¿Intentos de censura?

Un grave incidente que tiene bastante parecido a lo que es una clara expresión de censura y, por tanto, una aberrante manera de abuso del poder, que no podemos admitir, tuvo lugar la semana pasada, por parte del Consejo Nacional Electoral, con motivo del actual proceso electoral, que debe ser un certamen, auténticamente democrático, y una verdadera manifestación de lo que es una forma de ejercicio de la libertad de expresión. Tal situación, nos exige, en consecuencia, examinarla con el debido cuidado y pronunciarnos, enérgicamente.

¿Por qué razones, pretende el Consejo Nacional Electoral que, en forma anticipada, las empresas encuestadoras deben someter a su conocimiento, los cuestionarios que con sus normas técnicas han elaborado, dizque para asegurar que las preguntas no sean sesgadas; por qué prohibir la publicación de una encuestas en los diez días siguientes a la divulgación de otra; por qué obligar a los medios de comunicación a no cambiar las preguntas durante toda la campaña electoral; y por qué abolir los estudios hechos con entrevistas por internet o por teléfono?

Consideramos que no tiene sentido práctico alguno que, cuando falta poco más de un mes para las elecciones del domingo 30 de mayo, se pretenda, en el camino, cambiar las reglas de juego, las cuales, en todo sistema democrático-garantista, tienen que estar promulgadas antes del correspondiente asunto que se va a regular.

Razón tuvieron, para dar a conocer su total desacuerdo, las personas que representan a las empresas encuestadoras y los periodsitas que asistieron a la reunión con el Consejo Nacional Electoral para conocer el nuevo proyecto regulatorio de las encuestas.

Con todo respeto, pero a la vez, con toda la sinceridad del caso, no entendemos por qué un organismo tan importante, como es el Consejo Nacional Electoral, formado por destacados abogados que, como magistrados que son, deben conocer a fondo el mandato del artículo 20 de la Constitución Política, que es sumamente contundente, al establecer que en Colombia no habrá censura. Y a cambio de tan trascendental garantía, ordena que la responsabidiad legal siempre es posterior al acto ejecutado. Por tanto, con qué criterios se intenta ordenar cómo se escriben las preguntas de una encuesta, o se prohíbe la difusión de una encuesta porque no han pasado diez días de la publicación de otra, o no se permite al medio cambiar las preguntas durante la campaña electoral, o no se permiten los estudios que se hagan por internet o por teléfono. Significa, entonces, que si se aplicara tal proyecto, desaparecería la responsabilidad legal posterior, porque no se puede actuar con libertad, conocimiento, voluntad y responsabilidad.

No se puede confundir el trabajo técnico con el trabajo intelectual. El primero, como es obvio, sí requiere de una reglamentación precisa. En cambio, en el terreno del lenguaje, cualquier norma, por aparente insinuación que parezca, no deja de crear malestar, rechazo, inconformidad y, sobre todo, constituirse en una velada forma de censura, porque frente a la palabra, ella siempre será libre para emplearse cuando comunicamos nuestros mensajes, sin importar cuál sea su contenido.

¿Por qué se acabará la televisión pública?

Empecemos por quejarnos ante la grave indiferencia de la inmensa mayoría de medios de comunicación de Colombia. ¿Cómo es posible que no haya un seguimiento constante a la rama legislativa, para informar acerca de los proyectos de ley o de reforma constitucional que están en trámite para conocer su futuro impacto en la vida real? Es una verdad dura, pero en esta materia, los medios de comunicación están incumpliendo la misión esencial de mantener informada a la sociedad del acontecer que es de su interés y, que además, la puede afectar en asuntos tan delicados como en este caso, que se refiere al disfrute de lo que debería ser una excelente televisión pública, en todo el amplio sentido de la palabra.

La revista Semana, en su edición Nº 1458, nos trae esta titular, de por sí, estremecedor: “Jaque a la TV pública”. Y en el subtítulo agrega: “Un proyecto de ley al que sólo le falta un debate en el Congreso más parece una piñata que les reparte su tajada a todos los interesados en esta industria. La gran damnificada es la televisión pública”.

¿Cómo es posible que un hecho, de esta naturaleza, no haya llamado la atención a los medios de comunicación para que lo investiguen, lo difundan y propicien un gran debate nacional?

Para un poco ilustración, citamos este texto: “La semana pasada se armó un alboroto por un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso. El escándalo –revelado por La W- tiene dos componentes: que se intenta extender a cuatro años el mandato a los comisionados de televisión y que al proyecto sólo le falta un debate para ser ley.

El ministro del ramo, Daniel Medina, admitió que apoya el proyecto y dudó mucho para decir que no secundaba la idea de prorrogar el periodo de los comisionados. Sólo unas horas después emitió un comunicado para fijar la posición del gobierno contra este punto. Pero el lío del alargue es apenas un ventarrón comparado con el tsunami que contiene la ley: el proyecto es una piñata que le da su tajada a cada uno de los sectores interesados, en detrimento del interés público”.

Parte de los artículos, cuyo proyecto entero, amerita una revisión detallada, les rebaja la tarifa a los cableoperadores del 10 al 7 por ciento de sus ingresos.

Prohíbe otorgar un tercer canal si sólo existe un proponente. Otro beneficio es para canales como Cablenoticias o TNT, que obliga a los operadores a ubicarlos en los primeros lugar de la parrilla sin que tengan que pagar. Los canales comunitarios no tendrán que pagar por usar postes e infraestructura de las empresas de servicios públicos. Se crea una plaza de comisionado. Las funciones claves de la Comisión Nacional de Televisión pasan al Ejecutivo. Y siguen otros “gabelas”.

En el fondo de esta iniciativa está la gran afectada, que es la televisión pública, que debería ser la prioritaria en todos los aspectos, empezando por su independencia, y en asuntos económicos y administrativos, pero sobre todo, en su capacidad de tener una programación que de verdad, satisfaga las expectativas del público que, como destinatario, no cuenta ni contará con una televisión con un contenido de alta calidad, en lo concerniente con la selección y el tratamiento al material que difunde, que debería ser el que tiene incidencia en la vida cotidiana de la gente: los hechos que pasan desapercibidos porque para los demás medios de comunicación, no tienen sintonía, si no se refieren al orden público.

Pero a la vez, es el momento propicio para generar un gran debate que permita examinar si, realmente, los medios de comunicación están cumpliendo sus funciones esenciales, o las ignoran, o sólo responden al acontecer que les sea, para la defensa de sus propios intereses. Seguramente, son muchos otros los interrogantes que tenemos que responder, desde lo legal, lo social y lo ético.

Empecemos las deliberaciones, ¡ya! Y desde este blog, las estimularemos.

Las encuestas como ejercicio de la libertad de expresión

Estamos en campaña electoral por la presidencia de Colombia. La forma clásica de comunicación con el pueblo y, sobre todo, las llamadas estrategias para convencer al electorado, están cambiando todos los días, en el mundo entero. Por tanto, la función de todos los medios de comunicación, al dar a conocer los mensajes de los candidatos, permite que nosotros, los receptores, nos enteremos del contenido de las propuestas. De la calidad de éstas, depende en gran medida, la aceptación, el rechazo o la indiferencia de los ciudadanos. Para conocer la opinión del pueblo, se deben realizar encuestas periódicamente. Ellas, reflejan, en cada momento, el pensamiento que tiene el encuestado. Ese pensamiento se conocerá, con más claridad, cuando las preguntas son también, lo suficientemente claras. De los resultados, que se conocen, por días y por semanas, se va formando una opinión pública deliberante, que es libre y amplia, en la medida en que tiene información o datos que permiten examinar los mensajes de los aspirantes a la presidencia.

Para conseguir la opinión de las personas, las encuestas son los mecanismos más propicios, siempre y cuando, se elaboren con criterios técnicos y honradez intelectual, y se apliquen los mismos para su procesamiento. Entonces, la llamada libertad de expresión, que se construye con base en información sincera, amplia y variada, tiene en las encuestas un instrumento para su ejercicio. Estamos ante un tema que demanda más reflexión y análisis. Lo haremos en los días. siguientes.