EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA CONSULTA SOBRE CORRUPCIÓN

El domingo 26 de agosto de 2018 será un día histórico en Colombia, porque por primera vez, tuvo lugar la aplicación de un mecanismo de participación ciudadana, consistente en la consulta sobre la corrupción, mal que desde hace muchos años nos afecta en toda Colombia, lo mismo que en el mundo entero. Tal acontecimiento tiene relación con muchos otros aspectos de la vida democrática, entre ellos, porque está ligado con m varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la información, que como hemos dicho varias veces se concreta en el pleno desarrollo del proceso informativo, dentro del cual, en esta oportunidad, destacamos el papel de los medios de comunicación, porque ellos han sido los encargados de difundir los diferentes mensajes provenientes de diversas fuentes.

Los mensajes, que también hacen parte del proceso informativo, en algunas ocasiones, según la procedencia, apoyaban esta consulta popular, mientras que otros, entre ellos, de algunos congresistas que antes lo respaldaban y ahora consideraban que era un gasto innecesario, con el argumento que mucha parte de su contenido, ya estaba establecido en otras leyes, o hacían partes de proyectos de ley que estaban radicados en el congreso. Además de lo costoso que era.

Sin embargo, no es suficiente con tener normas si éstas carecen de medios eficaces para su aplicación. En otras palabras, las leyes solas no resuelven los problemas. Las mismas requieren de instrumentos idóneos para que aquellos mandatos que contienen se puedan cumplir a cabalidad. De lo contrario, es predicar en el desierto.

En nuestro caso, se debe destacar un asunto de fondo, que consiste en que más de once millones de votantes acudieron a la convocatoria y enviaron un mensaje muy claro y muy contundente al actual gobierno: es imperativo luchar contra la corrupción en todos los campos y sancionar drásticamente a quienes sean responsables. Con mayor razón, el actual gobierno tiene una campaña que tiene que cumplir. Por eso, dice: El que la hace, la paga. Y debe ser sin contemplaciones. Y con sanciones severas y también con medios adecuados para recuperar los dineros públicos de los que se hayan apropiado.

Por todo lo anterior, saludamos con especial entusiasmo los resultados de la consulta contra la corrupción, con la esperanza de que pronto habrá leyes severas para combatir a los corruptos, y que por tanto, poco a poco, recobremos la confianza en las instituciones del Estado, para que entre todos, luchemos por la transparencia en todas las actividades del gobierno, en todos los  niveles.

"¨La ´youtuber´que intentó censurar a El Espectador"

Este es el titular del editorial del periódico El Espectador del sábado 18 de agosto de 2018, página 23.

Los apartes que originan el presente comentario, dicen: "CAMBIAN LAS GENERACIONES, pero los métodos de silenciar e intimidar a la prensa libre siguen siendo los mismos. Un juzgado de la República evitó el intento de Érika Nieto Márquez, más conocida como Kika Nieto (una famosa youtuber colombiana), por borrar de la red una opinión que, por ser crítica, la incomodaba profundamente. (...)

En el caso de Nieto, su problema fue con un video de Las Igualdadas, una videocolumna de El Espectador que se especializa en temas de género. En él se interpretan unas declaraciones emitidas por la youtuber Nieto como síntoma de una realidad que las minorías colombianas enfrentan en general: la dictadura de la "tolerancia", esa que argumenta que la diferencia, aunque intrínsicamente mala, debe ser "soportada", mas  no respetada, mucho menos celebrada. Esa es otra forma de discriminación que causa terribles consecuencias en cientos de miles de jóvenes que deben esconder su orientación sexual, o su identidad de género, por el temor a ser marginados". 

Hasta allí la cita, para celebrar la decisión del "juez de la República que negó la petición de la joven youtuber y reiteró que en Colombia es mejor país cuando se permiten las críticas sin ningún tipo de temor y que los discursos se contrarrestan con otros discursos, no con amenazas judiciales".

Las anteriores reflexiones nos permiten unir dos temas que siempre han estado presentes pero pocas veces se han examinado en forma integrada, seria y profunda. Nos refererimos a la censura y tras ésta, a la censura provocada por decisiones judiciales. Recordemos al respecto que el artículo 20 de la Constitución Política es muy claro al garantizar que en Colombia no habrá censura. Por consiguiente, esa censura no puede originarse en nadie, y menos en quienes administran justicia. Porque ligado a la anterior disposición, también es muy clara nuestra Carta Magna, al establecer la responsabilidad legal por las acciones y omisiones de todas las personas y de las autoridades.

En consecuencia, por las publicaciones o las afrmaciones que se hagan en cualquier medio, desde los más limitados como una conversación o una conferencia, hasta los que se hagan por medios de comunicación de mayor cobertura, sean locales, regionales o nacionales, quien habla, sabe que debe responder por lo que dice, sin importar lo que contienen sus palabras, ni las personas a las que se refiera, porque se parte del principio de que está actuando conscientemente, y que por ello, todo lo que expresa, implica tener pleno conocimiento de que se trata de verdades y no de meras suposiciones o el relato de mensajes callejeros. 

 

En caso de que se pueda probar que se han dicho mentiras o verdades a medias, o datos sin confirmar, quien lo hizo, está en el deber moral y legal de rectificar y hasta de asumir las consecuencias jurídicas y patrimoniales de los perjuicios que haya causado.  ¿Por qué razones? Porque partimos de que, como en Colombia no existe la censura, entendida en el sentido de que para poder decir o publicar se requiere la autorización de otro, y que, por tanto, quien habla o escribe, también sabe que tiene que responder, en el sentido amplio de la palabra, tan trascendental garantía tiene como contrapeso, el ser cuidadoso para evitar tener que asumir las consecuencias de actos irresponsables.

Por lo anterior, nos quejamos de que algunas veces, también algunos jueces, sin profundizar en el análisis de una situación concreta, toman decisiones que constituyen verdades censuras juridiciales, en lugar de proteger la garantía constitucional para que los periodistas cumplan a cabalidad la tarea de informar de manera adecuada y como debe ser a la sociedad. Es un asunto que amerita una discusión más amplia y con casos concretos para alcanzar la máxima ilustración. Quedamos pendientes.

¿CUÁNDO CESARÁN LAS AMENAZAS A LOS PERIODISTAS?

Ya no sabemos cómo pedir que cesen las amenazas contra los periodistas en toda Colombia. Y, sobre todo, porque no encontramos razones que tengan algún fundamento para que se multipliquen las amenazas, por el solo hecho de estar cumpliendo con el deber de informar la verdad de lo que está sucediendo en nuestro entorno, sea local, regional, nacional e internacional.

Le tocará al nuevo gobierno que empieza este martes siete de agosto, tomar con carácter urgente y con especial eficacia, todas las medidas que sean necesarias para detener, investigar y sancionar a quienes sean responsables de tan cobardes comportamientos. Porque no podemos seguir conociendo cada semana el aumento de periodistas amenazados sin que haya acciones de las autoridades encaminadas a superar tan grave situación.

Sobra recordar la tarea tan importante y tan necesaria, tanto en nuestra sociedad como en el mundo entero, que tienen los periodistas frente a la sociedad, para que como su legítimo vocero, nunca dejen de trabajar porque es de las pocas formas también de denunciar las permanentes violaciones a los derechos de la comunidad, tanto por algunas autoridades como por particulares. Impedir que esta tarea se cumpla es también desconocer que el Estado tiene el deber de contar todos los días, las muchas actividades que realiza, sobre todo, las que tienen impacto y efectos positivos en la solución de los miles de problemas que poco a poco tienen que irse resolviendo y ojalá en forma definitiva porque asuntos tan vitales como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, las condiciones económicas de vida y podríamos seguir citando, no dan espera.

Otros asuntos de interés público, como la administración de justicia, en relación con conductas delictivas que afectan el patrimonio de la sociedad como es la corrupción, que infortunadamente, se ha extendido a casi todas las dependencias del gobierno, justifican que los periodistas estén averiguando y contando cómo van los procesos y los resultados en la recuperación de grandes sumas de dinero de las que se han apoderado grupos de los llamados carteles que, por cierto, operan bien organizados y con métodos bien sofisticados y probados en la gran delincuencia de cuello blanco. Igualmente, otro asunto que preocupa permanentemente es la administración de justicia y dentro de ella, también la corrupción que impide una pronta y cumplida tarea tan esencial en nuestra sociedad.

Por todo lo anterior, no entendemos el porqué de las amenazas a los periodistas, cuya tarea, además debe reconocerse, respetarse, apoyarse y admirarse. Quedamos sin solución al interrogante que planteamos al inicio de esta corta reflexión: ¿cuándo cesarán las amenazas a los periodistas?