Los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 2010, participamos en el VI Encuentro EPM con medios alternativos en la ciudad de Medellín. En resumen, fue un acontecimiento de enorme trascendencia, en todo sentido: organización, participantes, conferencistas, temas novedosos y la entrega del libro: Los Periodistas y el Derecho a la Información en Colombia. Por eso, en forma breve, debemos destacar, sobre todo, las experiencias que conocimos, entre ellas, las relativas a comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en la región andina colombiana: caso de la fundación Planeta y Vida del departamento del Cauca; Radio Cometa de San gil, Santander; Cooperativa Multiactiva de Televisión Comunitaria ComuTV, del Carmen de Viboral, en Antioquia; periódico El Suroeste; Agencia Pincho; identificación de herramientas y recursos gratuitos en la web para medios alternativos: radio; y la identificación de herramientas y recursos gratuitos en la web para medios alterantivos: televisión.
Por tanto, esta fue la oportunidad para destacar las funciones tan necesarias que día a día cumplen los medios de comunicación alternativos. Ellos se han constituido en un aporte esencial en la vida de las comunidades, pues, ellas tienen en éstos, los voceros de intereses, aspiraciones, proyectos, desarrollos y, en general, del sentir y desear de los pueblos que, por fin, cuentan con una voz que los identifica, los representa y expresa, en forma permanente, los mensajes que aglutinan a sus pobladores.
Estamos, pues, viviendo una auténtica democracia deliberativa, desde esa gran perspectiva que estuvo olvidada por tantos años: el ejercicio de la libertad de expresión, como un derecho fundamental de toda sociedad. Por eso, en la medida en que este ejercicio se amplíe y se consolide, sus aportes son constantes, en distintos campos, como la cultura, la política, los derechos humanos, el conocimiento sobre el quehacer de los órganos de gobierno, el examen de los actos de las autoridades, la educación, la convivencia y el debate público alrededor de asuntos de importancia colectiva, como obras públicas, inversiones y proyectos de distinto orden, entre los temas que poco a poco van surgiendo.
Es, pues, loable el auspicio de Empresas Públicas de Medellín, desde su Unidad de Comunicaciones que dirige la doctora Ana Cristina Navarro Posada y todo el equipo de comunicadores, con el liderazgo del profesional John Jairo Sossa Martínez. Desde ahora, anuncian que el próximo año, este importante certamen será de cobertura nacional. Significa que se estimulará el surgimiento de más medios alternativos en todo el territorio colombiano. Será, entonces, una contribución tan invaluable, que nos anticipamos a augurar éxito y a reconocer que se trata de un proyecto bastante ambicioso en el amplio campo de las comunicaciones, cuyos resultados serán siempre en bien de las poblaciones desde donde estén los medios alternativos. Tenemos la plena certeza de que se cambiaran las costumbres, porque se motivará a los habitantes de cada pueblo a identificarse con su medio y a éste, a ser siempre innovador en sus contenidos, para ilustrar a sus lectores, oyentes o televidentes.
Y, finalmente, la entrega, de ese gran regalo a todos los participantes de la obra: Los Periodistas y el Derecho a la Información en Colombia, la cual es el germen del portal: www.azaelcarvajal.com que pronto tendrá otros íconos como: consultorio iusinformativo, leyes, sentencia, noticias, asesorías, consultorías y representación legal, consideramos que cerró con broche de oro, este VI Encuentro de EPM con medios alternativos, pues, este libro será de mucho provecho para los directores de dichos medios.
martes, 30 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
Cayó ley de inteligencia y contrainteligencia
La Ley 1288, del 5 de marzo de 2009, por medio del cual se expidieron normas para fortalecer el marco legal que permitía a los organismos del Estado, llevar a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictaron otras disposiciones, fue declarada inconstitucional. Aparentemente, es una noticia que poco dice, si no se analizan las razones por las cuales, desaparece del ordenamiento legal.
Aunque podríamos extendernos bastante, porque además es necesario para una suficiente ilustración, sólo nos referiremos a temas que son de nuestra pertinencia y que corresponden a varios aspectos del derecho a la información. Recordemos que éste, hace parte de los derechos fundamentales. Por tanto, para su regulación, la Carta Magna de 1991, establece un procedimiento especial. El artículo 152 dice que se trata de leyes estatutarias, es decir, son distintas a las ordinarias porque tienen reserva de materia, o sea, se limitan a unas materias concretas: derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y los recursos para su protección; administración de justicia; organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; instituciones y mecanismos de participación ciudadana; estados de excepción; y la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la república que reúnan los requisitos que determine la ley. Y el procedimiento para su trámite, aprobación y revisión previa de la Corte Constitucional antes de la sanción presidencial, es otra característica que diferencia este tipo de leyes.
La Ley 1288, en algunos de sus mandatos, regulaba derechos fundamentales, sin que pudiera hacerlo. Precisamente, a dichos asuntos nos vamos a referir, en forma breve. Por ejemplo, los datos de inteligencia y contrainteligencia que reposaban en los CPD -Centros de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia y Contraintelitencia-, al estar amparados por la reserva legal, no podían hacerse públicos ni ser difundidos a particulares. Era una manera de impedir que una persona pudiera conocer, actualizar, rectificar y oponerse a los datos suyos que estuvieran en archivos o bancos de datos, como lo ordena el artículo 15 de la Constitución Política.
Además, los documentos, la información y los elementos técnicos que estuvieran en los CPD, estaban amparados por la reserva legal por un término máximo de 40 años y tenían el carácter de información reservada, según el grado de clasificación que les correspondiera en cada caso. En este sentido, una reserva de 40 años es muy exagerada. Por tanto, no era posible que una persona pudiera tener acceso a dicha información. En otras palabras, este derecho fundamental, proclamado ampliamente, en el artículo 20 de la Carta Magna, en la práctica, era nugatorio.
También, decía que los servidores públicos de los organismos que desarrollaban actividades de inteligencia y contrainteligencia estaban obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hubieran visto, oído o comprendido. Asimismo, estos servidores públicos estaban exonerados del deber de denunciar y no podían ser obligados a declarar. Por lo anterior, dichas personas, se excluían de ser vinculados o llamados a un proceso, o de denunciar la comisión de delitos que conozcan.
Además, en ningún caso, los informes de inteligencia tenían valor probatorio dentro de procesos judiciales. Era otra forma de impedir la administración de justicia, sobre todo, porque en muchas ocasiones, sólo se contarían con aquellos informes.
En síntesis, se trataba de una ley que, aunque, en términos generales, debe existir en un Estado, su contenido no puede contrariar la norma superior, ni reñir con los principios constitucionales de una democracia, respetuosa de los derechos humanos. Por consiguiente, ojalá, cuando se redacte el nuevo proyecto, haya un gran debate público para evitar que se presenten nuevas situaciones como ésta, y que haya mucha controversia y aportes desde los distintos puntos de vista.
Aunque podríamos extendernos bastante, porque además es necesario para una suficiente ilustración, sólo nos referiremos a temas que son de nuestra pertinencia y que corresponden a varios aspectos del derecho a la información. Recordemos que éste, hace parte de los derechos fundamentales. Por tanto, para su regulación, la Carta Magna de 1991, establece un procedimiento especial. El artículo 152 dice que se trata de leyes estatutarias, es decir, son distintas a las ordinarias porque tienen reserva de materia, o sea, se limitan a unas materias concretas: derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y los recursos para su protección; administración de justicia; organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; instituciones y mecanismos de participación ciudadana; estados de excepción; y la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la república que reúnan los requisitos que determine la ley. Y el procedimiento para su trámite, aprobación y revisión previa de la Corte Constitucional antes de la sanción presidencial, es otra característica que diferencia este tipo de leyes.
La Ley 1288, en algunos de sus mandatos, regulaba derechos fundamentales, sin que pudiera hacerlo. Precisamente, a dichos asuntos nos vamos a referir, en forma breve. Por ejemplo, los datos de inteligencia y contrainteligencia que reposaban en los CPD -Centros de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia y Contraintelitencia-, al estar amparados por la reserva legal, no podían hacerse públicos ni ser difundidos a particulares. Era una manera de impedir que una persona pudiera conocer, actualizar, rectificar y oponerse a los datos suyos que estuvieran en archivos o bancos de datos, como lo ordena el artículo 15 de la Constitución Política.
Además, los documentos, la información y los elementos técnicos que estuvieran en los CPD, estaban amparados por la reserva legal por un término máximo de 40 años y tenían el carácter de información reservada, según el grado de clasificación que les correspondiera en cada caso. En este sentido, una reserva de 40 años es muy exagerada. Por tanto, no era posible que una persona pudiera tener acceso a dicha información. En otras palabras, este derecho fundamental, proclamado ampliamente, en el artículo 20 de la Carta Magna, en la práctica, era nugatorio.
También, decía que los servidores públicos de los organismos que desarrollaban actividades de inteligencia y contrainteligencia estaban obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hubieran visto, oído o comprendido. Asimismo, estos servidores públicos estaban exonerados del deber de denunciar y no podían ser obligados a declarar. Por lo anterior, dichas personas, se excluían de ser vinculados o llamados a un proceso, o de denunciar la comisión de delitos que conozcan.
Además, en ningún caso, los informes de inteligencia tenían valor probatorio dentro de procesos judiciales. Era otra forma de impedir la administración de justicia, sobre todo, porque en muchas ocasiones, sólo se contarían con aquellos informes.
En síntesis, se trataba de una ley que, aunque, en términos generales, debe existir en un Estado, su contenido no puede contrariar la norma superior, ni reñir con los principios constitucionales de una democracia, respetuosa de los derechos humanos. Por consiguiente, ojalá, cuando se redacte el nuevo proyecto, haya un gran debate público para evitar que se presenten nuevas situaciones como ésta, y que haya mucha controversia y aportes desde los distintos puntos de vista.
martes, 16 de noviembre de 2010
El periodismo también es historia
Este mes de noviembre, nos trae el doloroso recuerdo de dos hechos que han dejado una profunda huella en los colombianos. Han pasado 25 años, de la toma violenta del palacio de justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Y también han transcurrido 25 años, de la desaparición de Armero, la segunda ciudad del departamento del Tolima.
Sobre estos dos acontecimientos luctuosos es mucha la investigación que se ha hecho. Por eso, se han publicado libros, también se tienen películas y son muy abundante las colecciones de fotografías. Tan valioso material permitirá que en los años venideros, no lleguemos al olvido, y que las amargas enseñanzas que nos dejaron, contribuyan a pensar en forma más positiva el futuro de Colombia.
Por lo anterior, conviene hacer una corta reflexión sobre la función tan esencial del periodismo en la sociedad, porque al tiempo que la entera de los acontecimientos que adquieren el carácter de noticias, éstas se documentan, según la especificidad de cada medio, para la posteridad. Y cuando contamos con distintos medios, que a la vez, tienen diversa orientación, podemos tener la certeza de contar con un material que se ha elaborado con criterios de pluralismo y divergencia, de manera que mañana, se pueda examinar el pasado, con la seguridad de tener un conocimiento más amplio de hechos que han marcado la historia de nuestro país.
Colombia, que es un país bastante dinámico en noticias de distintos contenidos, muchas veces hasta exóticas. Por eso, en algunas ocasiones estamos expuestos a pasar, rápidamente, de un acontecimiento a otro y, en consecuencia, a olvidar el seguimiento que se debe hacer a los hechos para que no desaparezcan pronto del escenario público.
Así suene a expresión de cajón, debemos reconocer que un buen periodismo, plural, diverso, imparcial y cada vez más comprometido con la investigación para encontrar su propia verdad, contribuye a escribir una historia con iguales características, tan indispensable en un sistema que se enorgullece de autoproclamarse democrático, en el amplio sentido de la palabra.
Si continuamos con esta norma de comportamiento, que es lo ideal, con toda certeza, podemos afirmar que cada día se consolida un periodismo que hará grandes aportes a la historia colombiana y contribuirá, también, a elevar el nivel cultural, político y cívico de la sociedad colombiana.
Sobre estos dos acontecimientos luctuosos es mucha la investigación que se ha hecho. Por eso, se han publicado libros, también se tienen películas y son muy abundante las colecciones de fotografías. Tan valioso material permitirá que en los años venideros, no lleguemos al olvido, y que las amargas enseñanzas que nos dejaron, contribuyan a pensar en forma más positiva el futuro de Colombia.
Por lo anterior, conviene hacer una corta reflexión sobre la función tan esencial del periodismo en la sociedad, porque al tiempo que la entera de los acontecimientos que adquieren el carácter de noticias, éstas se documentan, según la especificidad de cada medio, para la posteridad. Y cuando contamos con distintos medios, que a la vez, tienen diversa orientación, podemos tener la certeza de contar con un material que se ha elaborado con criterios de pluralismo y divergencia, de manera que mañana, se pueda examinar el pasado, con la seguridad de tener un conocimiento más amplio de hechos que han marcado la historia de nuestro país.
Colombia, que es un país bastante dinámico en noticias de distintos contenidos, muchas veces hasta exóticas. Por eso, en algunas ocasiones estamos expuestos a pasar, rápidamente, de un acontecimiento a otro y, en consecuencia, a olvidar el seguimiento que se debe hacer a los hechos para que no desaparezcan pronto del escenario público.
Así suene a expresión de cajón, debemos reconocer que un buen periodismo, plural, diverso, imparcial y cada vez más comprometido con la investigación para encontrar su propia verdad, contribuye a escribir una historia con iguales características, tan indispensable en un sistema que se enorgullece de autoproclamarse democrático, en el amplio sentido de la palabra.
Si continuamos con esta norma de comportamiento, que es lo ideal, con toda certeza, podemos afirmar que cada día se consolida un periodismo que hará grandes aportes a la historia colombiana y contribuirá, también, a elevar el nivel cultural, político y cívico de la sociedad colombiana.
miércoles, 10 de noviembre de 2010
¿Cómo informar sobre las tragedias?
Estamos viviendo en Colombia una situación bastante delicada por el invierno que soportamos hace varios meses y parece, según los expertos, que se va a extender por un tiempo todavía largo. Las consecuencias diarios del exceso de agua, las conocemos todos los días por las noticias que nos proporcionan los distintos medios de comunicación. Ante tan graves hechos, nos debemos preguntar: ¿cómo deben informar los medios?
Dicha pregunta nos debe llevar a una reflexión seria sobre las funciones tan importantes que cumplen los profesionales del periodismo y de las comunicaciones, especialmente, cuando los hechos los constituyen las tragedias que afectan en forma despiadada a muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en las inundaciones de casas, en horas de la noche, cuando las personas están descansando y, en forma casi inesperada, los despierta el agua, que los rodea por todas partes. También en las pérdidas de cosechas, de animales y, cuando en otras ocasiones, es la muerte de nuestros seres queridos que, inermes, son sepultados por enormes cantidades de tierra, lodo, piedras y todo cuando objeto arrastró el desbordamiento de una quebrada o de un gran río. Y después viene el drama de su rescate.
El dolor, los padecimientos, las enfermedades, las privaciones de alimento y de los más elementales necesarios para vivir, en la mayoría de las veces, son parte de las consecuencias que viven muchas compatriotas en estos momentos.
Precisamente, frente a tales acontecimientos, quienes tienen la tarea de informarnos, deben estar atentos y ser muy cuidadosos, respetuosos y prudentes para averiguar, fotografiar, filmar y, en general, conseguir el material para luego difundirlo.
Por tanto, apoyados en la ética y en las normas legales, debemos afirmar que siempre habrá que observar el máximo respeto hacia las víctimas, sobre todo, cuando se dialogue con ellas, para averiguar por los daños sufridos, por las necesidades que tienen, por las pérdidas irreparables de sus bienes y hasta de sus seres queridos. Igualmente, para grabar la conversación, para mostrarnos los desastres de las tragedias, y para exhortar a los oyentes, televidentes y lectores a la solidaridad, de manera que un esfuerzo colectiva, permita superar, así sea parcialmente, las privaciones que tienen las personas que sufren las consecuencias del invierno.
En síntesis, informar la verdad, respetar los derechos y el dolor de las víctimas, no convertir estas tragedias en mensajes espectáculos, y convocar a los ciudadanos para que, por medio de entidades serias, como la Cruz Roja, apoyemos la tarea humanitaria de brindar solidaridad a tantas víctimas. Y pensar, que después de estos momentos, será indispensable un vasto plan de recuperación de viviendas, de servicios públicos de agua y de energía, seguir con la reparación de vías, ... en fin, juntos, mediante organizaciones comunitarios y con el gobierno, como gran director de un trabajo mancomunado, unirnos en un gran plan de: ¡manos a la obra!, en pro de los colombianos que hoy sufren tanto. Y, no nos podemos olvidar, del aporte tan valioso y necesario de los medios de comunicación, en manos de profesionales muy competentes para trabajar todos, juntos, tras una causa muy noble.
Dicha pregunta nos debe llevar a una reflexión seria sobre las funciones tan importantes que cumplen los profesionales del periodismo y de las comunicaciones, especialmente, cuando los hechos los constituyen las tragedias que afectan en forma despiadada a muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en las inundaciones de casas, en horas de la noche, cuando las personas están descansando y, en forma casi inesperada, los despierta el agua, que los rodea por todas partes. También en las pérdidas de cosechas, de animales y, cuando en otras ocasiones, es la muerte de nuestros seres queridos que, inermes, son sepultados por enormes cantidades de tierra, lodo, piedras y todo cuando objeto arrastró el desbordamiento de una quebrada o de un gran río. Y después viene el drama de su rescate.
El dolor, los padecimientos, las enfermedades, las privaciones de alimento y de los más elementales necesarios para vivir, en la mayoría de las veces, son parte de las consecuencias que viven muchas compatriotas en estos momentos.
Precisamente, frente a tales acontecimientos, quienes tienen la tarea de informarnos, deben estar atentos y ser muy cuidadosos, respetuosos y prudentes para averiguar, fotografiar, filmar y, en general, conseguir el material para luego difundirlo.
Por tanto, apoyados en la ética y en las normas legales, debemos afirmar que siempre habrá que observar el máximo respeto hacia las víctimas, sobre todo, cuando se dialogue con ellas, para averiguar por los daños sufridos, por las necesidades que tienen, por las pérdidas irreparables de sus bienes y hasta de sus seres queridos. Igualmente, para grabar la conversación, para mostrarnos los desastres de las tragedias, y para exhortar a los oyentes, televidentes y lectores a la solidaridad, de manera que un esfuerzo colectiva, permita superar, así sea parcialmente, las privaciones que tienen las personas que sufren las consecuencias del invierno.
En síntesis, informar la verdad, respetar los derechos y el dolor de las víctimas, no convertir estas tragedias en mensajes espectáculos, y convocar a los ciudadanos para que, por medio de entidades serias, como la Cruz Roja, apoyemos la tarea humanitaria de brindar solidaridad a tantas víctimas. Y pensar, que después de estos momentos, será indispensable un vasto plan de recuperación de viviendas, de servicios públicos de agua y de energía, seguir con la reparación de vías, ... en fin, juntos, mediante organizaciones comunitarios y con el gobierno, como gran director de un trabajo mancomunado, unirnos en un gran plan de: ¡manos a la obra!, en pro de los colombianos que hoy sufren tanto. Y, no nos podemos olvidar, del aporte tan valioso y necesario de los medios de comunicación, en manos de profesionales muy competentes para trabajar todos, juntos, tras una causa muy noble.
martes, 2 de noviembre de 2010
El buen uso del lenguaje
Para empezar, tenemos que afirmar una verdad que no admite discusión alguna: la comprensión de un mensaje, depende del buen uso del lenguaje, entendido, en todo el sentido de la palabra. Es decir, con el empleo de las palabras precisas, cuyo significado no ofrezca dudas. Con la puntuación adecuada. En otros términos, cuando se acatan todas las reglas de la lengua, para evitar quedarnos en meros enunciados.
Por tanto, todos los profesionales del periodismo y de las comunicaciones, para que cumplan a plenitud la enorme tarea que han asumido en forma voluntaria, la cual, a la vez, lleva también un gran responsabilidad social, requieren de una profunda formación, del estudio permanente y del buen uso del lenguaje en cada acto comunicativo que realicen. En caso contrario, en lugar de ejecutar una labor en bien de los asociados, hacen todo lo contrario: desinformarlos, desorientarlos, confundirlos y podría seguir agregando calificativos.
En consecuencia, esta corta reflexión tiene como propósito, hacer un alto en el camino, en la fatiga diaria, muchas veces sin descanso, para examinar y pensar si realmente estamos cumpliendo, como de ser, nuestra tarea profesional. O, si, por el contrario, por el afán constante, que no permite revisar los textos, corregirlos y adecuarlos al medio de comunicación, estamos trabajando como máquinas que repiten y repiten las palabras, sin tener conciencia de lo que se dice y, sobre todo, muchas veces, sin caer en la cuenta de los errores para enmendarlos prontamente.
Por consiguiente, para que se alcance la satisfacción del derecho a la información de la sociedad, para que los profesionales cumplamos nuestro compromiso y para que las empresas cada vez se consoliden por la seriedad, la responsabilidad y la confianza que tienen depositada en las personas que están bajo su tutela laboral, porque han establecido políticas claras y transparentes en el manejo de los mensajes que relatan y difunden sobre los acontecimientos de interés colectivo, entonces, en tal situación, sí podemos decir con toda certeza, que gracias al buen manejo del lenguaje, estamos informando veraz y cumplidamente a la comunidad.
Por tanto, todos los profesionales del periodismo y de las comunicaciones, para que cumplan a plenitud la enorme tarea que han asumido en forma voluntaria, la cual, a la vez, lleva también un gran responsabilidad social, requieren de una profunda formación, del estudio permanente y del buen uso del lenguaje en cada acto comunicativo que realicen. En caso contrario, en lugar de ejecutar una labor en bien de los asociados, hacen todo lo contrario: desinformarlos, desorientarlos, confundirlos y podría seguir agregando calificativos.
En consecuencia, esta corta reflexión tiene como propósito, hacer un alto en el camino, en la fatiga diaria, muchas veces sin descanso, para examinar y pensar si realmente estamos cumpliendo, como de ser, nuestra tarea profesional. O, si, por el contrario, por el afán constante, que no permite revisar los textos, corregirlos y adecuarlos al medio de comunicación, estamos trabajando como máquinas que repiten y repiten las palabras, sin tener conciencia de lo que se dice y, sobre todo, muchas veces, sin caer en la cuenta de los errores para enmendarlos prontamente.
Por consiguiente, para que se alcance la satisfacción del derecho a la información de la sociedad, para que los profesionales cumplamos nuestro compromiso y para que las empresas cada vez se consoliden por la seriedad, la responsabilidad y la confianza que tienen depositada en las personas que están bajo su tutela laboral, porque han establecido políticas claras y transparentes en el manejo de los mensajes que relatan y difunden sobre los acontecimientos de interés colectivo, entonces, en tal situación, sí podemos decir con toda certeza, que gracias al buen manejo del lenguaje, estamos informando veraz y cumplidamente a la comunidad.
lunes, 25 de octubre de 2010
Los delitos contra el patrimonio moral
La revista Semana, # 1485, páginas 34 a 35, trae un interés análisis sobre los delitos que atentan contra el patrimonio moral de una persona: injuria y calumnia. El código penal, los define con precisión:
"Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
Se trata de un tema que requiere de un examen más detallado. Por eso, primero, es necesario explicar con claridad en qué consiste cada figura. Después, trasladarlo al campo de los medios de comunicación. Y, es en este escenario, donde precisamente, con mayor frecuencia, últimamente, los titulares nos traen, como noticias, los anuncios de que se avecinan varios procesos, bien sea, porque se averiguará a un periodista determinado por lo que dijo o escribió; o, porque la persona contra quien se hace una denuncia, asegura que acudirá a las autoridades para pedir una investigación por alguno de los dos delitos antes mencionados.
La revista Semana se refiere a estos casos: Salud Hernández vs. Jaime Arruba; Claudia López vs. Ernesto Samper; Rodrigo Lara vs. Álvaro Uribe; José Obdulio Gaviria y Francisco Santos vs. Sindicalistas; "Mata Hari" vs. Felipe Muñoz; César Julio Valencia vs. Álvaro Uribe; Coronell, Ospina y Dávila vs. José Obdulio Gaviria; y Jaime Lombana vs. Álvaro Dávila. Por lo anterior, estaremos pendientes del desarrollo de estas confrontaciones a ver en qué terminan.
Y, la semana, que termina, nos trae varios protagonistas, todos, relacionados con los asuntos de los contratos del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Díaz, quien anunció una rueda de prensa, pero se limitó a decir que estaba cansado de todo lo que han dicho de él, de su señora madre, de su cónyuge y de su hermano Iván. En síntesis él también va a denunciar por los posibles delitos de injuria y calumnia, y quienes están en la otra parte, también afirman que harán lo mismo.
En otras palabras, los delitos mencionados, cuya consumación constituye grave atentado contra varios derechos fundamentales que tienen relación con los derechos de la personalidad, entre ellos, la dignidad, el buen nombre y el honor, y que hacen parte del patrimonio moral de cada ser humano, están presentes en las distintas controversias en las que están involucrados altos empleados del Estado. Y, un aspecto que es un común denominador, consiste en que, en lugar de que haya un debate público, que aclarare los rumores, lo que hacen los protagonistas es evadir las explicaciones que deben a la sociedad sobre sus actuaciones y, por tanto, crean más confusión.
Por todo lo anterior, ahora, deberán periodistas y medios de comunicación, asumir una actitud de exigencia a dichas personas para que, en lugar de sus declaraciones vagas, vayan al grano y precisen sus comportamientos y refuten cada uno de los cargos que se les formulen y no se limiten a decir que harán las denuncias ante las autoridades competentes para que investiguen a sus contradictores.
La sociedad reclama, como su derecho esencial, informarse, pero de verdad, sobre los asuntos de interés público que se difunden en los medios de comunicación y que, en la mayoría de las veces, como sucede en la actualidad, se limitan a decir que se pedirán investigaciones sin hacer las aclaraciones que reclamamos todas las personas interesadas en saber qué pasa y qué hacen las autoridades que, como nuestros mandatarios, no cumplen sus deberes legales.
"Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
Se trata de un tema que requiere de un examen más detallado. Por eso, primero, es necesario explicar con claridad en qué consiste cada figura. Después, trasladarlo al campo de los medios de comunicación. Y, es en este escenario, donde precisamente, con mayor frecuencia, últimamente, los titulares nos traen, como noticias, los anuncios de que se avecinan varios procesos, bien sea, porque se averiguará a un periodista determinado por lo que dijo o escribió; o, porque la persona contra quien se hace una denuncia, asegura que acudirá a las autoridades para pedir una investigación por alguno de los dos delitos antes mencionados.
La revista Semana se refiere a estos casos: Salud Hernández vs. Jaime Arruba; Claudia López vs. Ernesto Samper; Rodrigo Lara vs. Álvaro Uribe; José Obdulio Gaviria y Francisco Santos vs. Sindicalistas; "Mata Hari" vs. Felipe Muñoz; César Julio Valencia vs. Álvaro Uribe; Coronell, Ospina y Dávila vs. José Obdulio Gaviria; y Jaime Lombana vs. Álvaro Dávila. Por lo anterior, estaremos pendientes del desarrollo de estas confrontaciones a ver en qué terminan.
Y, la semana, que termina, nos trae varios protagonistas, todos, relacionados con los asuntos de los contratos del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Díaz, quien anunció una rueda de prensa, pero se limitó a decir que estaba cansado de todo lo que han dicho de él, de su señora madre, de su cónyuge y de su hermano Iván. En síntesis él también va a denunciar por los posibles delitos de injuria y calumnia, y quienes están en la otra parte, también afirman que harán lo mismo.
En otras palabras, los delitos mencionados, cuya consumación constituye grave atentado contra varios derechos fundamentales que tienen relación con los derechos de la personalidad, entre ellos, la dignidad, el buen nombre y el honor, y que hacen parte del patrimonio moral de cada ser humano, están presentes en las distintas controversias en las que están involucrados altos empleados del Estado. Y, un aspecto que es un común denominador, consiste en que, en lugar de que haya un debate público, que aclarare los rumores, lo que hacen los protagonistas es evadir las explicaciones que deben a la sociedad sobre sus actuaciones y, por tanto, crean más confusión.
Por todo lo anterior, ahora, deberán periodistas y medios de comunicación, asumir una actitud de exigencia a dichas personas para que, en lugar de sus declaraciones vagas, vayan al grano y precisen sus comportamientos y refuten cada uno de los cargos que se les formulen y no se limiten a decir que harán las denuncias ante las autoridades competentes para que investiguen a sus contradictores.
La sociedad reclama, como su derecho esencial, informarse, pero de verdad, sobre los asuntos de interés público que se difunden en los medios de comunicación y que, en la mayoría de las veces, como sucede en la actualidad, se limitan a decir que se pedirán investigaciones sin hacer las aclaraciones que reclamamos todas las personas interesadas en saber qué pasa y qué hacen las autoridades que, como nuestros mandatarios, no cumplen sus deberes legales.
martes, 12 de octubre de 2010
La campaña electoral de 2011
En Colombia, como es ya una tradición, con mucha anticipación a las elecciones, empieza el proceso de "dar a conocer" o hacer "el mercadeo de los candidatos". En otras palabras, son los medios de comunicación, los instrumentos a través de los cuales, los aspirantes a los cargos de representación popular: gobernador, diputado, alcalde y concejal, informan a la comunidad sobre sus aspiraciones, comunican los equipos de trabajo que los acompañan y hacen las propuestas de gestión. Y, en seguida, inician los recorridos por municipios, veredas y barrios, para atraer a los electores. Se trata de un proceso bastante interesante, para que mediante, el uso de todos los recursos de la palabra, se llegue hasta el mayor número de personas, mediante un contacto, en la mayoría de las veces, personal, para convencer al votante.
Dicho proceso tiene varios componentes. El primero, es obviamente, el relacionado con las estrategias de comunicación. Entran en juego, los publicistas, los periodistas, los comunicadores, los fotógrafos, los diseñadores, los maestros de ceremonia y, seguramente, los consejeros y asesores de imagen. En esencia, tienen que saber llegar a las personas, no a las masas. Tienen que llamar la atención, motivar, convencer y mantener el interés del ciudadano que es contactado.
Otro componente esencial, que se desprende del anterior, es el político, es decir, explicar las razones que justifican la participación en el proceso electoral. Tendrá que hablarse de ciudadano y todo el contenido de este concepto. De los derechos que tiene frente al gobernante, de los deberes que éste asume frente, no sólo ante quienes eligen, sino ante toda la comunidad, de los medios de control del gobernante por parte de otras autoridades y de la misma sociedad, de su deber de rendir cuentas, de su comunicación y contacto permanente con la sociedad. En fin, son muchos los aspectos para tener en cuenta.
Y así, podrían sumarse otros tópicos que guardan relación con el proceso informativo y electoral. Por tanto, esta oportunidad se constituye en una reflexión anticipada que nos corresponde a todos: profesionales del periodismo y de las comunicaciones, directores de medios de comunicación, ciudadanos y autoridades. Todos, debemos detenernos a pensar sobre nuestro vínculo con este acontecimiento que también tiene mucho que ver con la cultura política, porque, por naturaleza somos "animales políticos" en el buen sentido de la palabra. Por eso, vivimos en sociedad, con reglas de juego claras a las que nos atenemos en las actividades cotidianas y son el marco de referencia para la convivencia civilizada, pacífica, deliberante y libre, que nos permite suficiente ilustración, para después tomar las decisiones.
Por consiguiente, el llamamiento es para estar atentos a todo el acontecer que se avecina y a la información y demás mensajes que nos proporcionen los medios de comunicación, para participar en la deliberación pública, consultar a los candidatos, hacerles sugerencias, y ejercer los derechos a la libertad de expresión, en el amplio sentido político que ya estamos viviendo.
Dicho proceso tiene varios componentes. El primero, es obviamente, el relacionado con las estrategias de comunicación. Entran en juego, los publicistas, los periodistas, los comunicadores, los fotógrafos, los diseñadores, los maestros de ceremonia y, seguramente, los consejeros y asesores de imagen. En esencia, tienen que saber llegar a las personas, no a las masas. Tienen que llamar la atención, motivar, convencer y mantener el interés del ciudadano que es contactado.
Otro componente esencial, que se desprende del anterior, es el político, es decir, explicar las razones que justifican la participación en el proceso electoral. Tendrá que hablarse de ciudadano y todo el contenido de este concepto. De los derechos que tiene frente al gobernante, de los deberes que éste asume frente, no sólo ante quienes eligen, sino ante toda la comunidad, de los medios de control del gobernante por parte de otras autoridades y de la misma sociedad, de su deber de rendir cuentas, de su comunicación y contacto permanente con la sociedad. En fin, son muchos los aspectos para tener en cuenta.
Y así, podrían sumarse otros tópicos que guardan relación con el proceso informativo y electoral. Por tanto, esta oportunidad se constituye en una reflexión anticipada que nos corresponde a todos: profesionales del periodismo y de las comunicaciones, directores de medios de comunicación, ciudadanos y autoridades. Todos, debemos detenernos a pensar sobre nuestro vínculo con este acontecimiento que también tiene mucho que ver con la cultura política, porque, por naturaleza somos "animales políticos" en el buen sentido de la palabra. Por eso, vivimos en sociedad, con reglas de juego claras a las que nos atenemos en las actividades cotidianas y son el marco de referencia para la convivencia civilizada, pacífica, deliberante y libre, que nos permite suficiente ilustración, para después tomar las decisiones.
Por consiguiente, el llamamiento es para estar atentos a todo el acontecer que se avecina y a la información y demás mensajes que nos proporcionen los medios de comunicación, para participar en la deliberación pública, consultar a los candidatos, hacerles sugerencias, y ejercer los derechos a la libertad de expresión, en el amplio sentido político que ya estamos viviendo.
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