NO INCURRIR EN LA JUSTICIA ESPECTÁCULO

Las dos noticias de la semana que termina, que es la penúltima del mes de febrero de 2018, están relacionadas con los posibles testaferros del grupo desmovilizado de la guerrilla de las FARC, y el anuncio de un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por posible manipulación de testigos. Ambos casos, no podemos negarlo, son de interés nacional. En el primero, porque si se prueben, las hasta ahora presuntas conductas delictivas, algunos miembros de dicha agrupación subversiva, ya desmovilizada y legalizada como movimiento político, perderían beneficios judiciales y serían procesados con las normas ordinarias y, si hay lugar a sanciones, éstas serían bastante drásticas. En el caso del doctor Álvaro Uribe Vélez, porque sería un proceso de enorme trascendencia, tanto por las posibles conductas cometidas, como porque el procesado tiene el rango de expresidente de la república, frente al senador Iván Cepeda del partido Polo Democrático, que es de oposición.   

Aquí, lo que nos convoca a la reflexión, que debe ser bastante seria y permanente, es tanto de parte de las autoridades como de los medios de comunicación, frente al derecho de la sociedad de ser bien y adecuadamente informada. En cuanto a las autoridades, porque muchas veces, sus declaraciones, que deberían hacer parte de la reserva, las expresan en forma pública y con grandes anuncios de lo que está por venir. De esa manera, crean expectativas y hasta generan suposiciones de lo que está por conocerse, conductas que en lugar de beneficiar, con toda seguridad van a afectar a la investigación que apenas está empezando. Respecto a los periodistas y medios de comunicación, porque estimulan a los mismos, para que por cuenta propia, hagan y en forma paralela, otra investigación y ésta, muchas veces se entrega por capítulos, situación que también crea otras expectativas y más suposiciones o invenciones que, finalmente, también afectará una investigación seria y rigurosa, como debe ser.

Y podíamos agregar más argumentos, todos desde la perspectiva negativa, que aconsejan que en estos casos, tales conductas deberían evitarse y hacerse siempre en todos los casos, sin importar los personajes que estén involucrados, porque ese es el gran propósito que garantizará en Colombia, que todo el proceso investigativo cuente con reglas claras, precisas, imparciales  y concretas, de manera que los funcionaros de la rama judicial, competentes para investigar y sancionar, procedan siempre en la mismas forma, cuya conducta es la que se constituye en el deber ser de un asunto tan delicado como es la administración de justicia.

Por consiguiente, nuestro llamado, que es reiterado en esta oportunidad, espera que contribuya a mermar el tinte de espectáculo de la justicia, que está rodeando los dos caso que mencionamos y que, en consecuencia, tanto las autoridades como las personas vinculados a los procesos y los periodistas y medios de comunicación, asuman y mantengan la conducta sensata  que corresponde en éstos y en casos similares, y que sea una conducta permanente para evitar que la sociedad, muchas veces, movida y estimulada por el morbo informativo, exija que todos los días, haya más información de cómo va y qué habrá de nuevo en cada situación judicial, lo que a la vez genera, el otro juicio paralelo de la sociedad, frente a noticias que deberían ser más cuidadosas en sus contenidos.  

EL SIGILO PROFESIONAL Y LA RESPONSABILIDAD LEGAL

Estamos ante dos temas que son recurrentes en nuestro medio periodístico. Por eso, a pesar de los muchos y profundos debates que se han dado, no tiene sentido que todavía haya fallos, como el reciente de la Corte Suprema de Justicia, que desconoce la trascendencia y el significado del sigilo profesional, que como garantía constitucional y derecho fundamental para los profesionales de nuestra actividad periodística, ha sido reconocido y valorado para el adecuado ejercicio profesional.

Consideramos que no tiene sentido que repitamos los mismos argumentos para insistir en la protección del sigilo profesional, pero sí podemos recordar que está estrechamente ligado a otro asunto que también tiene su gran trascendencia como el relativo a la responsabilidad legal. Porque, para empezar, el amparo del sigilo profesional no significa que el periodista pueda hacer afirmaciones que podrían afectar gravemente derechos de otra persona, y el perjudicado no tenga acciones legales para reclamar y demostrar que tales aseveraciones son falsas, y sin que en las investigaciones judiciales que se hagan, se tenga que obligar a dar a conocer cuál es la fuente que, como sigilo profesional se protege. 

Recordemos que todos somos responsables de nuestros propios actos y hasta en ciertos casos, de los que realicen personas que estén bajo nuestra responsabilidad. La misma Constitución Política y las leyes regulan esta materia, ya que si no fuera de esa manera, entonces, nadie tendría que ser cuidadoso de su conducta y por ello, diría y haría lo que quisiera, sin que nadie pudiera reclamarle.

Situación similar ocurre con el mandato constitucional que ordena que en Colombia no habrá censura. En principio, muchos creen que estamos ante una patente de corso, es decir, que se puede hablar de lo que se quiera o hacer afirmaciones graves contra personas determinadas sin que pase nada, porque como no hay censura, nadie puede impedirle a otro que se hable. 

Por eso, es necesario aclarar que en Colombia no hay censura, pero sí existe la responsabilidad legal posterior al contenido de los mensajes, porque cuando éstos son ofensivos, o en ellos se hacen denuncias concretas, por ejemplo, que una persona determinada ha cometido delitos, el afectado tiene todo el derecho a reclamar y pedir que se aclare su situación y si es procedente, que se hagan las respectivas denuncias, se investiguen las afirmaciones y sin que para nada se impida que las libertades públicas para informar y expresarse sean libres, pero siempre responsables.

En otras palabras, tanto el ejercicio del sigilo profesional, como la garantía de que no habrá censura, tienen como complemento necesario y esencial, la exigencia de la responsabilidad legal, porque si ésta no existiera, viviríamos en un sociedad caótica, sin controles, sin comportamientos ponderados, sin respeto del uno por el otro. De esa manera nos acercamos a otro tema que se integra en esta corta reflexión, en el sentido de que solamente en un sistema democrático será posible que convivamos y ejerzamos nuestros derechos y nuestros deberes, con la presencia de la autoridad, como garante de que los derechos y los deberes están unidos y son inseparables, pero también generan responsabidades.