EL PERIODISMO Y SU MISIÓN INFORMATIVA FRENTE A SITUACIONES COMPLEJAS EN COLOMBIA

La semana comprendida entre el lunes 13 al domingo 20 de mayo de 2019, será recordada por varios acontecimientos que seguramente dejarán huella en la historia de Colombia porque tienen que ver con un asunto de fondo y es el relativo al proceso de paz que vivimos en nuestro país. Estábamos pendientes de que la Justicia Especial para la Paz, JEP, resolviera la situación jurídica del exguerrillero Jesús Santrich, detenido desde abril del año pasado, a quien se investigaba por la posible comisión de delitos después del primero de diciembre de 2016, ya que en tal caso, no estaría protegido por los Acuerdos de la Habana. El miércoles 15 de mayo, la JEP negó su extradición a Estados Unidos, con el argumento de que las pruebas no eran suficientes para haber tomado tal decisión, pero en cambio, ordenó que se le investigara por la justicia ordinaria que rige en el país y le concedió la libertad.

La anterior determinación, inmediatamente, generó muchas reacciones. La primera fue del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien anunció su renuncia irrevocable, porque no iba a firma la libertad del procesado, y porque la JEP no había tenido en cuenta las pruebas aportadas por su dependencia. También se conoció el desacuerdo de Estados Unidos, expresada por su embajador, el señor Kevin Whitaker, mediante un comunicado en el que manifestaba su preocupación por la negativa de extradición. Asimismo, el Procurador General de la Nación,  Fernando Carrillo, en desacuerdo con la no extradición, dijo que su dependencia iba a presentar el recurso de apelación, con argumentos suficientemente sólidos para revertir la decisión desfavorable a a la extradición.

En medio de esta serie de sucesos, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, igualmente, en desacuerdo con la no extradición, aseguraba que sería respetuoso de las decisiones de la JEP, pero que agotaría todas las posibilidades dentro del Estado de Derecho. Hasta se rumoró de la posibilidad de decretar la conmoción interior para hacer efectiva la extradición. A todo lo anterior, se sumaron las declaraciones de los representantes de los partidos políticos, unos a favor y otros en contra, lo mismo que las opiniones de expertos abogados en la materia.   

 

El suceso mayor ocurrió, cuando después de que se ordenara la libertad de Jesús Santrich, con base en el habeas corpus, su cumplimiento se demoró un tiempo, y solo se vino a cumplir el viernes 17 de mayo, cuando salió de la cárcel La Picota, acompañado por guardianes pero a los pocos pasos, fue recapturado por agentes del CTI y traslado al búnker de la Fiscalía General de la Nación. Ya se ha legalizado su captura, aunque con recursos de su defensor y de la Procuraduría General de la Nación.     

La anterior y breve síntesis de lo que ha pasado hasta el momento, es motivo más que suficiente para reflexionar siempre sobre el papel que le corresponde cumplir al periodismo para informar de manera verdadera, imparcial y completa sobre acontecimientos como los enunciados, que son de enorme trascendencia, cuyos efectos, con certeza, serán casi que impredecibles. Por consiguiente, es hora de renovar los votos de fidelidad a una profesión tan esencial en nuestra sociedad, pero que a la vez reclama mucha calma, serenidad y gran responsabilidad en todo momento. 

SIGUE LA VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS

El pasado primero de mayo, hubo en todo el país, las ya tradicionales manifestaciones públicas, para hacer referencia a las luchas de los trabajadores por las reivindicaciones, muchas de ellas, aún pendientes de soluciones definitivas o al menos, que satisfagan las peticiones insistentes y que son tan evidentes como el mejoramiento del servicio médico, los reconocimientos salariales pactados y todavía sin cumplirse y que buscan recuperar parte del poder adquisitivo del dinero que se recibe cada mes.

Es apenas natural que no solamente los trabajadores, sino todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles y, en general, que los grupos representativos de movimientos diversos y plurales hagan uso de este derecho que, como fundamental que es, hace parte de la libertad de expresión, tan necesaria en nuestro medio, como parte esencial de un sistema democrático que tiene en la palabra, un instrumento muy eficaz para las comunicaciones, y a la vez, que éstas son tan necesarias y esenciales para conocer lo que piensan los demás. Hasta allí, consideramos que casi todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando analizamos lo que ocurrre en las marchas es cuando pensamos que la violencia desnaturaliza este tipo de manifestaciones y que casi siempre terminan en enfrentamientos con la policía.

En concreto, nos referirmos a quienes se encapuchan y luego se infiltran en las marchas, no solo para pintar edificaciones sino lanzar piedras, quebrar vidrios y provocar desórdenes en las calles. Por ejemplo, pudimos ver cómo en Bogotá, en plena plaza de Bolívar, lanzaban piedras a la policía, arrancaban el material protector de edificaciones que estaban en limpieza, sobre todo, de lugares históricos, cuyos daños por la pintura y las piedras lanzadas, costarán muchos millones de pesos.

Por consiguiente, lo ocurrido, que constituye actos vandálicos y violentos, deberían ser rechazados por las personas que consideran que las manifestaciones públicas, como parte de las libertades y de los derechos de movilización y de expresión, jamás deber ser aprovechas por otras personas que no solo causan daños sino que constituyen formas de impedir que quienes quieren hablar a los demás, pierdan una oportunidad excepcional para lograrlo. Por tanto, las autoridades y los organizadores de estas marchas, deben buscar opciones que impidan que estos actos bochornos vuelvan a suceder porque de verdad que no podemos seguir con este tipo de espectáculos que no contribuyen a una cultura de expresión callejera pacífica.