lunes, 7 de mayo de 2012

GRAVES OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN




Como es nuestro deber, a pesar de haber tenido al principio , un gran noticia, con el anuncio del trámite que avanza del proyecto de ley estatutaria que regulará la transparencia, ligada al derecho fundamental sobre acceso a la información, hoy tenemos que lamentarnos por las graves observaciones a la que inicialmente, parecía una buena iniciativa.

Precisamente, el periodista Daniel Samper Pizano nos ha aportado dos valiosas críticas. La primera, se refiere a una potestad exorbitante que se pretendía establecer sobre una oficina delegada de la Procuraduría, la cual, tomaría la decisión para determinar a qué papeles del Estado tendría acceso o no el ciudadano. Pero, al final, el Senado excluyó semejante acto de arbitrariedad, gracias a su columna “Cambalache”, que se publica, cada domingo, en el periódico El Tiempo.

Sin embargo, ahora, dice Samper Pizano, tenemos otra mala noticia, que se orienta a la censura de documentos públicos. Porque dice, se consagra el nefasto principio del “daño prevalente”, lo que significa que el acceso constitucional a la información, como lo ordena el artículo 74 de la Carta Magna, quedará en suspenso, o mejor, no se podrá hacer eficaz, por decisión del empleado público de turno, que así lo considere, con el simple argumento de que los datos solicitados causarían un perjuicio al interés público. De esa manera, no entrega la documentación requerida, sin que podamos hacer nada.

La segunda preocupación consiste en que será el Procurador y su delegado, a quienes el proyecto de ley los autoriza como sus intérpretes, para negar el derecho de acceso, con el argumento de la prevalencia del daño que se causaría.

Nosotros, desde el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, compartimos, en forma solidaria, estas fundadas preocupaciones, porque tal proyecto de ley, en vez de ser un avance jurídico, es un retroceso a un derecho fundamental, que, sin haberse conocido como tal, desde el código de régimen político y municipal de 1913, teníamos en Colombia, el derecho de acceso a los documentos del Estado, en todos los niveles.

También dicho proyecto de ley va en contravía de nuestra jurisprudencia, pues, ha sido la Corte Constitucional, el órgano que más ha contribuido con sus fallos, a consolidar los derechos fundamentales, especialmente, los relativos con el derecho de petición de información, con el derecho de acceso a los documentos públicos, con el derecho a conocer y a investigar el trabajo de las autoridades, con el derecho a denunciar los abusos y la corrupción de ciertos empleados.

Estamos, pues, ante noticias negativas, a las cuales estamos en el deber de presentarle la máxima atención y evitar que al final, tengamos leyes que sean contrarias a los mandatos constitucionales.

Precisamente, el pasado miércoles 3 de mayo, celebramos, una vez más, el día mundial de la libertad de expresión. Ojalá el próximo, tengamos una fiesta muy positiva y trascendental y con noticias más positivas que las que vivimos en el 2012.

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