¿QUÉ ESPERAMOS DE LA FUTURAR LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
En esta oportunidad, nos interrogamos, si en realidad, será eficaz, o no lo será, la ley estatutaria que regulará la transparencia y el acceso a la información pública, como derecho fundamental, que es éste.
En principio, la noticia positiva consiste en que antes del pasado martes 20 de junio, cuando terminaban las sesiones ordinarias, el Congreso, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, aprobaron el proyecto de ley, el cual, ahora pasará a la revisión de constitucionalidad, de la Corte Constitucional y luego a la sanción presidencial.
Se trata de una noticia de mucha trascendencia para todo el país. Es un avance significativo, en materia tan importante, para consolidar un sistema democrático, una de cuyas principales características, es precisamente, la de ser garantista, que todos los miembros de la sociedad, tengan acceso a la información que contiene la constancia de los actos, las decisiones y las propuestas de las autoridades, en todos los niveles.
Nosotros somos optimistas, a pesar de las observaciones que, en forma oportuna, formuló el destacado periodista Daniel Samper, en varias de sus columnas, llamadas “Cambalache”, publicadas en distintos domingos, en el periódico El Tiempo. En esencia, expresó Samper que tenía algunas reservas sobre el posible exceso de poder que se depositaba en funcionarios de la procuraduría general de la nación, en el sentido de tener la potestad de decir, en ciertos casos, a qué tipos de documentos, no se tendría acceso.
Entendemos que algunas de sus críticas fueron, favorablemente acogidas, pues, en ellas, tenía suficiente razón. Y, nosotros, damos fe pública, de que el periodista Daniel Samper, cofundador de la Sección de Investigación del periódico El Tiempo, junto con Alberto Donadío, es una de los colegas que más conoce de las trabas que han existido en algunas autoridades que, desde tiempo atrás, han sido obstaculizadoras para la noble tarea del periodista investigador.
Ahora, confiamos que a las actuales normas jurídicas, algunas que existen desde 1913, como el código de régimen político y municipal, que fue la primera disposición que permitió el acceso a los documentos públicos, complementada con la Ley 57 de 1985, reformatoria del código contencioso administrativo, complementado con el nuevo código, que es la ley 1437 de 2011, que introdujo sustanciales reformas en los campos del derecho sustancial y del derecho procesal, se sume la futura ley estatutaria que regulará la transparencia, teniendo como punto de referencia, el acceso a la información pública, la cual ha de enriquecer nuestro panorama democrático-informativo, para seguir el camino de la vigilancia y el control social a todas las autoridades, y poco a poco, lograr que la publicidad y la transparencia, además, de derechos y valores que lo son, contribuyan al pleno ejercicio ciudadano, que cada día es más exigente y necesario en Colombia, en todas las instancias, para la pulcritud que deben observar nuestros gobernantes.
En esta oportunidad, nos interrogamos, si en realidad, será eficaz, o no lo será, la ley estatutaria que regulará la transparencia y el acceso a la información pública, como derecho fundamental, que es éste.
En principio, la noticia positiva consiste en que antes del pasado martes 20 de junio, cuando terminaban las sesiones ordinarias, el Congreso, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, aprobaron el proyecto de ley, el cual, ahora pasará a la revisión de constitucionalidad, de la Corte Constitucional y luego a la sanción presidencial.
Se trata de una noticia de mucha trascendencia para todo el país. Es un avance significativo, en materia tan importante, para consolidar un sistema democrático, una de cuyas principales características, es precisamente, la de ser garantista, que todos los miembros de la sociedad, tengan acceso a la información que contiene la constancia de los actos, las decisiones y las propuestas de las autoridades, en todos los niveles.
Nosotros somos optimistas, a pesar de las observaciones que, en forma oportuna, formuló el destacado periodista Daniel Samper, en varias de sus columnas, llamadas “Cambalache”, publicadas en distintos domingos, en el periódico El Tiempo. En esencia, expresó Samper que tenía algunas reservas sobre el posible exceso de poder que se depositaba en funcionarios de la procuraduría general de la nación, en el sentido de tener la potestad de decir, en ciertos casos, a qué tipos de documentos, no se tendría acceso.
Entendemos que algunas de sus críticas fueron, favorablemente acogidas, pues, en ellas, tenía suficiente razón. Y, nosotros, damos fe pública, de que el periodista Daniel Samper, cofundador de la Sección de Investigación del periódico El Tiempo, junto con Alberto Donadío, es una de los colegas que más conoce de las trabas que han existido en algunas autoridades que, desde tiempo atrás, han sido obstaculizadoras para la noble tarea del periodista investigador.
Ahora, confiamos que a las actuales normas jurídicas, algunas que existen desde 1913, como el código de régimen político y municipal, que fue la primera disposición que permitió el acceso a los documentos públicos, complementada con la Ley 57 de 1985, reformatoria del código contencioso administrativo, complementado con el nuevo código, que es la ley 1437 de 2011, que introdujo sustanciales reformas en los campos del derecho sustancial y del derecho procesal, se sume la futura ley estatutaria que regulará la transparencia, teniendo como punto de referencia, el acceso a la información pública, la cual ha de enriquecer nuestro panorama democrático-informativo, para seguir el camino de la vigilancia y el control social a todas las autoridades, y poco a poco, lograr que la publicidad y la transparencia, además, de derechos y valores que lo son, contribuyan al pleno ejercicio ciudadano, que cada día es más exigente y necesario en Colombia, en todas las instancias, para la pulcritud que deben observar nuestros gobernantes.
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