domingo, 16 de julio de 2017





SOBRE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

Se pregunta el comentarista de televisión, JUAN CARLOS GÓMEZ: “ANTV: ¿regulación para quién? Luego dice que “La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ya cumplió cinco años de navegar sin norte ni muchas herramientas para cumplir la función que debería ser su razón de ser: garantizar la existencia de la televisión colombiana”[1]. Se queja también porque solamente en mayo de este año, publicó un documento sobre modificaciones al régimen económico de las concesiones del servicio de televisión por suscripción, que beneficia a las empresas que lo prestan. Por eso, considera que “Es inexplicable que este sea el único proyecto regulatorio en curso, como si a la  ANTV no le importara el bienestar de los televidentes y la industria de la televisión en Colombia no tuviera verdaderos problemas. A la ANTV parece tenerla sin cuidado que se sigan desperdiciando decenas de millones de pesos en el montaje de la TDT, a pesar de que en la mayoría de los hogares no se tenga capacidad de ver televisión sin depender de las redes de cable. Hace dos años, esa entidad corrió a decidir a favor de los operadores de cable y hace poco hizo suyo un deplorable fallo del Tribunal Superior de Bogotá que –en contra del bien común y del ordenamiento jurídico  supranacional- decidió que la manera de ver la televisión abierta, radiodifundida, libre y gratuita es a través de redes de esos operadores de la televisión cerrada. En pocas palabras: pagar para acceder a lo que es gratis como el aire”.

Sobre esta afirmación que, en esencia es bastante grave, porque priva a la sociedad, que nosotros llamamos, en el proceso informativo, como al sujeto universal[2] del goce del derecho a la información, que en esta oportunidad se debería realizar mediante: “La intervención estatal en el espectro electromagnético (…)”[3], para la satisfacción de la clásica fórmula del acceso gratuito a la televisión, por ser ésta un servicio público de telecomunicaciones a cargo del Estado[4], que es prestado por medio de operadores públicos y privados -como sucede con la radiodifusión- que por muchos años en Colombia ha operado sin contratiempos ni dificultades, tanto técnicas como jurídicas.

Recordemos que el Estado, que tiene la titularidad del servicio de televisión, está en el deber de proponer y lograr una adecuada legislación, para que como servicio público cumpla los fines esenciales de formar, educar, informar veraz y objetivamente y de recrear de manera sana, y cumplir los propósitos sociales del Estado, que promueven el respeto de las garantías, los deberes y los derechos fundamentales y demás libertades, y el fortalecimiento y consolidación de la democracia y de la paz, que tanto anhelamos y necesitamos en estos momentos.

Por consiguiente, nuestra reflexión se centra en el deber profesional que tenemos de preguntar, investigar, confrontar y comunicar a la sociedad, a la cual le servimos,  acerca de situaciones que como la denuncia que comentamos, tienen grandes efectos en la comunidad, porque estamos ante un derecho fundamental relacionado con el acceso y el goce gratuito de un medio de comunicación que cumple un gran papel en la sociedad. Y sobre todo, a la misión indelegable y sustancial que le corresponde al Estado, en este caso, por la Autoridad Nacional de Televisión, cuya función esencial es ser la garante de la prestación del servicio público de la televisión.

Por tanto, reclamos que haya una adecuada regulación, vigilancia, y control permanente, para que el también clásico derecho al bien común, se cumpla a cabalidad y, finalmente, sea la sociedad, como expresión de soberanía informativa, la que esté debidamente satisfecha porque tiene, sin obstáculos de ninguna naturaleza, el acceso al servicio de la televisión.









[1] El Espectador. Bogotá, lunes 11 de julio de 2011, página 11.
[2] Para  mayor ilustración, consultar a Carvajal Martínez, Azael. Los periodistas y el derecho a la información en Colombia. Medellín, 2010, páginas 85-133.
[3] Artículo 76 de la Constitución Política de 1991.
[4] Artículo 365 de la Constitución Política de 1991: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

lunes, 19 de junio de 2017




LOS NOVENTA AÑOS DE CINE COLOMBIA

La empresa CINE COLOMBIA, que nosotros llamamos como el sujeto organizado del proceso informativo, está cumpliendo sus noventa años de existencia, que la podemos calificar de muy positiva, por muchas razones. 

Para empezar, es necesario recordar que el proceso informativo, que en su desarrollo satisface plenamente el derecho a la información, es un concepto que está compuesto por cinco elementos, que son: los sujetos, las facultades, los mensajes, los medios de comunicación y el Estado. En resumen, siempre insistimos en que el proceso informativo es la forma como vive, pero democráticamente, cada sociedad, sus relaciones entre sí, mediante el ejercicio de la palabra, que en otras palabras, es la realización consciente de la clásica libertad de expresión, que facilita que haya diversos canales, medios, instrumentos y garantías para que las diversas y las plurales formas de hablar, de escribir, de publicar y de controvertir, sean reales en cada comunidad.

En cuanto al sujeto organizado, que es el tema que nos convoca, para entender la tarea que ha cumplido CINE COLOMBIA, lo complementamos al decir que el sujeto del proceso informativo se compone del universal, del cualificado y del organizado. El universal, lo constituye cada persona. Es la sociedad, donde estamos todos. Y para relacionarnos con el otro, necesitamos emplear la palabra, es decir, nos comunicamos con el otro. Cada uno tiene que satisfacer el derecho a  la información y por eso requiere del sujeto cualificado, que se ha hecho competente para que sea el responsable de mantener informado a cada persona, porque cada una no lo puede hacer, porque tiene su propio trabajo al que se dedica para poder tener los medios de subsistencia. Hoy, para cumplir una misión tan grande, compleja y permanente de investigar el acontecer y luego contarlo, es esencial contar con el sujeto organizado que asuma esa tarea y para ello, se constituye en una empresa.

El sujeto organizado, como empresa, abarca los distintos medios de comunicación, como el escrito, el sonoro, que puede ser radial y audiovisual, y se amplía la clasificación y especificidad con el soporte de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

En el caso del cine, tenemos el sujeto organizado audiovisual: sonido e imagen, porque la esencia del mensaje que difunde lo constituyen las películas. Por eso, frente al cine, en general, es mucho lo que siempre habrá que decirse, desde distintos aspectos: histórico, sonido –paso del cine mudo al hablado-, imágenes, color y contenido, por solamente mencionar algunos.

CINE COLOMBIA se ha encargado de llevar las películas a los municipios de Colombia, sin que ni siquiera hoy se alcance una cobertura significativa, pero que constituía y sigue siendo casi la única diversión de todos los pueblos. Dentro de la programación que se tiene prevista para celebrar estos noventa años, destacamos “La Ruta 90”, de la cual, el periódico El Tiempo del domingo 9 de junio de 2017, página 10, sección debes saber, trae la siguiente información:

“Es por ello que para la celebración de los noventa años, entre las muchas ideas que se concibieron para festejar el aniversario se apostó por la de compensar en alguna medida este faltante.
Y aunque no parecía sencillo, por lo abrupto de nuestra geografía, se ideó  la Ruta 90. Una ruta por la cual rueda, un fin de semana de cada uno de los doce meses de este 2017, un bus adaptado con tecnología de punta, que lleva, además, sillas, pantalla, rollos de películas, entre otros elementos, para hacer jornadas de cine, de seis de la tarde y ocho de la noche, los viernes y sábados, en esas poblaciones que no tienen sala de Cine Colombia, algunas de ninguna otra exhibidora y otras, escasas para ser justos, a donde ni siquiera entre la señal de televisión. Jornadas que parten la historia de la población y de sus pobladores, sobre todo las de los jóvenes, niñas y niños, adultos mayores y la de los indígenas”.

Nos unimos a este trascendental acontecimiento, convencidos de que serán otras personas y entidades, las que se encargarán de destacar, como hemos dicho, en otros aspectos, los valiosos aportes de CINE COLOMBIA para la cultura de nuestro país.   

sábado, 10 de junio de 2017

LOS APORTES DE RADIO SUTATENZA SE RECUERDAN CON UNA EXPOSICIÓN

Si la historia de Colombia se analizara desde diversas perspectivas, entre ellas, desde la radio, la educación, el campesino, el desarrollo agropecuario, la convivencia rural y hasta urbana en los pequeños pueblos, y con la seguridad que dejamos por fuera otros aspectos esenciales de la vida colombiana, tendríamos que detenernos en el significado de un largo período que comprende más allá de la existencia de Radio Sutatenza, que operó entre 1947 y 1994. Precisamente, la exposición a la que nos referimos se llama, "Radio Sutatenza: Una revolución cultural en el campo colombiano (1947-1994)", que está a disposición del público desde el 25 de mayo hasta el 25 de julio en la biblioteca Luis Ángel Arango, en la ciudad de Bogotá.   

Desde la radio, es mucho lo que tendríamos que decir porque Radio Sutatenza es la pionera de la radio parroquial, de la radio municipal, de la radio comunitaria y de las primeras emisoras que nacieron en Colombia, con la diferencia en cuanto que ésta, se fundó por el sacerdote José Joaquín Salcedo, con dos fines esenciales: "difundir la doctrina cristiana entre campesinos y enseñar técnicas para mejorar el desarrollo de la comunidad", como consta en la noticia que trae el periódico El Espectador, el viernes 9 de junio de 2017, en la página 16. 

Desde la educación, porque se preocupó por alfabetizar y enseñar y con una muy adecuada metodología a las personas del campo para que aprendier a leer, a escribir y a hacer las operaciones matemáticas más elementales como sumar, restar y multiplicar.

Y desde el campesino, el desarrollo agropecuario y la convivencia rural y hasta urbana en los pequeños pueblos, requeriríamos mucho espacio para profundizar y extendernos porque fueron muchos años de un trabajo bien realizado, con efectos bastante positivos para la vida diaria de miles de personas dedicadas al campo, ya que mejoraban la forma de cultivar, de variar la alimentación, de reformar y adecuar las viviendas, de relacionarse con los vecinos, de compartir las enseñanzas y de estimular las conversaciones sobre las lecciones que les dejaba en su ser el trabajo paciente y pertinente de Radio Sutatenza.

El gran movimiento que impulsaba este trabajo estaba en manos de la organización ACPO: Acción Cultural Popular, la cual fabricaba y distribuía radios para facilitar la sintonía, publicaba material didáctico para que reforzara el aprendizaje y fundó a fines de 1958, el periódico semanario: El Campesino, que afianzó la importante y necesaria tarea educativa, que cada día crecía con más eficacia, sobre todo, en los lugares más apartados de Colombia.   

En síntesis, hasta el periodismo y el derecho a la información, fueron ejecuciones muy importantes llevadas a cargo desde Radio Sutatenza y su organización Acción Cultural Popular, sobre cuya tarea estamos en mora de una gran investigación para llenar el inmenso vacío que tenemos en la historia de Colombia. 



lunes, 29 de mayo de 2017



PRIMERA CONDENA POR AMENAZAS DESDE INTERNET

Una noticia, que como todas las demás, tiene que ver con la violación de derechos y la causación de perjuicios, acabamos de conocer, pero en esta oportunidad es la primera en su naturaleza y tiene que ver con una nueva modalidad para la consumación del delito, que consiste en el uso del recurso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en concreto, del abuso de la red internet. La persona condenada es el señor Diego Alexander Céspedes Moreno, quien deberá purgar una pena de privación de la libertad de cuatro años y dos meses. 
 
Los hechos se remontan al 04 de febrero de 2014, cuando Jaime Caicedo Turriago, líder político y defensor de Derechos Humanos, según dijo en sus declaraciones, en los correos que recibía, se agregaba un planfleto que reiteraba los mensajes intimidatorios, y estaba firmado por los "Rastrojos Comandos Urbanos", y parte del contenido decía que había una oferta, como recompensa de 50 millones de pesos, para el miembro de dicha organización que atentara contra la vida de alguno de los dieciocho líderes políticos y defensores de derechos humanos del Movimiento Político Marcha Patriótica y del Partido Político Unión Patriótica.  Entre los amenazados están personas muy reconocidas por su actividad política, entre quienes se citan a Aída Avella Avella Esquivel, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Rigoberto de Jesús Jiménez y Jaime Caicedo Turriago

Después de conocida la denuncia por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, su personal adelantó una pronta y efectiva actuación, quienes, después de varias acciones, establecieron que era el señor Diego Alexander Céspedes Moreno, el responsable de las intimidaciones contra los 18 líderes políticos y defensores de Derechos Humanos. Es importante destacar que el profesionalismo del personal encargado de esta investigación, les permitió saber que los mensajes intimidatorios fueron enviados desde un café internet, ubicado el sector de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá.

Este delito de amenaza, realizado en esta ocasión, mediante el uso de las TICS, que muchos delincuentes aún siguen creyendo que es fácil ocultarse por hacerlos desde sitios distintos al lugar habitual donde viven, hoy, por fortuna, y gracias a la capacitación y a los equipos tecnológicos, las autoridades competentes podrán descubrirlos.  

 La trascendencia de esta noticia está en ser la primera condena que se registra en esta modalidad, y por el delito de amenazas, cuyo autor creyó que por emplear la red, era fácil evadir la acción de las autoridades. Al contrario, este acontecimiento debe llevar a una reflexión seria y cuidadosa, pues, es necesario que cada vez seamos más conscientes de que las nuevas herramientas para las comunicaciones han de utilizarse con un gran sentido de responsabilidad, porque de lo contrario, estaríamos ante el abuso de estos medios tecnológicos que nos permiten estar en contacto en forma rápida y eficaz con muchas personas y en todo el planeta.





lunes, 22 de mayo de 2017

¿CENSURA EN COLOMBIA POR DECISIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA ONU Y DEL COMITÉ DE VÍCTIMAS DE BOJAYÁ?

Nos resistimos a creer que funcionarios de la Organización de Naciones Unidas,  Institución que tiene cuatro grandes propósitos universales: "mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las naciones; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y el estímulo del respeto hacia los derechos humanos; y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar tan nobles propósitos", hubieran impedido el trabajo investigativo que pretendía realizar la periodista Patricia Nieto, en compañía de la colega fotógrafa, Natalia Botero, relacionado con la reconstrucción del proceso judicial y sus repercusiones sociales y políticas de la masacre ocurrida en mayo de 2002, cuando murieron más de cien personas en el tempo de Bojayá, un caserío olvidado del departamento del Chocó.

Para este corto comentario, nos apoyamos en la columna que publicó el periodista Juan José Hoyos en el diario El Colombiano, el domingo 21 de mayo de 2017, página 32. En esencia, afirmamos que si la ONU tiene entre algunas de sus misiones, "el estímulo del respeto hacia los derechos humanos", obviamente, entre ellos, el primero que ha de ser el de la vida, no entendemos las razones para que algunos de sus funcionarios obstaculizaron una tarea tan importante y trascendental, que tiene que ver con la defensa de la vida, ya que las personas que murieron en el lugar antes citado, merecen que tanto las autoridades, como la sociedad entera, cuenten la historia de esta dolorosa situación, que ojalá, ahora, cuando avanzamos hacia un difícil proceso de paz, que la llaman "paz duradera y establece", dichos acontecimientos jamás se vuelvan a repetir. Pero la reclamación incluye a los líderes del Comité por los Derechos de la Víctimas de Bojayá, que impedieron entrevistar a pobladores, tomar fotografías y "hasta  usar la libreta de notas durante la cdelebración de una misas en memoria de las víctimas". Lo mismo que "Un funcioanrio de la ONU también les ordenó ´apagar sus equipos´e impidió a un grupo de camarógrafos grabar una escena para un documental sobre la vida del sacerdote Antún Ramos Cuesta -quien sobrevivió a la masacre y lideró el traslado de los heridos en el año 2002-"

En síntesis, tanto el empleado de la ONU como el Comité por los Derechos de la Víctimas, sobre todo este último, que justificó su proceder con "un protocolo para el manejo de las comunicaciones", deberían entender que en Colombia, no solo por mandato de la Constitución Política sino por disposición de varias leyes, se tiene acceso libre a los lugares donde haya acontecimientos que originen noticias. Y son las mismas autoridades, las encargadas de hacer realidad lo que dicen las leyes. Por eso, nos sentimos sumamente extrañados, no contra la ONU, sino contra quienes en su nombre trabajan y en su nombre han cometido este atropello contra el derecho a la información que tenemos todos los colombianos de enterarnos del acontecer de todo el territorio nacional, incluso de lo más importante que ocurra en el mundo. 

Por tanto, pedimos que tanto el Comité como la ONU, revisen su conducta y que también las autoridades competentes de Bojayá, tomen con el debido cuidado lo sucedido porque, con certeza, habrá más acontecimientos similares, y no es admisible que se repitan los comportamientos antes narrados, sino que suceda lo que es apenas natural, es decir, que haya suficientes garantías para todos los periodistas y los ciudadanos que quieren saber el porqué de cada hecho que tiene como referencia, recordar a las víctimas, con el llamado doloroso de que la vida sea siempre el primer derecho que todos respetemos por más diferencias de distinto orden que tengamos con el otro, si queremos que Colombia, poco a poco se encamine por la senda de la convivencia pacífica con la diferencia pero sin violencia.