martes, 22 de mayo de 2012


INSISTENCIA PARA RESPETAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Aunque parezca un actitud de repetición innecesaria, no nos cansaremos de alzar la voz contra todo acto irraccional, instransigente y violento que atente contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, sin importar quién es la persona o quiénes son los que lo estén promoviendo, porque no podemos admitir actitudes que siempre hemos rechazado.

Porque quien se atreve a manifestar su punto de vista, su concepción, su crítica, su manera particular de entender y de juzgar los hechos y las ideas, o cualquiera que sea la postura que asuma y exprese frente a las decisiones de las autoridades o ante los actos de los particulares que tengan resonancia pública, todos los demás, sin excepción alguna, estamos en el deber de respetar el ejercicio de tan esencial derecho en una sociedad democrática, como es el correspondiente a la libertad de expresión.

Tal respecto implica no ser violento ni física, ni verbalmente. Ni físicamente, porque la fuerza no puede sustituir el razonamiento, que tiene como base la argumentación. Ni tampoco puede ser violencia verbal porque ésta, es un atentado contra la dignidad de la persona contra quien la ejercemos y afecta el patrimonio moral del otro.

Por tanto, lo sucedido el martes 15 de mayo de 2012, contra el abogado Fernando Londoño Hoyos, cuya atentado violento le costó la vida a dos de sus escoltas, dejó heridas a varias personas y produjo daños en varios bienes materiales, será repudiado por quienes seguimos fieles a la utopía del respeto por el otro, sobre todo, porque el otro, sin importar quién sea, porque siempre será una persona digna del reconocimiento de su ser, de su dignidad, de sus derechos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, que es en una democracia, un derecho que tendrá prevalencia, después del derecho a la vida, sobre todos los demás.

Desde este modesto blog, que tiene como gran propósito, la defensa del derecho a la información, que puede considerarse como el desarrollo supremo del derecho a la libertad de expresión, porque nos integra a todos, como la forma de desarrollar el proceso informativo, que corresponde a la sociedad de la deliberación, a la sociedad del diálogo permanente, a la sociedad que jamás renuncia a sus derechos, dejamos constancia vehemente, tanto del acto bárbaro del martes 15 de mayo de 2012, como de cualquier acto, muchas veces, ejecutado por miembros de la autoridad, que abusan de su poder y violan los derechos del otro, que es nuestro vecino, nuestro interlocutor, nuestro contradictor, y que por consiguiente, es una persona que participa activamente de la sociedad de las libertades públicas, como insistemos, es la nuestra, y por cuyos postulados siempre lucharemos con la única arma que tenemos, que es la pluma, porque aunque en principio puede ser afectada, al final, ella triunfará sobre la espada.








lunes, 7 de mayo de 2012

GRAVES OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN




Como es nuestro deber, a pesar de haber tenido al principio , un gran noticia, con el anuncio del trámite que avanza del proyecto de ley estatutaria que regulará la transparencia, ligada al derecho fundamental sobre acceso a la información, hoy tenemos que lamentarnos por las graves observaciones a la que inicialmente, parecía una buena iniciativa.

Precisamente, el periodista Daniel Samper Pizano nos ha aportado dos valiosas críticas. La primera, se refiere a una potestad exorbitante que se pretendía establecer sobre una oficina delegada de la Procuraduría, la cual, tomaría la decisión para determinar a qué papeles del Estado tendría acceso o no el ciudadano. Pero, al final, el Senado excluyó semejante acto de arbitrariedad, gracias a su columna “Cambalache”, que se publica, cada domingo, en el periódico El Tiempo.

Sin embargo, ahora, dice Samper Pizano, tenemos otra mala noticia, que se orienta a la censura de documentos públicos. Porque dice, se consagra el nefasto principio del “daño prevalente”, lo que significa que el acceso constitucional a la información, como lo ordena el artículo 74 de la Carta Magna, quedará en suspenso, o mejor, no se podrá hacer eficaz, por decisión del empleado público de turno, que así lo considere, con el simple argumento de que los datos solicitados causarían un perjuicio al interés público. De esa manera, no entrega la documentación requerida, sin que podamos hacer nada.

La segunda preocupación consiste en que será el Procurador y su delegado, a quienes el proyecto de ley los autoriza como sus intérpretes, para negar el derecho de acceso, con el argumento de la prevalencia del daño que se causaría.

Nosotros, desde el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, compartimos, en forma solidaria, estas fundadas preocupaciones, porque tal proyecto de ley, en vez de ser un avance jurídico, es un retroceso a un derecho fundamental, que, sin haberse conocido como tal, desde el código de régimen político y municipal de 1913, teníamos en Colombia, el derecho de acceso a los documentos del Estado, en todos los niveles.

También dicho proyecto de ley va en contravía de nuestra jurisprudencia, pues, ha sido la Corte Constitucional, el órgano que más ha contribuido con sus fallos, a consolidar los derechos fundamentales, especialmente, los relativos con el derecho de petición de información, con el derecho de acceso a los documentos públicos, con el derecho a conocer y a investigar el trabajo de las autoridades, con el derecho a denunciar los abusos y la corrupción de ciertos empleados.

Estamos, pues, ante noticias negativas, a las cuales estamos en el deber de presentarle la máxima atención y evitar que al final, tengamos leyes que sean contrarias a los mandatos constitucionales.

Precisamente, el pasado miércoles 3 de mayo, celebramos, una vez más, el día mundial de la libertad de expresión. Ojalá el próximo, tengamos una fiesta muy positiva y trascendental y con noticias más positivas que las que vivimos en el 2012.