¿ANUNCIOS DE CENSURA DEL GOBIERNO?

Con gran preocupación estamos ante la noticia de que el gobierno pretende anticipar una nueva la licitación del Canal Uno, a pesar de que tenemos otra vigente hasta el año 2037. El preámbulo ocurrió hace unos cuantos días, cuando el gobierno inició algunas investigaciones contra la entidad Plural Comunicaciones, que es la titular de la concesión, con el propósito de decretar la caducidad del contrato.

Los medios de comunicación que han habado con el señor Ramiro Andrade, presidente del Canal, dicen que se trata de un intento de expropiación, actuación que constituye, sin la menor duda, una enorme amenaza contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, en momentos tan cruciales que vivimos en Colombia, que es cuando más se requiere del ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, la libre deliberación frente a un gobierno que está a un año de terminar su gestión, con resultados que son bastantes cuestionados por diversos sectores de la sociedad colombiana.  

Se sabe que el presidente impartió instrucciones muy precisas al ministro de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, con el fin de iniciar la licitación del Canal Uno. Precisamente, el periódico El Tiempo del lunes 18 de agosto de 2025, en la página 1.3, afirma: “Aunque el presidente no ofreció una justificación jurídica clara, le dijo a su ministro TIC durante un consejo el pasado viernes 15 de agosto que su objetivo es impulsar un ´nueva forma de manejar la televisión´, que, a su juicio, debe estar en manos de las ´juventudes, de la gente del arte y la cultura´ y no del Gobierno ni de ´potentados económicos´, para sentenciar al final que en dicho contrato ´hay irregularidades´”.

 Se trata de una situación que, desde ahora, son graves amenazas en distintos campos, que podrían generar grandes consecuencias jurídicas, económicas y sociales, no solo para la Nación, que tendría que responder económicamente por las arbitrariedades e ilegalidades que se pueden cometer, sino también, porque serían irreparables los perjuicios y las consecuencias que se ocasionarían a los medios de comunicación audiovisuales y a los grupos de profesionales que, en forma organizada, participan con programas para enriquecer los contenidos de la televisión pública.

Como apenas estamos empezando este debate, y algunos miembros de agremiaciones representativos, ya empiezan a advertir de las intenciones perversas que encierra este proyecto de nueva licitación, es nuestro deber profesional, hacer una amplia convocatoria nacional e internacional para oponernos a  las pretensiones, que rechazamos ya, especialmente, impedir que tengamos una nueva época de censura, porque somos defensores incondicionales de la libertad de expresión, y siempre en contra de toda forma de censura.