SIGUE LA VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS

El pasado primero de mayo, hubo en todo el país, las ya tradicionales manifestaciones públicas, para hacer referencia a las luchas de los trabajadores por las reivindicaciones, muchas de ellas, aún pendientes de soluciones definitivas o al menos, que satisfagan las peticiones insistentes y que son tan evidentes como el mejoramiento del servicio médico, los reconocimientos salariales pactados y todavía sin cumplirse y que buscan recuperar parte del poder adquisitivo del dinero que se recibe cada mes.

Es apenas natural que no solamente los trabajadores, sino todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles y, en general, que los grupos representativos de movimientos diversos y plurales hagan uso de este derecho que, como fundamental que es, hace parte de la libertad de expresión, tan necesaria en nuestro medio, como parte esencial de un sistema democrático que tiene en la palabra, un instrumento muy eficaz para las comunicaciones, y a la vez, que éstas son tan necesarias y esenciales para conocer lo que piensan los demás. Hasta allí, consideramos que casi todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando analizamos lo que ocurrre en las marchas es cuando pensamos que la violencia desnaturaliza este tipo de manifestaciones y que casi siempre terminan en enfrentamientos con la policía.

En concreto, nos referirmos a quienes se encapuchan y luego se infiltran en las marchas, no solo para pintar edificaciones sino lanzar piedras, quebrar vidrios y provocar desórdenes en las calles. Por ejemplo, pudimos ver cómo en Bogotá, en plena plaza de Bolívar, lanzaban piedras a la policía, arrancaban el material protector de edificaciones que estaban en limpieza, sobre todo, de lugares históricos, cuyos daños por la pintura y las piedras lanzadas, costarán muchos millones de pesos.

Por consiguiente, lo ocurrido, que constituye actos vandálicos y violentos, deberían ser rechazados por las personas que consideran que las manifestaciones públicas, como parte de las libertades y de los derechos de movilización y de expresión, jamás deber ser aprovechas por otras personas que no solo causan daños sino que constituyen formas de impedir que quienes quieren hablar a los demás, pierdan una oportunidad excepcional para lograrlo. Por tanto, las autoridades y los organizadores de estas marchas, deben buscar opciones que impidan que estos actos bochornos vuelvan a suceder porque de verdad que no podemos seguir con este tipo de espectáculos que no contribuyen a una cultura de expresión callejera pacífica.

 

  

¿QUÉ HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HECHAS DESDE LAS REDES SOCIALES?

Un tema que nunca se agotará en las discusiones académicas, jurídicas, sociales, políticas y en medios de comunicación es el relativo a las crecientes amenazas que se hacen desde las redes sociales y se esconden en el anonimato de las identidades para evitar ser descubiertos, investigados y sancionados por las autoridades competentes. Las discusiones se enriquecen también por la falta de herramientas legales y eficaces que permitan investigar y probar la comisión de tales conductas que, en muchos casos, constituyen también la comisión de delitos, sobre todo, los relacionados con el patrimonio moral de las personas como son las injurias y las calumnias. Pero en la actualidad el campo de afectación ha crecido porque puede abarcar otros campos como el económico, el laboral, el afectivo, las profesiones y seguramente, la cobertura crecerá cada día.

En esta materia, recordamos una de las conclusiones de un importante certamen internacional sobre la sociedad de la información, en cuya oportunidad se quiso responder al interrogante de quién gobierna a la red. Al final, se concluyó que todos y que nadie gobierna a la red. ¿Por qué razones? En el caso de que todos gobiernan a la red, se dijo que el argumento era muy claro: porque todos estamos en capacidad de utilizar este recurso y debemos hacerlo en forma correcta. Esta respuesta tan simple, implica respetar a los demás, utilizar un lenguaje normal, sin expresiones agresivas, insultantes, groseras ni, en general, usar términos que afecten a los otros. La segunda respuesta, que consiste en que nadie gobierna a la red, se explica en el amplio sentido de que ninguna persona, ni siquiera un Estado, con todo su poder y herramientas, puede ejercer el control, porque nos estaríamos enfrentando a la conducta de todo el mundo, y en el mundo, existen personas con distintos pensamientos e ideologías, que en muchos casos, no tienen como referente el respeto por el otro.

En el caso de Colombia, las noticias nos cuentan que un juez condenó al tuitero Francisco Javier Andica por amenazas a través de las redes sociales. En esta oportunidad, las amenazas fueron contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los periodistas Daniel Samper, Julio César González (Matador) y a Vanesa De la Torre. El hecho ocurrió "el 28 de julio de 2018, cuando se desató una polémica en redes sociales y el tuitero borró los trinos y cerró sus redes sociales, pero no fue suficiente para evitar la condena", dice la noticia, publicada en el periódico El Colombiano, el viernes 5 de abril de 2019, página 8.   

Podemos agregar que el domingo 21 de abril de 2019, en el programa 7 Séptimo Día, en parte del espacio lo dedicó al uso de las redes, que incluyó algunos casos, entre ellos, el de una pareja, víctima de las mentiras de quien había estado casado con la mujer que tenía una nueva relación. En este caso, tomó las fotos de la pareja y las hacía pasar como ladrones, hecho que los afectó hasta llegar a perder en varias oportunidades el trabajo.

Por eso, esta corta reflexión debe servir de fundamento para que se tome conciencia de no abusar de las redes sociales, y en su sentido más negativo se emplee para amenazar, insultar y causar daños a otras personas. Sabemos que una petición que talvez pocos la atenderán, pero que esos pocos se encarguen de multiplicar para que poco a poco, se tome conciencia de este gran recurso digital que tenemos y los utilicemos razonablemente.

LOS CIEN AÑOS DEL PERIÓDICO VANGUARDIA LIBERAL

Sabemos que el primero de septiembre de 2019, el periódico VANGUARDIA LIBERAL de la ciudad de Bucaramanga, cumplirá su primer centenario de existencia. Seguramente, entre los actos conmemorativos, está el reconocimiento a su fundador, el patricio liberal Alejando Galvis Galvis, y a quienes, durante estos cien años, han dirigido este importante medio de comunicación escrito que ha informado y contado la historia de una vasta región colombiana, que cada día alcanza mayores desarrollos en todos los campos del conocimiento y del progreso en diversas áreas.

La actual directora del periódico, la señora DIANA SARAY GIRALDO ha anunciado grandes cambios, tanto de forma como de fondo. Por eso, se avecinan diversas transformaciones en el amplio campo digital porque las tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden estar ausentes, ya que son muchas las razones para incorporarlas a un medio que, como todos los demás, requieren de aprovechar al máximo los recursos para que el compromiso tan grande que tienen con la sociedad, sea plenamente satisfecho, que demanda estar siempre bien informada y también con diversas y plurales mensajes de opinión para entender e interpretar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales.

Hasta el nombre ya no será VANGUARDIA LIBERAL, que hacía honor a la defensa del ideario del partido liberal colombiano, sino simplemente VANGUARDIA, porque ahora, se defienden las libertades públicas, los derechos humanos, la democracia y otros valores de la sociedad contemporánea. Sí, es verdad que aquellos tiempos, aunque no lejanos, por lo general, los grandes medios de comunicación impresos de Colombia, como El Espectador, El Tiempo, El Siglo, La República y los de las principales ciudades y capitales de Colombia, nacían y anunciaban la defensa, bien fuera del partido liberal o del partido conservador. Este es un hecho que hace parte de la historia de nuestro periodismo y debería ser investigado más a fondo, lo mismo que otros aspectos que enriquecerían el conocimiento de nuestro pasado reciente, que tanta falta hace en nuestro medio y para las nuevas generaciones.

Esta es la oportunidad para felicitar a las directivas y a los periodistas de VANGUARDIA, quienes con su trabajo diario, cumplen una misión esencial en aquella importante región de Colombia, de manera que sea posible conocer en toda nuestra patria, los proyectos de los gobernantes, las actividades en la educación, desde el nivel más elemental hasta el universitario, las investigaciones  y sus aportes a la solución de problemas sociales, en fin, poder apreciar y valorar la forma como aquella región se destaca en el ámbito nacional.

Igualmente, es la ocasión propicia para destacar el papel del periodismo, en este caso, por medio de VANGUARDIA, en defensa de la paz en Colombia, así sea un tema y una situación complejas en todo el país. Porque no podemos dejar de clamar porque los grandes conflictos que  tenemos en la actualidad, tienen un camino para la búsqueda de la solución, que es el diálogo franco y respetuoso desde cada esquina o posición ideológica de quienes hacen parte de la confrontación. Además, ser honestos y reconocer que la violencia no es la vía para dirigirnos hacia la paz. No. La violencia nunca ha sido ni será el camino que debemos recorrer. Están equivocados quienes no comparten estas apreciaciones.

Por consiguiente, al unirnos a las celebraciones centenarias del periódico VANGUARDIA, felicitamos de todo corazón a sus directivas, periodistas y empleados, y deseamos que este medio de comunicación se consolide cada día, como un faro que ilumina a todo el departamento de Santander y se extiende por toda  Colombia, con la seguridad de que tendrá muchos años de existencia y siempre trabajará en bien de los ideales orientados hacia una sociedad más justa, humana, solidaria y respetuosa de todos sus integrantes.

 

 

  

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Un tema que jamás se agotará en el debate, sin consideración de fronteras, es el relacionado con el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en las redes sociales. Es verdad que tiene varias aristas, entre ellas, tener suficiente claridad en el gran significado de lo que es el derecho a la libertad de expresión, y luego, lo que son las redes sociales, como espacios que permiten que quien quiera, las utilice y la forma como lo hará, porque nadie lo está viendo. 

Por consiguiente, el debate de expertos que propició la Corte Constitucional el jueves 28 de febrero de 2019 es un ejercicio que debería hacerse con más frecuencia en Colombia, porque son muchos y variados los asuntos de interés público que están sobe el tapete. Precisamente, sobre el tema que nos convoca, hace algunos años, hubo un certamen internacional de la sociedad de la información para responder a la pregunta: quién gobierna a internet. Casi en forma unánime la respuesta fue que todos y que ninguno. Sobre todos, se dijo que cada persona tenía que ser consciente de la herramienta que tenía en sus manos para que hiciera de ella, el mejor uso. Al mismo tiempo y como en forma contradictoria, se dijo que a internet no lo gobierna nadie por la dificultad de tener algunos medios de control para aplicarlos cuando haya abusos, que en muchos casos, son hasta constitutivos de delitos, de engaños, de amenazas, de hurto, de robo de datos personales. 

Por eso, lo que pretendía la Corte Constitucional, luego de seleccionar algunas tutelas relacionadas con el tema de debate era revisar la delgada línea entre la libertad de expresión en internet y la protección de la honra y dignidad personal. En principio, las inquietudes planteadas se referían a quién tiene la responsabilidad de controlar el contenido que se publica en internet.

Un aspecto esencial del contenido del derecho la libertad de expresión, parte de precisar que este derecho abarca a todos los mensajes, sean informativos, de opinión, de juicios de valor, ideológicos, musicales, gráficos, religiosos, económicos, poéticos y en fin, nos haríamos interminables al intentar una clasificación para incluirlos a todos. Y ser conscientes de que todos estos mensajes se difunden en las redes sociales, lo que conduce a que los administradores de plataformas digan y con sobrada razón que ellos no pueden controlar los contenidos, ni censurarlos, que se limitan a proveer los recursos técnicos para los usuarios.

 

Y otro tema que tiene conexión con el que comentamos es sobre las garantías del régimen democrático y su eficacia para proteger los derechos de los afectados. Tal aspecto también abriría otro gran debate, muy necesario en nuestro medio para enriquecer las teorías de la comunicación pública, desde la perspectiva del público y no de la comunicación que difunden las entidades del Estado.

Por todo lo anterior, la convocatoria es para propiciar más debates, tan necesarios en una democracia y tan trascendentales para crear, poco a poco en Colombia, un clima de participación en los asuntos que tienen interés general, pero siempre para sacar conclusiones.

 

COMENTARIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY PARA EL PERIODISMO

Sobre el proyecto de ley Nro. 234 de 2018, por el cual se reconoce la profesión de  Comunicación Social- Periodista y Organizacional, se crea el consejo Profesional de Comunicador Social-Periodista y Organizacional y se dictan otras disposiciones, nuestra intención consiste en manifestar que se trata de una propuesta que no hace aportes valiosos para una actividad que siempre consideramos es una profesión y  no un oficio, porque quien la ejerce, en esencia, necesita tener competencias intelectuales para su realización. En cambio el oficio es en lo fundamental, una actividad física y repetitiva, y hasta sin razonamiento alguno. Es meramente mecánica.

El proyecto empieza por repetir disposiciones que ya están en la Constitución Política como el sigilo profesional y la objeción de conciencia, y también derechos fundamentales que ya están consagrados en la Carta Magna, como el acceso a la información, que es parte del derecho de petición, que además, tiene la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que lo desarrolla.

Sobre otros tópicos como crear el Consejo Profesional del Comunicador Social Periodista, para que expida las tarjetas profesionales, como existen en otros campos del conocimiento, es un asunto bastante interesante, pero primero se necesita tener suficiente certeza de quién es periodista, y sobre todo, no darle el carácter de profesión de alto riesgo, solamente, cuando se cubran las áreas de orden público, político o investigación judicial.  Debería abarcar todo el trabajo profesional y ser garantía permanente.

Por eso, un aspecto que debe evitarse es la clasificación que hace de quiénes son periodistas, porque se trata de un asunto que para la Corte Constitucional, y con base en su sentencia de constitucionalidad 087 de 1998, constituye un obstáculo para el trabajo de quienes quieren ejercer el periodismo. Su argumento, que para nosotros no tiene soporte jurídico alguno, consiste en manifestar que la Constitución Política, en el artículo 20 dice, que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información  veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”, tal enunciado significa, entonces, que ya todo el mundo es periodista, argumento que constituye el más grave adefesio jurídico.

¿Por qué tal argumento es un adefesio jurídico? Porque es inadmisible aceptar que porque una persona sea titular de un derecho fundamental, ya está en capacidad de ejercer la profesión a través de la cual, un tercero, que es la persona competente o sujeto cualificado, es quien con su trabajo profesional, contribuye para que los demás, o sea, la sociedad, satisfaga cada derecho fundamental. Por ejemplo, todos somos titulares del derecho a la salud, al derecho a la defensa, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, y tal argumento no significa que entonces, frente al derecho a la salud, todo el mundo ya es médico, odontólogo, enfermero. Que frente al derecho a la defensa, todo el mundo ya es abogado. Que frente al derecho a la vivienda, ya todo el mundo es arquitecto. Y que frente a la educación, ya todo el mundo es educador.

Al contrario, lo que debemos sostener consiste en que en el caso concreto del periodismo, para su ejercicio, lo fundamental lo constituyen las competencias intelectuales, unidas a las responsabilidades en lo social, lo ético y lo jurídico, por citar solo algunas. Asimismo, se exige adecuado manejo del idioma, para poder entender los acontecimientos y valorar cuáles son realmente noticias por su valor social y contarlos a las llamadas ahora audiencias.

En otras palabras, es indispensable precisar y delimitar el campo del quehacer periodístico. y para ello, vale la pena propiciar un gran debate con la participación amplia de facultades y escuelas de periodismo y de comunicación, agremiaciones profesionales, medios de comunicación y del público interesado en este tema.

Precisamente, el  proyecto de ley al que hacemos referencia, sí puede tener un aspecto positivo porque de verdad, la actual ley que regula el ejercicio del periodismo, que es la 1016 de 2006, es con meros propósitos declarativos. Pero tampoco ha hecho contribuciones en sus años de vigencia.

Y la que sería la nueva ley, consideramos que debe partir de ser muy clara en definir el quehacer periodístico, porque al hacerlo, queda expresado en concreto que, quienes cumplan los requisitos, sí de verdad son periodistas. al mismo tiempo, deberá relacionar pero sin separar el derecho fundamental a la información del quehacer periodístico, con el fin de que quede establecido que todo el mundo es titular del derecho a la información, pero por serlo, no es, como consecuencia, periodista, sino que éste necesita ser competente para ejercerlo.

Y, casualmente, tal diferencia es importante hacerla, para evitar un futuro fallo que declare inconstitucional la que sería la nueva ley, porque como ya dijimos, que por la sentencia 087 de 1998, para la corte constitucional, no se puede reglamentar el ejercicio del periodismo porque le quitaría a todo el mundo el ser periodista por el mero hecho de ser titular el derecho a la información, ya que en aquella oportunidad, la corte constitucional hizo una lectura parcial de la constitución y solo se detuvo en el artículo 20, que ya citamos y omitió incluir el artículo 73, que es categórico al establecer que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Porque en caso de haberlo hecho, tendría que haber desentrañado, el sentido, el alcance y los efectos de dicha disposición, y relacionarla y armonizarla con los mandatos del artículo 20, pero sin que sean contradictorios. Sin embargo, tal omisión constituye una falta en el campo de las sentencias, porque por el contenido de éstas, se presume que se examinaron todas las disposiciones que tienen relación con el asunto o la materia del fallo, que como dijimos, no ocurrió en esta oportunidad.

Porque recordemos que si a cada persona se le garantiza la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, lo mismo que de informar y recibir información, nos preguntamos cuál es el contenido de la información que puede expresar y difundir cada persona.

Para nosotros, cada persona expresa y difunde información, como mensaje que es, pero no de la materia o de asunto que no conoce o no sabe, nunca lo haría de lo que se ignora. Por ejemplo, un abogado expresa y difunde mensajes jurídicos, un economista expresa y difunde mensajes sobre la economía y temas afines. Sin menospreciar trabajos, agreguemos que un mecánico, informa o habla o expresa de lo que conoce en su labor diaria. Lo mismo hará un sastre.

Por consiguiente, no puede entenderse como lo entendió, equivocadamente, la corte constitucional, y valga la redundancia, al entender que la expresión y la difusión de la información que puede hacer cada persona, esta información es igual que el periodismo. y por ello, también el mal entendido de que todo el mundo es periodista, y de que no se puede reglamentar por ley esta profesión, porque entonces impide que todo el que quiera  diga que es periodista, y lo sea.

Ahora, que el mismo Estado estimule la existencia de programas, de diferentes contenidos en la radio, en la televisión, en medios electrónicos y en medios impresos,  y la fundación de medios de comunicación, ello no va contra el periodismo. No. Al contrario, es la estimulación para el ejercicio de la libertad de palabra, o de la libertad de expresión, o de la libertad de difusión, y en general, de la libertad para que se conozcan muchos mensajes, de distinto contenido, como parte de la deliberación pública, que debe ser plural y diversa pero con buenos argumentos y sin violencia. Incluso a las personas que dirigen tales medios se les puede llamar periodistas comunitarios, como ellos orgullosamente se sienten y que para nada afectan que exista una buena ley para la reglamentación del periodismo, como actividad profesional, que es.   

Por consiguiente, y sin perder el norte de esta intervención, sí necesitamos una nueva ley para el periodismo, pero la misma debe ser elaborada y discutida con sus destinatarios y representantes de organizaciones sociales y culturales. En consecuencia,  el proyecto de ley 234 de 2018, que va para segundo debate, debería, ya que las normas sobre el procedimiento de los proyectos lo permiten, reelaborarse en las comisiones constitucionales permanentes, antes de ir a las plenarias de cada cámara, para no tener otra frustración innecesaria.

   

 

¿ POR QUÉ NO CESA LA VIOLENCIA EN COLOMBIA?

Es una lástima permanente que en Colombia no cesa la violencia, a pesar de las campañas constantes que pretenden por un cambio cultural para que convivamos con la diferencia pero sin violencia, y siempre utilizando la palabra, como el medio más adecuado para discutir las diferencias que son normales en cualquier relación social, y encontrar puntos para compartir.

El anterior enunciado lo hacemos porque el pasado jueves 17 de enero de 2019, un poco después de las nueve y media de la mañana, estalló un carro bomba en la escuela de policía de Bogotá, General Santander, con un saldo de 21 muertos y más de 60 heridos. Tan grave acontecimiento ha originado muchos pronunciamientos locales, nacionales e internacionales de distintas instituciones y una marcha en las principales ciudades del país, que tuvo lugar este domingo 20 de enero, como una forma más de rechazar lo sucedido y pedir por el respeto a la vida y por la búsqueda incesante de la paz negociada, que tanto falta nos está haciendo.

Los medios de comunicación, en forma destacada, han informado sobre este luctuoso acontecimiento, y de manera reiterada han unido sus voces para pedir que cese la violencia y se dialogue con el otro, pero siempre con mucho respeto por las diferencias, y con el ánimo de superar la confrontación armada que nunca traerá beneficios para los asociados, sino dolor y desespero.

Por todo lo antes dicho, nosotros, también en forma modesta, nos unimos para pedir que prontamente haya una puerta abierta para el diálogo, y con condiciones claras y concretas, y veeduría para estar pendiente y vigilar el cumplimiento de los compromisos de las partes comprometidas en las conversaciones. Porque son muchísimas las razones para que hallemos una salida a la actual situación, y la más sensata en, sin lugar a dudas, la negociada, de manera que si se alcanza una tregua en frente a todo tipo de atentados, con plena certeza que se respirará otro aire que será beneficioso para todo el país.

Por eso, es una nueva ocasión para pedir a todos los medios de comunicación que unan sus esfuerzos para pedir, casi que diríamos para exigir de todas las personas que tienen responsabilidades en el proceso de diálogo, para que cuanto antes propongan y escojan garantes que establezcan, de manera clara y concreta, los pasos que habría que dar y caminar hacia la paz. Recordemos que estamos ante una gran responsabilidad de los medios de comunicación como voceros y delegados de la sociedad.

 

DOS TEMAS PENDIENTES ESTE AÑO PARA EL 2019

En el vasto campo de las comunicaciones, tenemos dos proyectos de ley que tuvieron trámite este año pero quedaron pendientes para el 2019. Nos referimos a las iniciativas para la reglamentación del ejercicio del periodismo y de las comunicaciones, y para actualizar la regulación sobre las telecomunicaciones. Sobre el primer proyecto de ley que está pendiente del segundo debate, debemos afirmar que tiene aspectos delicados que deben aclararse a tiempo para evitar que por medio de futuras demandas, tal norma sea declarada inconstitucional. En concreto, nos referimos al asunto sobre quiénes son los competentes para el ejercicio profesional y, en consecuencia, quiénes quedarían excluidos. Porque sobre este tópico tenemos un antecedente jurisprudencial que es la sentencia de constitucional C-087 de 1998, que a la luz de la Carta Magna de 1991, declaró inexequible la Ley 51 de 1975, que regulaba el ejercicio del periodismo, norma que antes fue declarada constitucional, pero de acuerdo con la Constitución Política de 1886.   

Recordemos que el artículo 20 de la Carta de 1991, dice en su primer inciso que "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación". Desde entonces, la Corte Constitucional considera que cualquier regulación que limite el ejercicio del periodismo es contraria a la Carta de 1991. Nosotros, sin embargo, siempre hemos sostenido que en tal tesis, existe un grave error de fondo, porque el citado artículo 20, en su primer inciso, debe entenderse que todo el mundo tiene o es titular del derecho a la información o derecho a la libertad de expresión o derecho a la libertad de palabra. Sin embargo, por ser titular de ese derecho, no significa que autómaticamente, todo el mundo es periodista o comunicador o informador. No lo es porque para el ejercicio del periodismo se requieren competencias académicas o intelectuales, que no las tiene toda persona por ser titular del derecho fundamental a la libertad de palabra.

Por consiguiente, nuestra sugerencia consiste en que la futura ley, debe esencialmente, precisar en qué consiste el quehacer periodístico, qué competencias son necesarias para su adecuado ejercicio, cuáles son las responsabilidades sociales, jurídicas o éticas por las que responde el periodista. Cuando se haya establecido este trabajo profesional, la persona que quiera ser periodista, deberá conocer el contenido de la norma para saber si cumple las exigencias de ese quehacer periodístico y, entonces, siendo consciente de tales requisitos, el interesado podrá reclamar como un derecho suyo, el ser competente para el ejercicio del periodismo. Por tanto, en esas condiciones, la futura ley no excluye, en forma anticipada a nadie, sino que fija las condiciones para que la persona interesada sepa si de verdad es periodista.

Muy distinto es afirmar que todo el mundo es titular y tiene el derecho a la libertad de palabra o libertad de expresión y que nadie se lo puede impedir, a decir que como tiene libertad de palabra, por ese solo hecho ya es periodista. 

El segundo proyecto de ley, que es sobre la actualización de las telecomunicaciones, está aplazado porque es indispensable que dicha iniciativa sea consultada y debatida en otros escenarios académicos, gremiales, empresariales y universitarios, ya que abarca asuntos como la radio y la televisión, que tienen un gran desarrollo, tanto tecnológico como académico

 

Por todo lo anterior, despedimos el 2018 con este breve comentario, con la esperanza de que en el 2019, sean iniciativas ajustadas y de ellas, tengamos buenas leyes, y que se utilice el tiempo que sea necesario para cumplir estos exigentes propósitos. ¡Feliz 2019!