¿ANUNCIOS DE CENSURA DEL GOBIERNO?

Con gran preocupación estamos ante la noticia de que el gobierno pretende anticipar una nueva la licitación del Canal Uno, a pesar de que tenemos otra vigente hasta el año 2037. El preámbulo ocurrió hace unos cuantos días, cuando el gobierno inició algunas investigaciones contra la entidad Plural Comunicaciones, que es la titular de la concesión, con el propósito de decretar la caducidad del contrato.

Los medios de comunicación que han habado con el señor Ramiro Andrade, presidente del Canal, dicen que se trata de un intento de expropiación, actuación que constituye, sin la menor duda, una enorme amenaza contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, en momentos tan cruciales que vivimos en Colombia, que es cuando más se requiere del ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, la libre deliberación frente a un gobierno que está a un año de terminar su gestión, con resultados que son bastantes cuestionados por diversos sectores de la sociedad colombiana.  

Se sabe que el presidente impartió instrucciones muy precisas al ministro de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, con el fin de iniciar la licitación del Canal Uno. Precisamente, el periódico El Tiempo del lunes 18 de agosto de 2025, en la página 1.3, afirma: “Aunque el presidente no ofreció una justificación jurídica clara, le dijo a su ministro TIC durante un consejo el pasado viernes 15 de agosto que su objetivo es impulsar un ´nueva forma de manejar la televisión´, que, a su juicio, debe estar en manos de las ´juventudes, de la gente del arte y la cultura´ y no del Gobierno ni de ´potentados económicos´, para sentenciar al final que en dicho contrato ´hay irregularidades´”.

 Se trata de una situación que, desde ahora, son graves amenazas en distintos campos, que podrían generar grandes consecuencias jurídicas, económicas y sociales, no solo para la Nación, que tendría que responder económicamente por las arbitrariedades e ilegalidades que se pueden cometer, sino también, porque serían irreparables los perjuicios y las consecuencias que se ocasionarían a los medios de comunicación audiovisuales y a los grupos de profesionales que, en forma organizada, participan con programas para enriquecer los contenidos de la televisión pública.

Como apenas estamos empezando este debate, y algunos miembros de agremiaciones representativos, ya empiezan a advertir de las intenciones perversas que encierra este proyecto de nueva licitación, es nuestro deber profesional, hacer una amplia convocatoria nacional e internacional para oponernos a  las pretensiones, que rechazamos ya, especialmente, impedir que tengamos una nueva época de censura, porque somos defensores incondicionales de la libertad de expresión, y siempre en contra de toda forma de censura.

 

 

 

ÚLTIMO AÑO DEL ACTUAL GOBIERNO

Dijimos el mes pasado: ¡Pausa necesaria! Ahora, deseamos que esa convocatoria, se refiera también al último año del actual gobierno. ¡Sí, del actual gobierno! Y lo decimos por muchas razones, ya que es determinante que todos los actos del actual gobierno, tendrán efectos en la vida de toda Colombia. Y todos sabemos que vivimos y viviremos un año calendario, desde el domingo 20 de julio de 2025 hasta la segunda vuelta presidencial que será el domingo 21 de junio de 2026, que será un año muy difícil.

Por consiguiente, deberíamos tener la esperanza de que todas las iniciativas del presidente Gustavo Petro, estén inspiradas en el bien común y que, en la práctica, sean propuestas realizables y no meras utopías, como las muchas que se han quedado en meras proclamas. Y, sobre todo, que frente a problemas tan graves y estructurales como la salud, tales iniciativas sí estén orientadas a trazar procesos que en el tiempo sean posibles y que, al mismo tiempo, vayan superando obstáculos. Ese debe ser el plan que se proponga, con veeduría, controles y evaluaciones periódicas para corregir los errores que se presenten.

Proyectos concebidos como la sugerencia que acabamos de formular, enriquecido con medios que permitan la participación eficaz de la ciudadanía y sobre todo, de aquella que tenga más relación con el contenido específico de cada proyecto, podría ser una alternativa, encaminada a hacerle frente a los muchos asuntos que constituyen problemas que padecemos por bastantes años y que siguen acumulándose y generando más conflictos.

Nos haríamos sumamente extensos si citamos algunas situaciones, como las sociales, las económicas, las políticas, las educativas, las científicas, las técnicas y las tecnológicas, que podrían ser objeto de un ambicioso plan de gobierno que, como dijeron otros, sea con el fin de “cerrar la brecha” y nos quedamos con el mera enunciado.

Pero también es la hora de llamar la atención a los políticos aspirantes al senado y a la cámara de representantes y a los precandidatos y candidatos a la presidencia de la república, que formulen planes de gobierno, que sean pertinentes y realistas, y que de los mismo, haya muchísimo debate, pero con gran participación de organizaciones serias, de universidades, de centros de estudio, de medios de comunicación y de otras entidades que quieran hacerlo, de manera que esas iniciativas no sean más demagogia sino soluciones posibles y necesarias para cada tema, para cada región y para toda Colombia.

¡PAUSA NECESARIA!

 

El mes pasado, comenzamos unos comentarios que consideramos muy importantes porque se referían a las telecomunicaciones, concepto que es bastante amplio y presente en la vida cotidiana, aunque muchas veces pasan inadvertidas, como el uso del teléfono, con las muchas y positivas aplicaciones y servicios que tiene y sus renovaciones permanentes que nos permiten estar en contacto y en tiempo real con todo el mundo. Sin embargo, en esta oportunidad, es necesario que hagamos alguna pausa, para que insistamos en que requerimos ser conscientes de que estamos viviendo momentos muy difíciles y complejos, sobre todo, en el ambiente político, que se expresa en atentados, casi que indiscriminados que, todos debemos rechazar y decir al unísono: ¡basta, ya!

Tal exhortación es una solicitud muy respetuosa a todos, sin diferencias ni creencias, sino en defensa del primer derecho que tenemos y que es fundamental, como es la vida, que es una experiencia única y que jamás volverá a repetirse.

Todos sabemos que el próximo año, tendremos dos acontecimientos políticos, que son y seguirán siendo tradiciones, aunque infortunadamente, muy ligados con la violencia. Nos referimos a las elecciones para el congreso, que comprenden la cámara de representantes y el senado, en el mes de marzo, y el 31 de mayo, la primera vuelta para elegir presidente de la república. Por eso, en lo que resta de 2025 y los primeros meses y días de 2026, serán muchas las actividades de campaña electoral que se realizarán en todo el territorio colombiano. Y sabemos que hay espacios geográficos, a donde hasta es casi que imposible que llegue el Estado, por medio de la fuerza pública. Igualmente, que los discursos de los candidatos tienen contenidos que deberían orientarse a  trabajar por las grandes y necesarias transformaciones que son urgentes y se han acumulado por muchos años.

En síntesis, que los aspirantes políticos, cuando se estén comunicando y pidiendo y convenciendo para lograr el apoyo que piden, que lo hagan a través de palabras que inviten a la convivencia pacífica, aunque tengamos diferencias, de distinto orden, pero siempre sin violencia, en este caso, verbal, sino que las palabras sean llamados a mantener posiciones siempre muy respetuosas con el otro, porque siempre tendrá que haber diferencias entre nosotros, pero que sean apenas lo natural y lo normal de la vida, ojalá de toda sociedad.  

 

 

 

¿Qué es el dominio .com?

Un asunto es enorme interés, que debería estar llamando la atención, sobre todo, de los medios de comunicación y de la academia, por ser un tema de soberanía nacional, es el relativo a un nuevo contrato para administrar el dominio de Colombia, que es o.com, a partir del 25 de octubre de este año, cuando habrá previa una nueva licitación.

Para aproximarnos a responder a la pregunta, recordamos que la Ley 1341 de 2009 es la norma que regula el vasto campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC. Por tanto, define los principios y los conceptos sobre la sociedad de la información en Colombia y la organización de las TIC. Podríamos extendernos y bastante, porque, además, es un asunto de mucha trascendencia y que tiene diversos aspectos que tienen conexidad. Sin embargo, en esta oportunidad, sólo nos vamos a referir en forma parcial al concepto de las telecomunicaciones, que, en esencia, se trata y abarca las comunicaciones que se realizan a través de la distancia y que requieren de un soporte especial para hacer posible la difusión de mensajes, como ocurre con el papel, para los medios impresos. En este caso, el soporte especial es un recurso natural que se llama el espectro electromagnético, definido por el artículo 75 de la Constitución Política, como “(…) un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. (…”.

Para un poco de comprensión, en esta oportunidad, decimos que las telecomunicaciones incluyen la telefonía, la radio, la televisión, los portales, las actividades digitales y, en la actualidad, incorporamos los correos electrónicos y la web, o World Wide Web (WWW). Para entenderla, los datos los tomamos del portal Google, formulada por la IA, que dice: “es un sistema de información global que se basa en hipertexto y hipermedios, accesible a través de Internet. Es una red de páginas interconectadas que permiten compartir información como texto, imágenes, videos y otros contenidos multimedia”.

Agregamos que, todo Estado, por ejercicio de su soberanía, aceptada universalmente, ejerza su poder en la tierra, en los mares y en el aire, donde está el espectro electromagnético, que en la actualidad y en Colombia, lo administra la Agencia Nacional del Espectro.  Por consiguiente, debemos ampliar los comentarios, porque del dominio .com, son muchos los asuntos que debemos decir para lograr una mayor y necesaria ilustración. Quedamos comprometidos.

 

 

 

LOS 70 AÑOS DE LA TELEVISIÓN COLOMBIANA

Un acontecimiento de enorme trascendencia estamos viviendo en estos días y es la celebración de los 70 años de la televisión colombiana, la cual, como un gran medio de comunicación está  íntimamente ligado a todos los campos de la vida nacional, regional, local, cultural, académica, gubernamental, intelectual y económica, pero, sobre todo, relacionado con los desarrollos tecnológicos de los medios de comunicación audiovisuales, como soporte indispensable para llevar los mensajes de las imágenes y sus diversos contenidos, llenos de vigor a toda Colombia. Y, obviamente, su conexidad con el derecho a la libertad de expresión es un asunto que no podemos desconocer y que sería un capítulo aparte, o mejor, de toda una investigación y de una obra completa porque son muchos los aspectos que tendrían que examinarse.

Por eso, nos haríamos bastante extensos si nos detuviéramos a comentar aspectos tan vitales como la historia de la televisión, que necesariamente está unida e inseparable del discurrir de la vida de nuestra vida.

Por ejemplo, al nacer la televisión, vivíamos la mala época, llamada de la violencia política, que no ha cesado por el surgimiento de otras violencias como las que provienen de los grupos alzados en armas, del narcotráfico y de la delincuencia, por solo citar algunas de estas manifestaciones.

Recordamos, entonces, que esa fecha del nacimiento de la televisión, que fue el 13 de junio de 1954, se cumplía el primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, conocido como el jefe supremo de las fuerzas armadas, también ese día fue la muerte de varios estudiantes que protestaban contra el gobierno de entonces.

Aunque había la esperanza de que la censura, vigente desde años atrás, contra la prensa y la radio, al menos se iba a morigerar un poco, esta esperanza no pasó de una fallida expectativa.

En fin, en ese medio político nació nuestra televisión, que años después de estar sujeta, no al Estado, sino a cada gobierno de turno y a su legislación, fue ampliando su quehacer con el surgimiento de programas de distintas modalidades y contenidos. Son asuntos tan importantes que la misma televisión y los demás medios de comunicación los han comentado en estos días.

Por ejemplo, un hecho que marcó y lo hizo de manera trascendental, en este campo, fue el estímulo de la televisión nacional para el nacimiento de la televisión regional, que empezó en el departamento de Antioquia, con su canal, Teleantioquia, que inauguró el 11 de agosto de 1985, fecha que conmemora nuestra independencia, ceremonia que encabezó en entonces presidente Belisario Betancur, con la ministra de comunicaciones, Nohemí Sanín.

Y tendríamos que abarcar la historia de la televisión, cuando le llegó el color, de la televisión privada, de la televisión regional, de los tipos de televisión como la analógica, la digital, la terrestre, por cable y por satélite, por solo hacer este breve comentario.

En síntesis, sabemos que se están realizando distintos y muy ricos programas nacionales y en distintas ciudades del país para destacar los valiosos aportes de la televisión en Colombia, que debemos aprovechar para tener una más grande ilustración.

 

LA EFICACIA SIMBÓLICA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Dice nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 1, que: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 Si nos detuviéramos para analizar este texto y entender el sentido, el alcance y, sobre todo, verificar el cumplimiento de sus mandatos, necesitaríamos mucho tiempo y casi que nunca acabaríamos. Igual sucede con el contenido de todas las normas jurídicas, tanto las que están en la Carta Magna, que acabamos de citar, como las que están en las muchas leyes que tenemos, aunque sí es necesario advertir que, toda disposición legal, tiene o debería estar relacionada con todas las normas superiores.

Sin embargo, es necesario insistir en un aspecto esencial para tenerlo siempre muy presente y es el relativo a comprobar si los mandatos de las normas jurídicas, en la realidad, se realizan, como es el deber ser de tales disposiciones, o, por el contrario, no son más que partes de las llamadas “buenas intenciones”. En otras palabras, será que se expide la norma, y se cree que ya el problema está resuelto. Es decir, la eficacia y los efectos de la norma están en su expedición, acompañada de amplia difusión, en cuya tarea, es importante la participación de los medios de comunicación.

Para ampliar las afirmaciones que acabamos de hacer, tenemos una excelente obra que recomendamos y debemos consultar, no solo para este caso, sino en general, cuando se trata de asuntos legales, y sobre situaciones específicas de orden público en Colombia. Dicha obra se llama: La eficacia simbólica del derecho del doctor Mauricio García Villegas. Con el debido respeto, tomamos esta corta cita, que es bastante pertinente:

“El derecho ha sido un instrumento político indispensable para encontrar un mundo posible e intermedio entre esos dos espacios sociales: entre el mundo salvaje de las rutinas que no se someten a las leyes y el mundo moderno y ajeno de las leyes que le dan la espalda a los hechos y a las costumbres. El derecho nos ha permitido mantener esos dos mundos discordantes (en medio de la esquizofrenia) sin tener que sufrir el costo de renunciar a uno de ellos; utilizando cada uno según las necesidades y los vientos que corren, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Para bien y para mal, el derecho ha sido la argamasa semántica que nos ha permitido vivir entre el pasado y el futuro, entre las ruinas y las ilusiones, escamoterando el presente”. (Pág. 36)

Precisamente, en Colombia, a pesar de que tenemos la Constitución de 1991, que ha sido reformada en muchas veces, sin alcanzar su pleno desarrollo, ahora, según el presidente, se requiere de una Asamblea Constituyente, para nuevas reformas en varios asuntos importantes, entre ellos, por ejemplo, en el campo de la justicia, cuando ya tenemos una comisión que trabaja en dicha propuesta. Por tanto, no se requiere de Asamblea Constituyente, ni tampoco tal propuesta puede tener efecto simbólico de que se encontró el camino para resolver graves problemas que tenemos

Esta es la respuesta que le damos al presidente de la república, cuando el día viernes 15 de marzo de 2024, en la ciudad de Cali, ante la minga indígena y otros asistentes, dijo: “Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”. Texto de El Colombiano, marzo 16 de 2024, página 10.

 

 

 

EL GOBERNANTE TIENE EL DEBER DE SABER COMUNICAR

Las recientes actuaciones y declaraciones de los funcionarios más cercanos al presidente de la república, como son los ministros de hacienda y crédito público, de relaciones exteriores y de deportes, han creado un ambiente de incertidumbre en todo el país, porque sus palabras no son tan claras y concretas, como deberían ser, que finalmente, no sabemos qué es lo que está pasando en el alto gobierno y, sobre todo, porque los mensajes para comunicar sus decisiones de interés colectivo, son confusos y muchas veces hasta contradictorios frente al deber de respetar la constitución y, la ley, en cada materia especifica, y especialmente, nunca faltar a la verdad, como parte del derecho de la sociedad a ser bien informada.     

Tal situación tiene efectos perversos y dañinos en una democracia, donde uno de sus principios esenciales consiste en presumir que los acuerdos y los desacuerdos, tanto entre los ciudadanos, como entre éstos y los gobernantes, y entre los mismos gobernantes de distinto orden, siempre requieren, como fundamento básico, para propiciar, la que hemos dicho tantas veces, necesaria deliberación pública, que se expresen en un lenguaje que, frente a la realidad, siempre tengan como soporte la verdad, un término que seguramente, todas las veces creará polémica, pero lo importante es controvertir con soportes sólidos.

Por ejemplo, en el reciente caso, de los dineros aprobados por el congreso para garantizar la realización de obras de inmensa trascendencia pública en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Antioquia, desaparecieron de los compromisos que dijo tener el alto gobierno. Y, como era apenas lo normal de esperarse en este tipo de asuntos públicos, que por su propia naturaleza demandan el interés colectivo, que vino la reacción de las autoridades regionales porque la información del ministerio de hacienda, excluía dicho dinero, ya comprometido, y en consecuencia faltaba a la verdad.

Después del alboroto en toda Colombia, y del papel de los medios de comunicación, que investigaban y contaban sobre estos hechos noticiosos, que originaron, además, la salida de empleados que llevaban varios años de trabajo, sin estar en esas posiciones por motivación y representación política sino porque eran cargos con claro requisitos de conocimientos técnicos, el gobierno dijo que corrigió el error para que la situación regresara al lugar donde debía permanecer.

Sobre el ministerio de relaciones exteriores, su titular ha debido, sin demora alguna, acatar la suspensión provisional, retirarse del cargo y asumir la defensa, pero no manifestar, confusamente y arbitrariamente, que su designación o remoción dependía del superior que es el presidente de la república. No. Siempre hay que respetar las competencias de otros órganos del Estado.

Y del ministerio del deporte es mucho lo que se ha dicho, tanto por altos funcionarios de Colombia, como por otras instituciones y personas conocedores de la materia, que finalmente, en medio del caos y del desorden informativo, lo que se sabe con certeza es que Colombia, Barranquilla y ciudades cercanas, perdieron la gran oportunidad de realizar los juegos panamericanos de 2027, que, desde ahora, anunciaban grandes certámenes con muchos beneficios.

La conclusión inevitable pero necesaria y dolorosa es aceptar que los gobernantes de todo orden, tienen el deber de saber comunicar y uno de los requisitos es siempre decir la verdad.