Empecemos por quejarnos ante la grave indiferencia de la inmensa mayoría de medios de comunicación de Colombia. ¿Cómo es posible que no haya un seguimiento constante a la rama legislativa, para informar acerca de los proyectos de ley o de reforma constitucional que están en trámite para conocer su futuro impacto en la vida real? Es una verdad dura, pero en esta materia, los medios de comunicación están incumpliendo la misión esencial de mantener informada a la sociedad del acontecer que es de su interés y, que además, la puede afectar en asuntos tan delicados como en este caso, que se refiere al disfrute de lo que debería ser una excelente televisión pública, en todo el amplio sentido de la palabra.
La revista Semana, en su edición Nº 1458, nos trae esta titular, de por sí, estremecedor: “Jaque a la TV pública”. Y en el subtítulo agrega: “Un proyecto de ley al que sólo le falta un debate en el Congreso más parece una piñata que les reparte su tajada a todos los interesados en esta industria. La gran damnificada es la televisión pública”.
¿Cómo es posible que un hecho, de esta naturaleza, no haya llamado la atención a los medios de comunicación para que lo investiguen, lo difundan y propicien un gran debate nacional?
Para un poco ilustración, citamos este texto: “La semana pasada se armó un alboroto por un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso. El escándalo –revelado por La W- tiene dos componentes: que se intenta extender a cuatro años el mandato a los comisionados de televisión y que al proyecto sólo le falta un debate para ser ley.
El ministro del ramo, Daniel Medina, admitió que apoya el proyecto y dudó mucho para decir que no secundaba la idea de prorrogar el periodo de los comisionados. Sólo unas horas después emitió un comunicado para fijar la posición del gobierno contra este punto. Pero el lío del alargue es apenas un ventarrón comparado con el tsunami que contiene la ley: el proyecto es una piñata que le da su tajada a cada uno de los sectores interesados, en detrimento del interés público”.
Parte de los artículos, cuyo proyecto entero, amerita una revisión detallada, les rebaja la tarifa a los cableoperadores del 10 al 7 por ciento de sus ingresos.
Prohíbe otorgar un tercer canal si sólo existe un proponente. Otro beneficio es para canales como Cablenoticias o TNT, que obliga a los operadores a ubicarlos en los primeros lugar de la parrilla sin que tengan que pagar. Los canales comunitarios no tendrán que pagar por usar postes e infraestructura de las empresas de servicios públicos. Se crea una plaza de comisionado. Las funciones claves de la Comisión Nacional de Televisión pasan al Ejecutivo. Y siguen otros “gabelas”.
En el fondo de esta iniciativa está la gran afectada, que es la televisión pública, que debería ser la prioritaria en todos los aspectos, empezando por su independencia, y en asuntos económicos y administrativos, pero sobre todo, en su capacidad de tener una programación que de verdad, satisfaga las expectativas del público que, como destinatario, no cuenta ni contará con una televisión con un contenido de alta calidad, en lo concerniente con la selección y el tratamiento al material que difunde, que debería ser el que tiene incidencia en la vida cotidiana de la gente: los hechos que pasan desapercibidos porque para los demás medios de comunicación, no tienen sintonía, si no se refieren al orden público.
Pero a la vez, es el momento propicio para generar un gran debate que permita examinar si, realmente, los medios de comunicación están cumpliendo sus funciones esenciales, o las ignoran, o sólo responden al acontecer que les sea, para la defensa de sus propios intereses. Seguramente, son muchos otros los interrogantes que tenemos que responder, desde lo legal, lo social y lo ético.
Empecemos las deliberaciones, ¡ya! Y desde este blog, las estimularemos.
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