La Procuraduría y la difusión de sus fallos

Van dos semanas, de noticias permanentes, provenientes de los fallos de la Procuraduría General de la Nación, que también se llama Ministerio Público. El lunes 27 de septiembre, se conoció la destitución de Piedad Córdoba, como senadora de la república y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, "por haber ´promocionado y colaborado´con las Farc", dice El Espectador, en la primera página del martes 28 de septiembre. Y el siguiente lunes, 4 de octubre, la lista de destituciones e inhabilitaciones es mayor. El grupo de sancionados son:Bernardo Moreno, destituido e inhabilitado por 18 años, quien fue secretario general de Palacio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; siguen otros funcionarios: Jorge Noguera Cotes, María del Pilar Hirtado y Andrés Peñate, ex directores del Das; otros empleados del Das; y Mario Aranguren ex director de la UIAF.

Sobre estos acontecimientos, que son noticia de primera plana en estos días, los distintos medios de comunicación han tenido plena libertad para redactar los titulares, para la ampliación de contenidos y para la consulta a expertos sobre sus puntos de vista. Igualmente, gozan de independencia, autonomía y libertad para opinar. En esencia, es la plena realización de las garantías proclamadas en nuestra Constitución Política, para que la clásica libertad de expresión, hoy ampliada a la concepción de derecho a la información, se lleve a cabo sin obstáculos de ninguna naturaleza.

El ambiente se ha hecho más controvertido, por el comunicado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual anuncia que asume la responsabilidad, tanto política como jurídica por la conducta de su secretario general, Bernardo Moreno Villegas.

Con toda seguridad, durante los próximos días, el debate aumentará considerablemente. Por tanto, los medios de comunicación, fieles a la función social que tienen, nos mantendrán enterados, hasta de los detalles menores sobre estas noticias.

Razón tienen, todos los que opinan acerca de las noticias que se producen en Colombia. Cada día, tenemos sorpresas y, especialmente, mucha riqueza sobre los hechos que se convierten en noticias permanentes.

Por todo lo anterior, nuestra reflexión se orienta hacia el tratamiento que se debe dar a esta amplia información. En concreto, debemos tener presente el nombre de los sancionados. Ellos, con toda seguridad, agotarán los recursos. Y, sin importar cuál sea la decisión sobre los mismos, la parte fundamental que nos corresponde a quienes hemos asumido la noble profesión de informar a la sociedad, es la de ser, excesivamente cuidadosos y respetuosos de los derechos de las personas procesadas. No podemos ser jueces paralelos, tampoco calificar sus conductas, no buscar sus familias para indagarles sobre los cambios en la vida por estos hechos, que de por sí, son dolorosos.

En resumen, todos: periodistas y medios de comunicación, asumir el comportamiento que, ética, jurídica, social, política y lingüísticamente, nos corresponde, para informar la verdad y respetar todos los derechos de los procesados y de sus familias.