viernes, 16 de febrero de 2024

 

EL GOBERNANTE TIENE EL DEBER DE SABER COMUNICAR

Las recientes actuaciones y declaraciones de los funcionarios más cercanos al presidente de la república, como son los ministros de hacienda y crédito público, de relaciones exteriores y de deportes, han creado un ambiente de incertidumbre en todo el país, porque sus palabras no son tan claras y concretas, como deberían ser, que finalmente, no sabemos qué es lo que está pasando en el alto gobierno y, sobre todo, porque los mensajes para comunicar sus decisiones de interés colectivo, son confusos y muchas veces hasta contradictorios frente al deber de respetar la constitución y, la ley, en cada materia especifica, y especialmente, nunca faltar a la verdad, como parte del derecho de la sociedad a ser bien informada.     

Tal situación tiene efectos perversos y dañinos en una democracia, donde uno de sus principios esenciales consiste en presumir que los acuerdos y los desacuerdos, tanto entre los ciudadanos, como entre éstos y los gobernantes, y entre los mismos gobernantes de distinto orden, siempre requieren, como fundamento básico, para propiciar, la que hemos dicho tantas veces, necesaria deliberación pública, que se expresen en un lenguaje que, frente a la realidad, siempre tengan como soporte la verdad, un término que seguramente, todas las veces creará polémica, pero lo importante es controvertir con soportes sólidos.

Por ejemplo, en el reciente caso, de los dineros aprobados por el congreso para garantizar la realización de obras de inmensa trascendencia pública en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Antioquia, desaparecieron de los compromisos que dijo tener el alto gobierno. Y, como era apenas lo normal de esperarse en este tipo de asuntos públicos, que por su propia naturaleza demandan el interés colectivo, que vino la reacción de las autoridades regionales porque la información del ministerio de hacienda, excluía dicho dinero, ya comprometido, y en consecuencia faltaba a la verdad.

Después del alboroto en toda Colombia, y del papel de los medios de comunicación, que investigaban y contaban sobre estos hechos noticiosos, que originaron, además, la salida de empleados que llevaban varios años de trabajo, sin estar en esas posiciones por motivación y representación política sino porque eran cargos con claro requisitos de conocimientos técnicos, el gobierno dijo que corrigió el error para que la situación regresara al lugar donde debía permanecer.

Sobre el ministerio de relaciones exteriores, su titular ha debido, sin demora alguna, acatar la suspensión provisional, retirarse del cargo y asumir la defensa, pero no manifestar, confusamente y arbitrariamente, que su designación o remoción dependía del superior que es el presidente de la república. No. Siempre hay que respetar las competencias de otros órganos del Estado.

Y del ministerio del deporte es mucho lo que se ha dicho, tanto por altos funcionarios de Colombia, como por otras instituciones y personas conocedores de la materia, que finalmente, en medio del caos y del desorden informativo, lo que se sabe con certeza es que Colombia, Barranquilla y ciudades cercanas, perdieron la gran oportunidad de realizar los juegos panamericanos de 2027, que, desde ahora, anunciaban grandes certámenes con muchos beneficios.

La conclusión inevitable pero necesaria y dolorosa es aceptar que los gobernantes de todo orden, tienen el deber de saber comunicar y uno de los requisitos es siempre decir la verdad.