CONFIAMOS EN LA PERMANENCIA DE LA RELATORÍA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante toda la semana pasada, estuvimos muy preocupados por la sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en cuya reunión que se realizó el viernes 22 del presente mes de marzo, se tenía previsto la discusión y la posible aprobación de una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, que incluía la exclusión de mecanismos de financiación diferentes a los países miembros, lo cual iba a afectar la trascendental misión que tiene la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que preside la colombia Catalina Botero.  

Por fortuna, aunque para algunos fue una decisión "agridulce", la resolución, que al final se aprobó por consenso, deja claro que finaliza el proceso de la mencionada reforma, pero aún queda abierto el campo para su debate y examen, promovido por los países del ALBA, los cuales son los autores de las propuestas de reformas.

Nuestro presidente, según publica el periódico El Tiempo del domingo 24 de marzo de 2013, página 9, "(...) ratificó ayer su rechazo a que se debilite la libertad de expresión en el marco de eventuales reformas al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA". Y agregó este medio de comunicación sobre las declaraciones del primer mandatario que: "La posición de Colombia sobre la CIDH es muy clara: bienvenidas las reformas que la fortalezcan. No queremos debilitar la libertad de expresión", escribió en su cuenta de Twitter.

Para nosotros, que somos defensores de las libertades públicas y de los derechos humanos, jamás, así sigamos con nuestra utopía, dejaremos de alzar la voz cuando, sin importar el origen de la amenaza, pero ahora, con mayor razón, se pretenda limitar o poner obstáculos al trabajo de quienes tienen la honrosa tarea de velar porque en todo el mundo se respete el derecho fundamental a la libertad de expresión. Por eso, podrán sobrar los argumentos para mantener esta postura, pero ella, será inmodificable porque es la única manera de lograr que los mensajes relativos a informar sobre los actos y decisiones de todo poder, lleguen a la sociedad.

Por consiguiente, los gobernantes, que pretendan adelantar grandes reformas sociales, económicas, políticas y, en general, encaminadas a mayor justicia, que se reclama con insistencia en muchos países, entre ellos, el nuestro, no deben temer en anunciarlas y luchar con los instrumentos legales y democráticos para sacarlas adelante, con la certenza de que cuando proceden en forma honesta y sincera, pero sin abusar el poder que tienen, los medios de comunicación sabrán valorar tan importante trabajo, darlo a conocer a la sociedad y estar en permanente actitud vigilante para que esos esfuerzos se consoliden. De lo contrario, no quedará más camino de denunciar los abusos, los atropellos, las violaciones a los derechos y demás vejámenes que se comentan, así tengan como justificación, un noble propósito, porque en estos casos, como se dice, con la expresión clásica y repetitiva: "el fin no justifica los medios".