AVANZA PROYECTO SOBRE TELEVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES

En la comisión sexta constitucional de la Cámara de Representantes y del Senado, avanza la discusión del proyecto de ley que redistribuye las funciones que tenía la Comisión Nacional de Televisión. En esencia, serán asumidas por los siguientes órganos, que ya existen: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y se crean la Junta Nacional de Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y Contenidos.

Por el momento, tenemos gran expectativa porque son muchos los aspectos que deberán aclararse en la medida en que se desarrollen los debates. Por ejemplo, en lo relacionado con el auspicio económico de la televisión pública, es necesario un examen detenido para que, en lugar de mermar los aportes, éstos sean siempre mayores y con incrementos. Asimismo, respecto a la televisión comunitaria, sérá bastante lo que tenemos que decir, porque estamos ante un desarrollo acelerado de ésta, y sobre todo, en aumento, en los municipios de Colombia.

Igualmente, se requiere que las universidades que tienen programas de periodismo y de comunicación se pronuncien y hasta la fecha, no tenemos conocimiento de que haya una sola palabra sobre un proyecto de ley que debería ser conocido y luego, promovido
su discusión, en distintos escenarios. Tampoco sabemos si los gremios profesionales han dicho una sola palabra. Lo mismo, podemos afirmar de los medios de comunicación y de otras agremiaciones de la sociedad. En resumen, falta la expresión de la sociedad, a través de sus organizaciones, frente a un asunto de tanta trascendencia.

Asimismo, respecto al derecho fundamental a la información, desde la televisión, también amerita un debate amplio, que permita examinar si quienes en el futuro tendrán la posibilidad de participar en las licitaciones y en la programación, estarán en capacidad de ofrecer pluralismo y diversidad de contenidos para la satisfacción del mencionado derecho.

Abrimos estos interrogantes, a pesar de reconocer que es nuestro deber haberlo hecho antes, porque estando en trámite la iniciativa, es poco lo que se pueda aportar, salvo que los miembros de la comisión sexta, por su propia iniciativa, lideren debates y foros, con distintos participantes y, luego, presten atención a las recomendaciones que se formulen. En resumen, estamos en manos del Congreso.

OTRO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PÚBLICA: NO A LA VIOLENCIA

Así seamos cada vez más insistentes, no podemos dejar de hacer realidad los mandatos constitucionales, sobre todo, cuando sus contenidos corresponden a derechos fundamentales, entre ellos, el tantas ocasiones recordado como el clásico derecho a la libertad de reunión, de asociación, de movilización y de expresión pública, como lo reza el artículo 37 de la Carta Magna: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho".

La alusión viene al caso, por la marcha que se tiene prevista para este martes 6 de diciembre de 2011: todos y todas -para no excluir lingüísticamente a nadie- a la calle, porque nunca nos cansaremos de rechazar la violencia, sin importar quién sea el que la ejecute. Y una forma clara, concreta, contundente y, podríamos agregar más calificativos, para decir: ¡Basta, ya!, es aprovechando la calle, como espacio del foro público, convertida en lugar de reunión, para gritar, como una sola voz, que en Colombia, no nos cansaremos de expresar siempre, en todo instante, que no podemos admitir que se atente, violentamente, contra los derechos fundamentales, empezando por la vida y siguiendo por la palabra.

En el acto de este martes, en toda Colombia, como en pocas veces, seremos capaces de actuar en forma unánime, porque nos convoca, nos une y nos solidariza la protesta contra la violencia.

En resumen, este martes, una sola voz dirá a la insurgencia que deje en libertad a los secuestrados, sean militares o civiles, que les respete la vida, que no existe razón, ni explicación, ni justificación alguna, para que pasen años sin que estos seres queridos, contra su voluntad, tengan que permanecer en el monte, lejos de sus seres queridos.