EL NUEVO GOBIERNO, LA OPOSICIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA

El domingo 17 de junio de 2018, Colombia vivió un acontecimiento político de enorme trascendencia en toda su historia: fue el proceso de elección del nuevo presidente de la república para el periodo 2018-2022. Son muchas las razones y los aspectos para destacar el significado de este acontecimiento. Empecemos por el orden público, porque antes teníamos amenazas y siempre había hechos que lamentar como la muerte de hombres de la fuerza pública, asalto a poblaciones en la fechas previas para atemorizar a los pobladores, apoderamiento de los documentos de la registraduría para impedir la realización de las elecciones. Por fortuna esta vez, la situación, en general, fue de tranquilidad.

Desde el punto de vista político, aunque se mantiene un alto porcentaje de abstencionismo, puede decirse que se aumentó la votación.  El presidente electo, IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, con más de diez millones de votos a su favor, tiene un mandato claro para gobernar. Pero al mismo tiempo, el otro candidato, GUSTAVO PETRO, con más de ocho millones de votos, también representa la expresión de un gran número de electores que le brindaron apoyo a su proyecto de gobierno y que con su curul en el senado de la república, como garante y contrapeso de la oposición democrática, tendrá una misión que también tiene su enorme importancia. Es, además, un gran paso hacia la consolidación de una democracia que, como la nuestra, ha sufrido muchos momentos violentos pero se encamina hacia la no violencia y a ser una auténtica democracia deliberativa, donde sean los argumentos, la fuerza que permita adelantar todos los debates que sean necesarios para buscar puntos de cercanía o al menos, aquel que cuente con mayores soportes frente a las otras opciones.

 

En el campo periodístico, tenemos que celebrar que el nuevo mandatario anuncie y que luego haga realidad la indemnización a las víctimas de la violencia, entre ellos, muchos periodistas que han tenido que dejar de ejercer su profesión, o cambiar de actividad, o desplazarse de sus lugares donde siempre han vivido y otros que murieron y dejaron solas y desamparadas a sus familias.

Ojalá se le dé un impulso decisivo a la Unidad de Víctimas y que el Comité Nacional de Impulso, que este año no se ha reunido una vez, reactive su trabajo y trace un derrotero claro y concreto, con un cronograma que le permita actualizarse porque es mucho el tiempo en que ha paralizado todo su quehacer.

Y respecto a la parte de la normatividad, que se retome el proyecto de ley para integrar las dependencias encargadas del manejo de las telecomunicaciones, y que tanto en lo relacionado con la radio como con la televisión, y en general, sobre los demás tópicos, se convoque a debates, bien organizados, con la participación de quienes sean competentes en cada campo y que se recojan las recomendaciones para que, finalmente, haya iniciativas que incluyan los mejores aportes para tener, asimismo, las mejores y más progresistas leyes en un vasto campo que requiere de grandes reformas para proyectar y posibilitar los grandes cambios que necesitamos ahora y de los que se avecinan desde ahora.    

En fin, que el nuevo gobierno esté abierto a todo el mundo. Que convoque, estimule y mantenga la participación de las organizaciones sociales, civiles, comunitarias y, en general, de la sociedad, para que entre todos, discutamos los asuntos que nos conciernen y también entre todos, busquemos las mejores alternativas. Si se procede de esta manera, uno de los grandes ideales de la sociedad de la información tendrá eficacia en Colombia y abrirá grandes caminos para el desarrollo presente y para un futuro cada vez más satisfactorio para todas las personas que anhelamos un país en permanente crecimiento y en paz para el bien de todos.

EL NUEVO PROYECTO 174 SOBRE TELEVISIÓN

Las noticias de la semana que termina tienen relación con el proyecto de ley 174 de 2017,  "Por la cual se promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se ordena la supresión y liquidación de la autoridad nacional de televisión, se distribuyen competencias en materia de televisión y radiodifusión sonora entre las entidades del Estado, y se dictan otras disposiciones", está creando un ambiente propicio para pedir su suspensión, mientras se adelante un gran debate sobre el contenido y alcances del mismo.

Es necesario que se conozcan más las razones para la supresión de la actual Autoridad Nacional de Televisión, y la distribución de competencias en el MINTIC, en la Comisión de Comunicaciones y en la Superintendencia de Industria y Comercio. En otras palabras, falta mucha información y bastantes explicaciones y justificaciones para emprender una reforma de tan grande naturaleza, porque en materia tan delicada, no se puede improvisar.

Y, sobre todo, desde el punto de vista de recursos económicos, se escuchan voces que aseguran que la televisión pública será la gran afectada porque dejaría de recibir dineros que son necesarios para el trabajo que les corresponde realizar. Igualmente, las voces reclaman por los grandes perjuicios que vendría para la televisión regional. En fin, por tratarse de un asunto que tiene tanta relación con temas esenciales en la vida de una democracia, como es el acceso a la televisión y la prestación del servicio, tanto por el Estado, como a través de los particulares, muy estrechamente ligados con el derecho fundamental a la información, lo mismo que otros derechos alusivos a los de la personalidad: intimidad, privacidad, comunicaciones, la figura, el retrato, el habeas data, entre algunos que citamos, justifican que haya diálogos y controversia con sectores de la sociedad, como son los medios de comunicación, las universidades, los gremios, los críticos, las organizaciones profesionales, y en fin, con la mayor cobertura posible, con la seguridad que saldrán iniciativas más sensatas y más realistas para mejorar un servicio que reclama la mayor atención por parte de las autoridades.

Ojalá, pues, esta sea una oportunidad positiva, que bien aprovechada, traería grandes beneficios para todos. Además, como lo establece la misma Carta Magna, es necesaria que haya una participación cada vez más activa, sobre en materia de tanta trascendencia, para alcanzar el mayor consenso posible, y que al mismo tiempo, se escuchen y se tengan en cuenta las voces de quienes, aun estando en desacuerdo, puedan aportar mucho. 

Recordemos que nuestra televisión, creada el 13 de junio de 1954, acumula ya varios años de trabajo y una vasta experiencia que debe servir para que todos los días sea una actividad más rica en contenidos de todo orden, y al mismo tiempo, un instrumento para desarrollar programas que le permitan a la sociedad, ser más consciente de su papel, en especial, de ciudadanos activos y críticos del acontecer de nuestro medio y hagan propuestas positivas encaminadas a enriquecer el trabajo de la televisión, tanto local, como regional y nacional. 

Y precisamente, un proyecto que está en mora de iniciarse es el relativo a la cultura política, ligada a los derechos humanos, para combatir la violencia. Es urgente que cuanto antes, nuestra televisión, en todos los niveles, realice programas sobre temas de política, como una forma de entender la relación que existe entre el ciudadano y el gobernante, para que se establezca un diálogo permanente, que al mismo tiempo, tenga como un soporte para esta relación, el reconocimiento, la práctica y el respeto por los derechos humanos, empezando por la palabra, y por la vida de cada persona, que todos debemos comprometernos a  respetar, como una modesta y mínima contribución a mermar los índices de violencia que soportamos actualmente.

Por consiguiente, que las modificaciones en la televisión impliquen también cambios en el contenido de la programación para que, mediante una campaña permanente, formemos una sociedad dialogante, unidad a la autoridad, y simpre respetando los derechos humanos, Así podemos vivir, en forma pacifica, con la diferencia y sin violencia.