martes, 30 de octubre de 2012


LA SALUD DE LOS GOBERNANTES Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN


La revista Semana, en la edición No. 1588, que comprende del 8 al 15 de octubre de 2012, dedicó la carátula a la foto del presidente, asomado por una ventaja de la clínica donde fue operado y complementa con este titular: “SALUD DE ESTADO. Con el presidente, el vicepresidente y el alcalde de Bogotá enfermos, queda claro que la salud de los gobernantes no puede ser considerado como un problema privado y debe ser reglamentado”. Hasta allí la cita.

A los datos anteriores, debemos agregar el caso reciente del periodista, Campo Elias Terán, alcalde de Cartagena, que ha dado lugar a muchos comentarios negativos, entre ellos, uno reciente del también veterano periodista Juan Gosaín, quien afirmó que de aquella administración se conocen quejas muy delicadas, cuyas consecuencias afectan a una ciudad que venía creciendo y posicionando como una ciudad de importantes certámenes nacionales e internacionales

Frente a esa situación, este es el interrogante que nos proponemos resolver: ¿tiene el pueblo colombiano, derecho a ser informado, en forma veraz, imparcial y oportuna de este asunto que tiene mucha trascendencia?

Recordemos que todos nosotros, somos titulares de los derechos fundamentales, entre ellos, la intimidad, la privacidad, el buen nombre, el habeas data, las comunicaciones personales y la propia imagen. Sin embargo, cuando una persona, en forma voluntaria, asume una representación pública, sabe que tiene que ser muy cuidadosa en su comportamiento personal. En otras palabras, está expuesta a que los demás, fijen sus miradas cuando se lo encuentran en cualquier lugar. Por eso, la separación entre lo personal y lo público, en muchos casos desaparece. Tenemos como ejemplo, el caso de la salud de los gobernantes.

Ellos, que tienen muchas funciones, todas relacionadas con el público, y en la ejecución de las mismas, constantemente, se encuentran con los demás en lugares también públicos, como la calle o en ceremonias con la presencia del público. En tales circunstancias, todos tenemos el derecho a saber qué hacen los gobernantes todos los días, cómo lo hacen y la dedicación a todos los deberes legales.

Es decir, la visibilidad les permite a las personas enterarse de las habilidades del gobernante, verlo siempre y apreciar su trabajo. Por ello, si una autoridad no está en condiciones físicas, ni psíquicas para laborar, todo el mundo sabrá que está inhabilitado o está incapacitado, porque, por ejemplo, en un acto público, no habla. En su oficina, no recibe audiencias. No viaja a otros municipios. Pero, además, es verdad, que, en general, los actos de los gobernantes, casi siempre, generan noticias. Entre ellos, obviamente, la salud.

Lo anterior significa que cuando un gobernante no está en condiciones de trabajar, todos tenemos el derecho a saber qué le sucede. Y éste, a la vez, tiene el deber de contarnos, en forma sincera, cómo se encuentra. Esto significa que, derechos como a la intimidad y a la vida privada, son sumamente limitados para la autoridad. Y en una democracia informativa, que es un régimen de comunicación pública constante, tenemos que mantener un contacto siempre con las autoridades y ellas con nosotros.

Por consiguiente, celebramos la actitud del presidente Juan Manuel Santos Calderón, de mantener al pueblo informado de su estado de salud y hasta de permitirle conocer su historia clínica, que puede ser ya exagerado, pero que por fortuna no es un estado grave y que pronto estará totalmente recuperado. Actitud que deberían seguir los demás gobernantes de Colombia, lo que sin embargo, no siempre sucede, con el agravante de que la verdad es tergiversada y conocida en forma fraccionada, con las graves consecuencias para el pueblo que reclama sinceridad, honestidad, gobernabilidad y, sobre todo, buena comunicación con la comunidad, aunque seamos muy redundantes.



domingo, 21 de octubre de 2012


... Y AÚN NO LLEGA, Y TAL VEZ, NUNCA SE CONOCERÁ LA RESPUESTA A NUESTRA JUSTA RECLAMACIÓN

Durante dos semanas, hemos estado esperado, con suma paciencia, la respuesta del ingeniero ORLANDO CONTRERAS, Director del Proceso de Selección del Representante de la Sociedad Civil a la Junta Nacional de la Autoridad Nacional de Televisión, a nuestra justa reclamación, pero aún no llega y tal vez, jamás se conocerá.

Consideramos que su silencio es una clara actitud de darnos la razón a la justa reclamación, porque "quien calla, otorga". Pero lo más grave consiste en que frente a los argumentos que le expusimos en la carta, como mínimo y en un acto de cortesía, ha debido contestar. No hacerlo, además de darnos la razón, es un  comportamiento que se constituye en un procedimiento arbitrario, que riñe con las más elementales normas de la comunicación.

Por lo anterior, no renunciaremos al sagrado derecho de protestar, cuando consideremos que tenemos los argumentos para hacerlo, aunque, como en este caso, un profesional de la Universidad Industrial de Santander, se mantenga sin escribir o pronunciar una sola palabra.

En nuestro sistema democrático-informativo, la conducta que comentamos, merece el rechazo general de quienes seguimos creyendo en la utopía del derecho. Y, sobre todo, del derecho a recibir respuesta a nuestra carta de protesta, que fue escrito con elegancia, respeto y argumentos.