lunes, 22 de mayo de 2017

¿CENSURA EN COLOMBIA POR DECISIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA ONU Y DEL COMITÉ DE VÍCTIMAS DE BOJAYÁ?

Nos resistimos a creer que funcionarios de la Organización de Naciones Unidas,  Institución que tiene cuatro grandes propósitos universales: "mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las naciones; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y el estímulo del respeto hacia los derechos humanos; y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar tan nobles propósitos", hubieran impedido el trabajo investigativo que pretendía realizar la periodista Patricia Nieto, en compañía de la colega fotógrafa, Natalia Botero, relacionado con la reconstrucción del proceso judicial y sus repercusiones sociales y políticas de la masacre ocurrida en mayo de 2002, cuando murieron más de cien personas en el tempo de Bojayá, un caserío olvidado del departamento del Chocó.

Para este corto comentario, nos apoyamos en la columna que publicó el periodista Juan José Hoyos en el diario El Colombiano, el domingo 21 de mayo de 2017, página 32. En esencia, afirmamos que si la ONU tiene entre algunas de sus misiones, "el estímulo del respeto hacia los derechos humanos", obviamente, entre ellos, el primero que ha de ser el de la vida, no entendemos las razones para que algunos de sus funcionarios obstaculizaron una tarea tan importante y trascendental, que tiene que ver con la defensa de la vida, ya que las personas que murieron en el lugar antes citado, merecen que tanto las autoridades, como la sociedad entera, cuenten la historia de esta dolorosa situación, que ojalá, ahora, cuando avanzamos hacia un difícil proceso de paz, que la llaman "paz duradera y establece", dichos acontecimientos jamás se vuelvan a repetir. Pero la reclamación incluye a los líderes del Comité por los Derechos de la Víctimas de Bojayá, que impedieron entrevistar a pobladores, tomar fotografías y "hasta  usar la libreta de notas durante la cdelebración de una misas en memoria de las víctimas". Lo mismo que "Un funcioanrio de la ONU también les ordenó ´apagar sus equipos´e impidió a un grupo de camarógrafos grabar una escena para un documental sobre la vida del sacerdote Antún Ramos Cuesta -quien sobrevivió a la masacre y lideró el traslado de los heridos en el año 2002-"

En síntesis, tanto el empleado de la ONU como el Comité por los Derechos de la Víctimas, sobre todo este último, que justificó su proceder con "un protocolo para el manejo de las comunicaciones", deberían entender que en Colombia, no solo por mandato de la Constitución Política sino por disposición de varias leyes, se tiene acceso libre a los lugares donde haya acontecimientos que originen noticias. Y son las mismas autoridades, las encargadas de hacer realidad lo que dicen las leyes. Por eso, nos sentimos sumamente extrañados, no contra la ONU, sino contra quienes en su nombre trabajan y en su nombre han cometido este atropello contra el derecho a la información que tenemos todos los colombianos de enterarnos del acontecer de todo el territorio nacional, incluso de lo más importante que ocurra en el mundo. 

Por tanto, pedimos que tanto el Comité como la ONU, revisen su conducta y que también las autoridades competentes de Bojayá, tomen con el debido cuidado lo sucedido porque, con certeza, habrá más acontecimientos similares, y no es admisible que se repitan los comportamientos antes narrados, sino que suceda lo que es apenas natural, es decir, que haya suficientes garantías para todos los periodistas y los ciudadanos que quieren saber el porqué de cada hecho que tiene como referencia, recordar a las víctimas, con el llamado doloroso de que la vida sea siempre el primer derecho que todos respetemos por más diferencias de distinto orden que tengamos con el otro, si queremos que Colombia, poco a poco se encamine por la senda de la convivencia pacífica con la diferencia pero sin violencia.




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