación. Entran en juego, los publicistas, los periodistas, los comunicadores, los fotógrafos, los diseñadores, los maestros de ceremonia y, seguramente, los consejeros y asesores de imagen. En esencia, tienen que saber llegar a las personas, no a las masas. Tienen que llamar la atención, motivar, convencer y mantener el interés del ciudadano que es contactado.
Otro componente esencial, que se desprende del anterior, es el político, es decir, explicar las razones que justifican la participación en el proceso electoral. Tendrá que hablarse de ciudadano y todo el contenido de este concepto. De los derechos que tiene frente al gobernante, de los deberes que éste asume frente, no sólo ante quienes eligen, sino ante toda la comunidad, de los medios de control del gobernante por parte de otras autoridades y de la misma sociedad, de su deber de rendir cuentas, de su comunicación y contacto permanente con la sociedad. En fin, son muchos los aspectos para tener en cuenta.
Y así, podrían sumarse otros tópicos que guardan relación con el proceso informativo y electoral. Por tanto, esta oportunidad se constituye en una reflexión anticipada que nos corresponde a todos: profesionales del periodismo y de las comunicaciones, directores de medios de comunicación, ciudadanos y autoridades. Todos, debemos detenernos a pensar sobre nuestro vínculo con este acontecimiento que también tiene mucho que ver con la cultura política, porque, por naturaleza somos "animales políticos" en el buen sentido de la palabra. Por eso, vivimos en sociedad, con reglas de juego claras a las que nos atenemos en las actividades cotidianas y son el marco de referencia para la convivencia civilizada, pacífica, deliberante y libre, que nos permite suficiente ilustración, para después tomar las decisiones.
Por consiguiente, el llamamiento es para estar atentos a todo el acontecer que se avecina y a la información y demás mensajes que nos proporcionen los medios de comunicación, para participar en la deliberación pública, consultar a los candidatos, hacerles sugerencias, y ejercer los derechos a la libertad de expresión, en el amplio sentido político que ya estamos viviendo.
Dicho proceso tiene varios componentes. El primero, es obviamente, el relacionado con las estrategias de comunicación. Entran en juego, los publicistas, los periodistas, los comunicadores, los fotógrafos, los diseñadores, los maestros de ceremonia y, seguramente, los consejeros y asesores de imagen. En esencia, tienen que saber llegar a las personas, no a las masas. Tienen que llamar la atención, motivar, convencer y mantener el interés del ciudadano que es contactado.
Otro componente esencial, que se desprende del anterior, es el político, es decir, explicar las razones que justifican la participación en el proceso electoral. Tendrá que hablarse de ciudadano y todo el contenido de este concepto. De los derechos que tiene frente al gobernante, de los deberes que éste asume frente, no sólo ante quienes eligen, sino ante toda la comunidad, de los medios de control del gobernante por parte de otras autoridades y de la misma sociedad, de su deber de rendir cuentas, de su comunicación y contacto permanente con la sociedad. En fin, son muchos los aspectos para tener en cuenta.
Y así, podrían sumarse otros tópicos que guardan relación con el proceso informativo y electoral. Por tanto, esta oportunidad se constituye en una reflexión anticipada que nos corresponde a todos: profesionales del periodismo y de las comunicaciones, directores de medios de comunicación, ciudadanos y autoridades. Todos, debemos detenernos a pensar sobre nuestro vínculo con este acontecimiento que también tiene mucho que ver con la cultura política, porque, por naturaleza somos "animales políticos" en el buen sentido de la palabra. Por eso, vivimos en sociedad, con reglas de juego claras a las que nos atenemos en las actividades cotidianas y son el marco de referencia para la convivencia civilizada, pacífica, deliberante y libre, que nos permite suficiente ilustración, para después tomar las decisiones.
Por consiguiente, el llamamiento es para estar atentos a todo el acontecer que se avecina y a la información y demás mensajes que nos proporcionen los medios de comunicación, para participar en la deliberación pública, consultar a los candidatos, hacerles sugerencias, y ejercer los derechos a la libertad de expresión, en el amplio sentido político que ya estamos viviendo.
miércoles, 6 de octubre de 2010
La Procuraduría y la difusión de sus fallos
Van dos semanas, de noticias permanentes, provenientes de los fallos de la Procuraduría General de la Nación, que también se llama Ministerio Público. El lunes 27 de septiembre, se conoció la destitución de Piedad Córdoba, como senadora de la república y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, "por haber ´promocionado y colaborado´con las Farc", dice El Espectador, en la primera página del martes 28 de septiembre. Y el siguiente lunes, 4 de octubre, la lista de destituciones e inhabilitaciones es mayor. El grupo de sancionados son:Bernardo Moreno, destituido e inhabilitado por 18 años, quien fue secretario general de Palacio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; siguen otros funcionarios: Jorge Noguera Cotes, María del Pilar Hirtado y Andrés Peñate, ex directores del Das; otros empleados del Das; y Mario Aranguren ex director de la UIAF.
Sobre estos acontecimientos, que son noticia de primera plana en estos días, los distintos medios de comunicación han tenido plena libertad para redactar los titulares, para la ampliación de contenidos y para la consulta a expertos sobre sus puntos de vista. Igualmente, gozan de independencia, autonomía y libertad para opinar. En esencia, es la plena realización de las garantías proclamadas en nuestra Constitución Política, para que la clásica libertad de expresión, hoy ampliada a la concepción de derecho a la información, se lleve a cabo sin obstáculos de ninguna naturaleza.
El ambiente se ha hecho más controvertido, por el comunicado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual anuncia que asume la responsabilidad, tanto política como jurídica por la conducta de su secretario general, Bernardo Moreno Villegas.
Con toda seguridad, durante los próximos días, el debate aumentará considerablemente. Por tanto, los medios de comunicación, fieles a la función social que tienen, nos mantendrán enterados, hasta de los detalles menores sobre estas noticias.
Razón tienen, todos los que opinan acerca de las noticias que se producen en Colombia. Cada día, tenemos sorpresas y, especialmente, mucha riqueza sobre los hechos que se convierten en noticias permanentes.
Por todo lo anterior, nuestra reflexión se orienta hacia el tratamiento que se debe dar a esta amplia información. En concreto, debemos tener presente el nombre de los sancionados. Ellos, con toda seguridad, agotarán los recursos. Y, sin importar cuál sea la decisión sobre los mismos, la parte fundamental que nos corresponde a quienes hemos asumido la noble profesión de informar a la sociedad, es la de ser, excesivamente cuidadosos y respetuosos de los derechos de las personas procesadas. No podemos ser jueces paralelos, tampoco calificar sus conductas, no buscar sus familias para indagarles sobre los cambios en la vida por estos hechos, que de por sí, son dolorosos.
En resumen, todos: periodistas y medios de comunicación, asumir el comportamiento que, ética, jurídica, social, política y lingüísticamente, nos corresponde, para informar la verdad y respetar todos los derechos de los procesados y de sus familias.
Sobre estos acontecimientos, que son noticia de primera plana en estos días, los distintos medios de comunicación han tenido plena libertad para redactar los titulares, para la ampliación de contenidos y para la consulta a expertos sobre sus puntos de vista. Igualmente, gozan de independencia, autonomía y libertad para opinar. En esencia, es la plena realización de las garantías proclamadas en nuestra Constitución Política, para que la clásica libertad de expresión, hoy ampliada a la concepción de derecho a la información, se lleve a cabo sin obstáculos de ninguna naturaleza.
El ambiente se ha hecho más controvertido, por el comunicado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual anuncia que asume la responsabilidad, tanto política como jurídica por la conducta de su secretario general, Bernardo Moreno Villegas.
Con toda seguridad, durante los próximos días, el debate aumentará considerablemente. Por tanto, los medios de comunicación, fieles a la función social que tienen, nos mantendrán enterados, hasta de los detalles menores sobre estas noticias.
Razón tienen, todos los que opinan acerca de las noticias que se producen en Colombia. Cada día, tenemos sorpresas y, especialmente, mucha riqueza sobre los hechos que se convierten en noticias permanentes.
Por todo lo anterior, nuestra reflexión se orienta hacia el tratamiento que se debe dar a esta amplia información. En concreto, debemos tener presente el nombre de los sancionados. Ellos, con toda seguridad, agotarán los recursos. Y, sin importar cuál sea la decisión sobre los mismos, la parte fundamental que nos corresponde a quienes hemos asumido la noble profesión de informar a la sociedad, es la de ser, excesivamente cuidadosos y respetuosos de los derechos de las personas procesadas. No podemos ser jueces paralelos, tampoco calificar sus conductas, no buscar sus familias para indagarles sobre los cambios en la vida por estos hechos, que de por sí, son dolorosos.
En resumen, todos: periodistas y medios de comunicación, asumir el comportamiento que, ética, jurídica, social, política y lingüísticamente, nos corresponde, para informar la verdad y respetar todos los derechos de los procesados y de sus familias.
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