VIGILAR LA CONDUCTA PÚBLICA NO PUEDE SER UNA FORMA DE CENSURA
No tenemos la menor duda en afirmar que la conducta de todo servidor público, desde el más humilde hasta el más encumbrado, debe ser vigilada por todos los ciudadanos y por las demás entidades e instituciones que ejercen la importante misión de defender los intereses de la comunidad. Por eso, siempre fueron bienvenidas las normas anticorrupción, empezando por el estatuto, y la ley anti soborno de 2016.
Sabemos que en el mundo entero, el fenómeno de la corrupción es tan grave y debe ser combatido porque sus consecuencias siempre afectan a la sociedad y, sobre todo, a los sectores que más requieren de la acción gubernamental para superar situaciones de extrema pobreza y de desigualdad en diferentes campos, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la ciencia y la cultura, solo por citar algunos, como quedó demostrado en la reciente pandemia del covid 19, que aún vivimos y cuyas amenazas de nuevas formas no dejan de preocuparnos.
Sin embargo, no existen razones, que tengan fundamento alguno, para que al invocar una campaña en contra de toda forma de corrupción, lleguemos al extremo de establecer como delitos, la denuncia que se haga contra funcionarios o exfuncionarios, ya que también tenemos certeza de que es en el amplio campo de la administración pública, donde con más frecuencias ocurren este tipo de actos, como quedó demostrado en el contrato del ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la entidad centros poblados, con un anticipo perdido de más de setenta mil millones de pesos para llevar el internet a los lugares más apartados de Colombia, pero también los más urgidos, los más necesitados y los más carentes de este servicio de telecomunicaciones para facilitar el estudio de miles de niños y jóvenes de nuestra querida y adolorida patria.
Las anteriores palabras nos llevan para sumarnos a las campañas de las agremiaciones periodísticas, las entidades defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicaciones y otras instituciones que han denunciado el mico escondido en el proyecto de ley que estaba pendiente de su conciliación, y en el que se hacía una aparente reforma al código penal, para que el nuevo delito se configurara cuando se denunciara, como ya dijimos, a funcionarios públicos, para afectar su trabajo.
Por eso, no es nada nuevo, decirlo y con muchas sinceridad, que es en el sector público, donde suceden con más frecuencias los actos de corrupción, y que solamente se conocen, tan reprochables conductas, cuando son, precisamente, los periodistas, quienes a través de sus medios de comunicación, hacen las investigaciones y luego las respectivas denuncias. Es una lástima que sea así, pero la experiencia nos lo demuestra.
Todo lo antes expuesto nos lleva a denunciar, una vez más, ese intento por tener una ley mordaza, que es contraria al mandato constitucional, tan claro que establece que en Colombia no hay censura sino responsabilidad posterior. Es tan clara la norma, expresada en el artículo 20, que podemos decir que tenemos libertad absoluta para decir lo que se quiera, para comentar en los términos que se quiera, que es una garantía muy grande, en un verdadero sistema democrático, sin olvidar que se tiene una amplia responsabilidad, pero siempre, después de expresarnos. De allí, el deber celoso de tener pruebas suficientes antes de hablar, de escribir y de denunciar.
