LA MUERTE DE UN PERIODISTA: DURO GOLPE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Esta semana que acaba de pasar fue de inmenso dolor para quienes defendemos el derecho fundamental a la información, porque el asesinato del joven periodista comunitario Luis Carlos Cervantes, en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, tuvo eco en toda Colombia y hasta sus efectos llegaron al exterior. Sobre todo, porque se trataba de un periodista amenazado hacía varios años, por su trabajo de denuncias de la corrupción en varias localidades vecinas.

 

En Medellín, hubo un plantón de sus colegas, al frente de la sede de la Unidad Nacional de Protección el día jueves 14 de agosto, para expresar el repudio de un crimen que no debe quedar impune, como, infortunadamente, ha ocurrido en otros casos de periodistas. Por fortuna, el cubrimiento periodístico fue bastante amplio, desde los medios locales, nacionales e internacionales.

 

Decimos que esta muerte y la de cualquier colega constituye un grave golpe al derecho a la información porque se está privando a la sociedad de un profesional que se ha comprometido con ella, mediante una especie de contrato tácito, a mantenerla informada del acontecer diario. Por eso, cuando, por desgracia se presentan estos hechos dolorosos, las demás personas estamos también en el derecho a reclamar justicia ante las autoridades competentes. Porque más allá del delito, el régimen político que nos rige, igualmente, es seriamente afectado porque en las democracias actuales, los periodistas y los medios de comunicación, ya no constituyen el famoso cuarto poder, sino que se ha convertido en el primero, llamado también como "el perro guardián" para estar atentos a todo suceso de trascendencia periodística y rápidamente ponerlo en común o conocimiento de la sociedad.

 

Al día siguiente del plantón, estuvo en Medellín, el doctor Alberto Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, quien se comprometió a enviar cada mes a una funcionaria para estar pendiente de las situaciones de los otros periodistas amenazados, sobre todo, los que trabajan en el bajo cauca, zona bastante compleja para su trabajo. Y, además, a hablar con la Fiscalía General de la Nación para que le dé prelación a la investigación de la muerte de Luis Carlos Cervantes.

 

Nos queda, a modo de reflexión, destacar el espíritu de unidad entre las agremiaciones regionales  de Antioquia, las cuales serán consultadas, en adelante, sobre cada caso que tenga relación con los riesgos que afrontan los periodistas en nuestro departamento. Asimismo, que la sociedad, a través de  sus diversas asociaciones, también se unan en un solo propósito: pedir justicia y garantías para el ejercicio profesional del periodismo.